El juez Manuel García Castellón, instructor del Caso Tandem o Caso Villarejo, atendió el pasado 20 de julio la solicitud de la Fiscalía en la pieza número 9 del sumario, la BBVA, y sumó un nuevo presunto delito a los que ya imputaba al expresidente de la entidad Francisco González por la contratación del comisario jubilado desde al menos el año 2004 hasta el mismo día de su detención en noviembre de 2017. 

En esta ocasión, se le imputa un presunto delito de "administración desleal" por supuesto uso de recursos del BBVA para la realización de inversiones personales. Concretamente, según la Fiscalía, por el uso del tiempo de altos cargos y/o empleados del banco para identificar, y/o evaluar, y/o negociar la adquisición de fincas e inmuebles; bien para su adquisición directa, bien a través de su empresa patrimonial Belegar Inversiones, SA. bien a través de otra fórmula, en solitario o en unión de otros socios, como Gonzalo Hinojosa, exdueño de Cortefiel.

La defensa de Francisco González recurrió la decisión alegando que la imputación no procede en ausencia de denuncia previa del BBVA, que sería el afectado. También señalaba la imprecisión en el escrito de la Fiscalía con respecto de los recursos usados y las fincas evaluadas, y aseguraba que todos los consultores externos fueron pagadas por el exbanquero y no por la entidad.

El juez García Castellón ha desestimado el recurso en un auto dictado el pasado miércoles, en el que insiste en la necesidad de la declaración de González y donde afirma que no es necesaria la denuncia previa cuando un hecho afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas, como sería la reputación de un gran banco que cotiza en el Ibex 35.

Hasta 6 fincas evaluadas con recursos del banco.

Del análisis y clasificación cronológica y temática que Público ha efectuado de los cerca de 2.000 correos electrónicos enviados y recibidos por directivos del BBVA (que se incluyeron en el informe forensic que la firma PwC elaboró por encargo de la dirección del banco y fue entregado al juzgado) se desprende que Francisco González analizó para su adquisición a título personal o a través de una sociedad patrimonial de su propiedad, no una finca como insinúa el recurso presentado por su defensa, sino hasta seis entre 2011 y 2015, de las que cuatro tenían o tuvieron algún tipo de conexión con el comisario Villarejo.  

Según la documentación analizada, para las evaluaciones y negociaciones, González se ayuda del que fuera su jefe de Gabinete, Joaquín Gortari, como coordinador de cada operación, del exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias, Antonio Bejar, y del jefe de Seguridad, Julio Corrochano (éstos últimos, los dos directivos del BBVA que más interactúan con Villarejo), así como de empleados de ANIDA, la inmobiliaria del banco, y de al menos un integrante de los servicios jurídicos del área de Real Estate del BBVA.

En todos los casos salvo uno se trataba de oportunidades de inversión sobrevenidas por una posición de debilidad o urgencia en la parte vendedora, bien por su situación financiera, por la inminencia de un embargo/ejecución por subasta por causa penal o impago de deudas, o bien por tratarse de un inmueble "adjudicado" (el que se adjudica a un acreedor en pago de deudas) que una entidad financiera esté deseando monetizar para recuperar la cantidad impagada.

Por orden cronológico, éstas fueron las fincas estudiadas:

1.- Noviembre 2011. Local en la zona o calle  de Raimundo Fernandez Villaverde de Madrid, con subasta prevista para el 18 de noviembre de 2011. La operación consta en un email que Francisco González recibe de un empleado de su sociedad Belegar, si bien no se da la ubicación exacta. Se desconoce si finalmente Belegar Inversiones u otra sociedad de González se hizo con el local y si en este caso concreto intervino o no personal del banco o si el inmueble estaba en la cartera de "bienes adjudicados" del BBVA. 

2.- Septiembre de 2013. Finca Sa Punta en el término de Felanitx (zona de Porto Colom) de la isla de Mallorca, propiedad de Inversiones Llevant SL. Los numerosos correos electrónicos cruzados no permiten saber si finalmente se llevó a cabo la adquisición, pero reflejan bien el proceso de estudio, y la intervención como coordinardor de Gortari (quien se comunica con la tasadora a través de una cuenta de Hotmail con nombre de mujer) y la participación activa de Bejar (que selecciona la tasadora, cuyo coste sufraga efectivamente la empresa de González y no el banco). 

3.- Octubre 2013 a febrero de 2014. 'Finca Hernando' en El Escorial en la provincia de Madrid, garante mediante hipoteca de un sindicado bancario impagado de tres millones de euros concedido por CEISS, Bankia y Banco de Sabadell a la dueña de la finca Rochester Iberica 2000 SL, sociedad tras la que estaban Joaquín de Arespacochága Llapiz y su mujer. La finca estaba tasada en más de 8 millones de euros, pero no podían subastarla para recuperar la deuda: en julio de 2013 el juzgado nº 4 de Cádiz que instruía la macro estafa con subvenciones Caso Bahía (que tenía a Arespacochaga como uno de los principales investigados tras ordenar en junio su detención) dictó una "prohibición de enajenar" la finca, que se inscribió en el registro de la propiedad y subsistiría en tanto en cuanto no se esclarecieran los hechos. Aprovechando la tesitura, González proponía a los bancos una operación al margen de la subasta: comprarles la deuda garantizada con la finca por la mitad de lo adeudado, 1,5 millones de euros, confiando en que, cerrado el trato, el juzgado levantaría la prohibición y podrían vender la finca u hacer otra operación con ella. Según los emails, la operación se aborta el 28 de enero de 2014 porque los tres bancos no aceptan menos de 2 millones de euros.

