La criminalización del derecho de protesta es un fenómeno mundial y en los contextos de crisis económica aumentan los mecanismos políticos para reprimirlo; es  "un fenómeno que se acelera y que evoluciona en paralelo al declive de la belle époque del neoliberalismo". Esta es una de las conclusiones del estudio 'Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos', elaborado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad para el Grupo Izquierda del Parlamento Europeo (The Left). El estudio se ha presentado en Madrid este martes.

Los investigadores Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro han profundizado en la caverna del neoliberalismo y del llamado necrocapitalismo (nuevos mercados vinculados con la exclusión social) para sacar a la superficie los últimos casos de represión del derecho de protesta, amparado por la ONU. Desde las multas que impone la ley mordaza en España a la violenta represión militar y paramilitar en los Estados donde se asientan las multinacionales mineras, energéticas o del agronegocio. 

Desde México hasta Filipinas, de Guatemala a Colombia, miles de personas están siendo perseguidas, amenazadas, criminalizadas e incluso asesinadas por el hecho de organizarse y actuar para frenar la voracidad de las grandes corporaciones, según el estudio. Desde 2018, se han registrado en todo el mundo más de 300 asesinatos anuales de activistas sociales y defensores de derechos humanos, tres cuartas partes de ellos relacionados con la defensa de las tierras, los bosques y los ríos frente a los megaproyectos extractivos.

"El poder legislativo va amoldando los códigos penales, las leyes de seguridad ciudadana y los protocolos policiales para criminalizar y perseguir por todos los medios las formas de protesta que van surgiendo", indican los autores tras un muestreo por países de América Latina y Europa. 

Y pone como ejemplo la reciente derogación del delito de sedición y la reforma de los desórdenes públicos en España. "Lo que podría calificarse como una buena noticia al eliminar el delito de sedición, pasa a ser una mala noticia por introducir un nuevo tipo agravado de desórdenes públicos que se castiga con penas de tres a cinco años de prisión. Tal y como está redactado el texto a día de hoy, en un proceso judicial puede dar lugar a interpretaciones que abunden en la criminalización de los actos de protesta y desobediencia causados por una multitud", dice el informe de OMAL.

Multas por desobediencia y resistencia 

El Gobierno de Mariano Rajoy promulgó en 2015 la ley de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza, fundamentalmente para frenar las protestas sociales contra las políticas de austeridad que estaban desmantelando el Estado del Bienestar. Ocho años después, pese al compromiso del Gobierno de coalición, el Congreso aún no ha sido capaz de reformarla, aunque el proceso avanza. Las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas, uno de los aspectos más lesivos de la ley, se eliminó en marzo de 2021.

En los cinco primeros años de la aplicación de la ley, las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad ascendieron a 397.083 de un total de 1.155.727 multas interpuestas al calor de la norma.

Una activista de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) de Madrid reconoce que "desde que se aprobó la Ley Mordaza tengo 9.000 euros de multas a mis espaldas por haberme encerrado en administraciones públicas", consta en el estudio, que también recoge que en 2021, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en Catalunya denunció cómo en dos años habían recibido centenares de multas que aludían a la desobediencia, resistencia y obstrucción a la justicia. En total sumaban más de 200.000 euros, que además se imponían a una población ya muy precarizada. 

El informe de OMAL indica que la PAH es una de las organizaciones que mayor criminalización han sufrido en el Estado español por sus estrategias de "confrontación y desobediencia". "Para conseguir que el acceso a la vivienda se reconozca como un derecho fundamental para una vida digna, la PAH ha señalado la grave situación de desahucios, ha convocado manifestaciones, presentado mociones en ayuntamientos y propuestas para reformar la ley de vivienda, ha llevado a cabo campañas de escraches, ha bloqueado desahucios para conseguir negociar, ha ocupado entidades bancarias para denunciarlas y bloques de viviendas vacias propiedad de los bancos, muchos de ellos rescatados por el Estado, para que pudieran vivir familias". 

Los 'seis de Zaragoza'

En España hay casos sangrantes de criminalización de la protesta, como lo ocurrido a los 'seis de Zaragoza'. El 17 de Enero de 2019, Vox dio un mitin en el Auditorio de Zaragoza. El movimiento antifascista convocó una concentración en protesta por el mitin, a la que acudieron unos 200 jóvenes y terminó con cargas policiales y con la detención de seis jóvenes. 

La Audiencia Provincial de Zaragoza acabó condenándolos, al imponerse el testimonio de la Policía frente a la falta de pruebas: a cuatro de ellos, a seis años de prisión y a dos, a pagar 14.000 euros de multa y un año de libertad vigilada. Posteriormente, el TSJ de Aragón aumentó a siete años la condena al añadir un delito de lesiones. 

Activistas climáticos como extremistas

Reino Unido consideró en 2020 al movimiento contra el cambio climático 'Extinction Rebellion' como un grupo de ideología extrema en una guía oficial que envió a la Policía y al profesorado. El informe de OMAL explica que dicha guía tiene el objetivo de bloquear la incorporación de jóvenes y adultos al ecologismo político relacionándolo con la comisión de crímenes.

La guía recomienda la denuncia a las autoridades de quienes muestren señales de extremismo ideológico, y llegó a considerar a 'Extinction Rebellion' como un colectivo peligroso porque tiene "una filosofía antisistema" y sus campañas fomentan "otras actividades que infringen la ley". Tras un reportaje publicado en el diario The Guardian, la Policía aceptó formalmente que el colectivo no era extremista.

Hostigamiento al pueblo Misak

La multinacional irlandesa Smurfit Kappa, líder mundial en producción de papel y cartón, lleva operando en Colombia desde hace varias décadas. Los pueblos indígenas del Departamento de Cauca, en el suroeste del país, especialmente los misak, denuncian los impactos socioecológicos de sus operaciones y reivindican, mediante protestas pacíficas, la ocupación de las tierras controladas por esta multinacional como forma de recuperar su territorio y modos de vida tradicionales. 

Pero solo consiguen procesos judiciales en su contra. En los últimos años, el Estado colombiano ha procesado a varios líderes del pueblo Misak, especialmente a raíz de las protestas sociales que se han realizado en 2021 y 2022. Los cargos contra los líderes indígenas van desde las acusaciones por daños a bienes públicos, invasión de territorios hasta terrorismo.