El Consejo de Ministros ha acordado este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional varios apartados de una resolución aprobada por el Parlament de Catalunya el 25 de julio en los que se reprobaba al rey y se ratificaba el derecho de autodeterminación. La fórmula utilizada por el Gobierno para acudir al tribunal garante de la Constitución es la del incidente de ejecución de sentencia, por la que no se precisa un nueva resolución por parte del TC, sino que se pide que el tribunal advierta formalmente a la Mesa de la Cámara catalana de la necesidad de cumplir sentencias ya formuladas.

El Ejecutivo entiende que el texto aprobado por el Parlament incumple sentencias publicadas por el Constitucional y, por lo tanto, exige la declaración de nulidad de los apartados de esta resolución a los que se refiere el Ejecutivo y la "inmediata suspensión de los mismos".

Además, desde el Gobierno no solo han avanzado la formulación de los incidentes de ejecución de sentencia, sino que también han pedido al TC que se ordene la práctica de la notificación personal y se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, al resto de la Mesa y al secretario general de la Cámara de su obligación de dar cumplimiento a las sentencias, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá.

El ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, ha ido un paso más allá y ha advertido que si los miembros de la Mesa del Parlament no hacen caso de las sentencias del Tribunal Constitucional, esto puede tener "consecuencias jurídicas e, incluso, penales". Aunque Planas ha asegurado que la situación de no cumplimiento de las sentencias por parte de la Mesa de la Cámara, tras presentar el Gobierno los incidentes de ejecución, es todavía hipotética, ha asegurado que podrían incurrir en "desacato". "Habría que examinar el principio jurídico que podría aplicarse en ese caso, que posiblemente sería el desacato", ha afirmado.