De acuerdo a las notas del Registro de la Propiedad que se adjuntan en los correos analizados por Público, la empresa de Arespacochaga, Rochester Iberica 2000 SL, se hace con la finca en octubre de 1999. En la compra y constitución de sucesivas y posteriores hipotecas hasta el año 2006 figuró como administrador y representante de la compañía Rodríguez Sobrino Asociados SLP, o bien su socio director, Edmundo Rodriguez Sobrino, protagonista de la pieza principal del caso Lezo, y socio de AtresMedia y  Mauricio Casals en la editora de La Razón. 

4.- Marzo de 2014. Finca de Caza 'Dehesa La Becerra'. Se trata de una finca de caza de 1.030 hectáreas en Toledo, cuya presentación es remitida por Rafael Redondo, la mano derecha de Villarejo, al jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano, que éste traslada a Fernando Raya, responsable de seguridad del área de Presidencia. En los correos no consta que la finca se evaluase y/o adquiriese, pero indican el conocimiento por parte de cargos del banco de los intereses de su presidente.

5.- Julio 2014 a Septiembre de 2014. Finca 'Hacienda La Alamedilla' en Argés (Toledo) propiedad de Hacienda La Alamedilla SL. Es, nada más y nada menos, la finca protagonista del Caso del Pequeño Nicolás, el motivo primero de su detención el 14 de octubre de 2014 y una de las dos razones por las que que el comisario Villarejo se arriesgó tanto como para  grabar subrepticiamente una reunión entre los investigadores asignados al caso y varios agentes del CNI para conocer qué se investigaba y hasta dónde se sabía.  

Como veremos más adelante, la finca llevaba once años con el cartel de venta, con indicios de que, en realidad, se trataba de una puesta en escena para evitar la disolución de la sociedad que la cobijaba y la protegía de un embargo judicial. El asunto comienza en julio de 2014 con el envío a la secretaria de presidencia del BBVA de una presentación de la finca por parte del yerno del dueño de Hacienda La Alamedilla SL Francisco Javier Martínez de la Hidalga, un alto exejecutivo del Banco de Santander. El yerno de éste se presenta como directivo de Zalacain, el restaurante madrileño de lujo entonces propiedad de la familia García Cereceda (la familia protagonista del proyecto de Villarejo Cabde/Land, ejecutado entre los años 2012 y 2013). Tras una visita de Francisco González a la finca el 1 de agosto de 2014, decae el interés. La ultima conversación data del 22 de septiembre. Veintitrés días más tarde, Francisco Nicolás es detenido en la puerta del domicilio de Martínez de la Hidalga.

6.- Desde octubre de 2014 a febrero de 2015. Chalé con parcela en la Urbanización Guadalmina Baja de San Pedro de Alcantara en Marbella. Es el único inmueble de lo seis que la documentación del sumario acredita que finalmente es adquirido por González.  

Encargos a Villarejo

Con relación a estas operaciones con fincas, el comisario Villarejo es requerido por directivos del BBVA en dos ocasiones. La primera es en diciembre de 2013, por Antonio Bejar, con relación a la Finca Hernando de El Escorial. El encargo, que el comisario bautiza como Proyecto RICK, teóricamente consiste en un informe sobre el estado procesal del Caso Bahía, de Arespacochaga, y de la afectación de la Finca Hernando de El Escorial.

Un año más tarde, se le vuelve a requerir, esta vez por el área de Seguridad de BBVA. Se le encarga para aparentemente hacer un perfil del nuevo vecindario del presidente del banco en la Urbanización Guadalmina, con un supuesto fin de seguridad. 

Hasta el momento no se ha identificado ninguna factura emitida por las empresas de Villarejo al BBVA que pueda corresponder a estos dos trabajos.

¿Qué se quería de Villarejo en realidad con relación a la finca de El Escorial y la de Guadalmina? 

A pesar de los supuestos servicios descritos en los "informes" que el comisario entrega para justificar las cantidades a cobrar, la lógica de los hechos y otros indicios documentales apuntan a otro tipo de encargos tanto para el caso de la Finca Hernando como para Hacienda La Alamedilla. Encargos de valor.

Con relación al Proyecto RICK vinculado a la Finca Hernando, el encargo se le efectúa en apariencia por Antonio Bejar el 17 de diciembre de 2013, de acuerdo con el contenido del audio etiquetado como "131217_Bejar-Op Bahía" incorporado al sumario. Ese audio recoge la grabación que la mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, hizo de la conversación en la que Bejar solicita sus servicios. Seguidamente, el comisario produce dos "informes": el primero titulado Rick, Perspectiv, el 9 de enero de 2014; y el segundo, titulado Informe Rick, el 12 de febrero siguiente (ese mismo día, Bejar lo entrega a Gortari, el jefe de gabinete de González, acompañado de una nota manuscrita que lo describe como "info más detallada de nuestro amigo"). Es un informe que en teoría ya no tenía utilidad, porque, según los correos electrónicos, la negociación de González con los bancos titulares del préstamo sindicado del que la finca es garante se rompe el 28 de enero de 2014 por falta de acuerdo sobre el precio.

