La Fiscalía General del Estado está estudiando las "posibles implicaciones penales" de la admisión a trámite hoy por la Mesa del Parlament catalán de las enmiendas de la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia de Catalunya.

En un comunicado, la Fiscalía afirma que la admisión de las enmiendas que abogan por ratificar la declaración de independencia del pasado 27 de octubre son conductas "cuya ilegalidad manifiesta no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan". Añade que "dada la extrema gravedad de tal iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional, se están estudiando las posibles implicaciones penales".

"La Fiscalía seguirá promoviendo cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que pudiera incurrirse", indica la nota del Ministerio Público.

La posición de la Fiscalía se une así a la del Gobierno, cuyos servicios jurídicos están también estudiando las responsabilidades en que pudieran incurrir los miembros de la Mesa del Parlament si finalmente mantienen la admisión a trámite de las enmiendas. Fuentes del Gobierno han informado de ese análisis de los servicios jurídicos por considerar que las enmiendas de la CUP tienen un carácter ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut.

El Ejecutivo ha hecho esta advertencia después de que la Mesa del Parlament, con el apoyo de JxCat y ERC y el voto en contra de Ciudadanos y el PSC, haya admitido a trámite las enmiendas presentadas por la CUP a las propuestas de resolución que se debatirán este jueves en el pleno de la cámara catalana. Entre esas enmiendas se encuentran las que abogan por ratificar la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.

Tras esa decisión, el PSC ha registrado una petición de reconsideración de la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP en las que se defiende la reafirmación de la declaración de independencia y ha solicitado encargar a los letrados un informe sobre su adecuación al ordenamiento jurídico y a las decisiones previas del Tribunal Constitucional. Si no existiera esa reconsideración, sería cuando el Gobierno podría actuar contra los miembros de la Mesa del Parlament en función del análisis de los servicios jurídicos del Estado.