La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela volverá a citar en próximos días al major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, la teniente del cuerpo, Teresa Laplana, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, investigados todos ellos por sedición por las jornadas del 20 y 21 de septiembre, cuando casi 50.000 personas rodearon la sede de la consellería de Economía mientras una comisión judicial practicaba un registro contra la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, al tiempo que se detenía a 14 personas.

El motivo de los nuevos interrogatorios reside en que la Fiscalía ha recibido esta mañana un nuevo atestado de la Guardia Civil, más extenso que el primero que se presentó en la causa, y que extiende la investigación por sedición a la jornada misma del 1-O.

En este “voluminoso” informe de más de 300 folios, según fuentes jurídicas, se recoge numerosos vídeos y pruebas gráficas respecto a los disturbios sucedidos. La Fiscalía ha anunciado que extenderá la investigación a otras personas y acusará por“otros” delitos más, que no ha concretado, según fuentes jurídicas.

Los fiscales, Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, han solicitado a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 la suspensión de las declaraciones, con el fin de que todas las partes pudieran estudiar este nuevo atestado. Sin embargo, la juez Carmen Lamela ha optado por continuar con los interrogatorios y ha dejado para más adelante el informe.

La juez prevé citar a los cuatro imputados en la semana del 16 de octubre, informa la cadena Ser.

Los investigados han dejado este viernes la Audiencia Nacional sin imposición de medidas cautelares, aunque el ministerio ha anunciado que en la próxima citación las pedirá. Es más, una nota oficial emitida con posterioridad asegura que "velará porque en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado”.

Vestido con uniforme y medallas, Trapero ha sido el único que ha contestado a todas las partes, para defender durante 40 minutos que su actuación fue “correcta y necesaria”teniendo en cuenta las dificultades de aquella jornada.

Trapero ha considerado relevante que la Guardia Civil no les avisó con suficiente antelación del registro que iba a efectuar para poder planificar el registro y se vio obligado a adaptar el dispositivo en función de las circunstancias.

Es más, ha asegurado que la primera noticia del registro que tuvieron los Mossos fue través de los medios de comunicación. Además, ha asegurado que ambos cuerpos tienen “percepciones diferentes” a la hora de abordar asuntos de orden público, según una nota difundida por dicho cuerpo policial. En cambio, en fuentes de la investigación califican su declaración de “manifestaciones exculpatorias no convincentes”.

El presidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha declarado sólo a preguntas de su abogado. Ha declarado que solicitaron una manifestación, que fue autorizada, y que ha tildado de “pacífica”y no tumultuaria, según fuentes jurídicas.

Por el contrario, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se ha acogido a su derecho a no declarar: "No reconocemos la autoridad de este tribunal para juzgarnos por el delito de sedición. En ninguna manifestación ha habido ningún acto violento, tampoco el 20 de septiembre".

Tanto las defensas de Sánchez como de Cuixart han recurrido la competencia de la Audiencia Nacional al considerar que el supuesto delito de sedición que se les acusa sería por afectar al orden público, pero no a la forma de Gobierno que es la que atrae el caso a este órgano central.

La única persona que finalmente no ha declarado ha sido la intendente de los Mossos Teresa Laplana, quien ha comparecido por videoconferencia para comunicar a la juez que estaba de baja y no estaba en condiciones de declarar.
La Fiscalía ha difundido también una nota en la que expresa que "velará porque en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado”.