El líder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, diputado electo por JxCat, ha pedido al Supremo que lo deje en libertad porque las protestas del ‘procés’ independendista que le han llevado a la cárcel fueron concentraciones pacíficas y los no fueron un delito de rebelión contra una comisión judicial, al igual que tampoco lo son las protestas por los “incontables” desahucios que se realizan.

“Han sido incontables en los últimos años las manifestaciones convocadas por diversas plataformas ciudadanas cuando éstas han tenido conocimiento de que comisiones judiciales procedían al lanzamiento de moradores de viviendas en procedimientos de desahucio”, destaca Sànchez en su escrito. Estos casos se han tramitado en los juzgados por los delitos de desobediencia y no por los de rebelión.

Sànchez resalta que puso "todo su empeño" para que las jornadas de protesta del 20 y 21 de septiembre fueran pacíficas y reivindicativas.

Estas protestas se organizaron ante la consejería de Economía mientras una comisión judicial practicaba un registro y se produjeron disturbios.

A este respecto, Sànchez explica que del mismo modo que no cabe sostener que la mera comisión puntual de excesos en el contexto de una manifestación o concentración de personas convierta a ésta en un alzamiento público o tumultuario, tales excesos tampoco pueden imputarse sin más a los organizadores de la concentración cuando ésta haya sido convocada con la pretensión de que fuera un acto pacífico.

Según el expresidente de ANC, su desmarque de la vía unilateral "no debe considerarse oportunista ni mendaz", sino que supone "la verbalización de su sentir histórico sobre la forma en la que debía y debe desarrollarse el anhelo independentista".

Jordi Sànchez alega además que, cuando abandonó la presidencia de la ANC perdió "aquella capacidad de movilización ciudadana" en que el juez basó su decisión de encarcelarlo y recuerda que, desde que se convocaron las elecciones, "no se ha producido absolutamente ninguna alteración de la paz pública", como lo demuestra que el Ministerio haya retirado a las fuerzas de seguridad desplegadas en Catalunya.

Forn asegura que no es un "criminal desatado"

Por su parte, el conseller catalán de Interior cesado Joaquim Forn ha pedido también al Tribunal Supremo que lo deje en libertad porque, pese a que los atestados policiales le han "satanizado" para darle un perfil de "criminal desatado", nunca puso a los Mossos d'Esquadra "al servicio del proyecto independentista del Govern".

Así lo sostiene Forn en un escrito, en el que insiste en que no repetirá de conseller de Interior, remarca que ante Llarena ya expresó ayer "sin ambigüedades, reservas o ambivalencias semánticas" que su "convicción y voluntad firme" se sitúan en "desplegar su actividad política en relación a los fines de consecución de un Estado propio para Cataluña con sujeción al marco y cauces normativos que de la Constitución de 1978 y el Estatut de 2006 contemplan".

Además, niega que los Mossos fueran pasivos el 1-O y el 20 de septiembre y se desvincula de los operativos policiales de esas dos jornadas, que se llevaron a cabo siguiendo criterios "estrictamente policiales", sin que exista "remotamente" ningún "principio de prueba" de que intentara "alterar la naturaleza" de la policía catalana como cuerpo judicial y su sujeción a la ley.

"Nunca, y de ningún modo, puso (Forn) los Mossos d'Esquadra al servicio del proyecto independentista del Govern del que formaba parte. Sin duda, una tal conducta habría sido extraordinariamente grave, pero el Conseller supo disociar su compromiso con los impulsos políticos del Govern y las específicas obligaciones como conseller de Interior", sostiene el escrito.