El Tribunal Supremo no ha querido reconocer la figura de los observadores internacionales en el juicio del Procés independentista, pero esto no impedirá que esta tarea de control se lleve igualmente a cabo. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o la plataforma International Trial Watch - Catalán Referendum Case (ITW) habían solicitado contar con plazas reservadas en la sala donde a partir del martes se celebrará el juicio oral, petición que no ha aceptado el Supremo, con el argumento de que todas las sesiones serán retransmitidas en directo y, por lo tanto, "cualquier ciudadano que quiera convertirse en observador del desarrollo del juicio podrá hacerlo".

ITW, una plataforma creada por varias organizaciones para facilitar la presencia de observadores internacionales en el juicio, ya ha dejado claro que el día 12 estará a las puertas del Tribunal Supremo para hacer un "seguimiento in situ" del proceso que sea "lo más exhaustivo posible". Hablamos con Albert Caramés, uno de sus portavoces al tiempo que representante de Novact, una de las organizaciones impulsoras de la plataforma. Las otras son Irídia, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Col·lectiu Praga, el Institut de Drets Humans de Catalunya y el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la UB.

Caramés no comparte la doctrina del Supremo sobre la no necesidad de la presencia física de observadores en la sala del juicio: "Siempre hay muchos matices que quedan fuera del cuadro de las cámaras. Si no estamos nos perdemos lo que está fuera de los focos. Queremos ser testigos en vivo de lo que pase y entendemos que con el Supremo hay una diferencia de percepción sobre cómo se entiende una observación directa".

Más allá de la enorme expectación mediática que rodea el juicio —hay 600 periodistas acreditados en representación de 150 medios, 50 de los cuales internacionales— Caramés defiende la necesidad de la figura de los observadores para ratificar o no la "preocupación" que tienen sobre la posible vulneración de derechos fundamentales de los acusados. "Nosotros queremos poner el foco y hacer un análisis externo e internacional sobre el juicio, para comprobar si las pruebas y los hechos que se han llevado a la causa están vulnerando los derechos civiles y políticos más fundamentales, como la libertad de expresión y los derechos de manifestación y de reunión. Lo que queremos es comprobar si habrá un juicio justo en este sentido y consideramos que es importante centrarse en el debate sobre la posible vulneración de estos derechos".

Caramés no oculta que parten de una posición de "preocupación" generada por los autos previos —fundamentalmente elaborados por el juez instructor, Pablo Llarena— pero que están "a la espera" de lo que ocurra durante el juicio para corroborar esta percepción. En este sentido, añade que hay aspectos que «merecen un análisis», como "qué pruebas y qué testimonios" solicitadas por las defensas han sido denegadas y que "durante la celebración del juicio habrá que interpretar si tiene un significado".

Domparte que muy probablemente habrá "pulcritud y formalismo" durante la celebración del juicio oral, pero teniendo en cuenta que habrá más de 500 testimonios y se deben hacer todas las fases —cuestiones previas, declaraciones de los acusados, fase documental, fase pericial, ...— se pregunta cuál será el "ritmo" de un juicio que en principio se alargará durante tres meses. "No dudamos del buen trato formal, pero hay cuestiones de matices del planteamiento previo y del desarrollo del propio juicio que nos generan ciertas dudas y esto es una razón de más para querer estar presentes en la sala".

Implicación de grandes organizaciones internacionales

Entre las organizaciones internacionales que participarán del proceso de observación durante el juicio está la estadounidense American Bar Asociation, con sede en Chicago y más de 400.000 miembros; la Federación Internacional de los Derechos Humanos, con base en París y que agrupa a 184 organizaciones estatales de derechos humanos; o Euromed Rights, con centro en Dinamarca y que engloba a más de 80 organizaciones estatales de derechos humanos de más de 30 países. Front Line Defenders, Fair Trials —centrada en la observación de juicios—, la Asociación de Abogados y Abogadas Europeos Demócratas (AED) y la Asociación Europea de Abogados y Abogadas por la Democracia y los derechos humanos (ELDH) también tomarán parte, entre otras.

Para Caramés, los informes que elabore la plataforma —y las organizaciones internacionales— deben de servir para "digerir y analizar una serie de informaciones en un proceso que se presenta extremadamente complejo" y, por tanto, su tarea también "debería facilitar la creación de opinión". En este sentido, uno de los retos que tienen es comprobar qué eco y capacidad de incidencia tiene su tarea. ITW elaborará informes periódicos y se pondrá a disposición de los medios de comunicación. En principio, los trabajos concluirán con un último informe de valoración de la sentencia —que no se espera hasta septiembre o octubre—.

El representante de Novact considera que estos documentos deben de ser una herramienta "que pueda facilitar cualquier recorrido posterior al juicio", como el hipotético traslado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en caso de que las defensas consideren que ha habido vulneraciones sobre sus derechos fundamentales. De momento, su primera cita será el próximo martes, a las puertas del Supremo, para intentar garantizarse asientos en la sala.