No es difícil colegir que la operación redonda dependía de que la prohibición de enajenar sobre la Finca Hernando dictada por el juzgado (que bloqueaba la subasta con la que los bancos esperaban recuperar sus 3 millones de euros) se mantuviera lo suficiente para negociar la compra de la deuda por una mínima cantidad, y de que, ya con el trato cerrado, la justicia levantase la prohibición de enajenarla. Esto es lo que interesaba, y era el centro del encargo a Villarejo; es decir, gestiones y/o información de valor, y no unos folios llenos de datos mal redactados copiados de Internet, que es lo que el comisario entregó para justificar un posible pago en caso de éxito.

El dialogo que mantienen Rafael Redondo, la mano derecha de Villarejo, y Antonio Bejar el 17 de diciembre de 2013, y que puede escucharse en el audio antes mencionado, no puede ser más explícito en cuanto a la verdadera naturaleza del encargo y objetivo buscado: el levantamiento de la prohibición de enajenar en el momento oportuno. Reproducimos seguidamente parte del mismo:

-Bejar: Este verano lo han detenido [a Joaquín Arespacochaga]... Eh... Después lo soltaron como cabecilla de la trama ésta de fraudes de subvenciones y toda esa mierda. Entonces como consecuencia de ese procedimiento penal que hay en Cádiz, esta finca que es la que a mí me interesa, no se... él no puede disponer de la finca. Entonces él [Arespacochaga], me interesa, dice "que no me preocupe", que tal, que esto, "que va a poder disponer", "que lo de Cádiz se arregla en un telediario..."
-Redondo: En un pis pas.
-Bejar: En un pis pas. Este que...
-Redondo: Que no hay materia... Bueno, en este país, en un tribunal, en un pis pas son cuatro años. [se ríen]
-Bejar: ... [Ininteligible]... la última vez que, la primera vez que yo vi esto de la prohibición de disponer, la vi con esto del 'caso Malaya', que yo tenía un préstamo sobre el Palacio de VillaGonzalo [se sospechaba que su titular era Juan Antonio Roca], [...]
-Redondo: Entonces esas propiedades [se refiere a las propiedades detectadas a Roca] las... las identificamos nosotros.
-Bejar: Ya. Pues esa... esa... Nosotros teníamos hipotecado eso. La verdad es que salimos relativamente bien porque le vendimos el crédito a un tío de Sevilla que después no sé qué cojones ha hecho con la cosa porque el Palacio sigue ahí muerto de risas diez años mas tarde. O sea que eso andará por ahí por el sueño de los justos...Yo la primera vez que vi esto de la prohibición de disponer. Esto es el mismo caso. Hay una prohibición de disponer de esta finca de El Escorial como consecuencia de que, claro, el Juzgado de Cádiz habrá considerado que esta finca y otras "n" fincas... habrán sido adquiridas con el dinero que le han estafado a la Junta de Andalucía.
-Redondo: Las han trabado todas y ya está.
-Bejar: ... y, por tanto, han dicho: "para el carro antes de que nos las quiten de en medio", ¿no? Y a mí me interesa saber si es verdad o es mentira que, o sea, cómo va este proceso, si es verdad o es mentira que esto... ¿sabes? Que este tipo va a salir relativamente bien porque él nos dice "que no nos preocupemos", que..."porque esto es para un tema de pago de deuda, obviamente". "Que no nos preocupemos" que este... "que, que no pasa nada", que "esto se va a levantar en dos telediarios" y que... "que vamos a hacer, poder hacer operaciones con la finca inmediatamente", no sé cuánto no sé qué.... Pero yo no me lo creo, ¡claro! Porque con los... ¿eh?

En la operación de adquisición del chalé de Guadalmina, la entrada en escena de Villarejo se produce a finales de enero de 2015, es decir tras su compra por Francisco González. La versión que el comisario plasma en sus notas o informes es que se le pide que investigue el perfil de su nuevo vecindario en la urbanización en aras de su seguridad. Pero un email del notario que firma la compraventa del chalé, y que este envía a Rafael Redondo el 28 de enero de 2015, apunta a una misión diferente y más práctica, acorde con las capacidades y conexiones de Villarejo en Estepona y Marbella: el notario solicita por "razones de seguridad" una licencia del Ayuntamiento marbellí para elevar la altura de la valla que bordea la propiedad y que la normativa urbanística le limitaba. 

Desde 2006 se escenifica una "venta” de la finca Alamedilla para sortear la disolución de la empresa dueña.  

La sociedad Hacienda La Alamedilla SL se constituye en mayo de 1997 por varios accionistas para acoger la finca Hacienda La Alamedilla, sita en Argés (Toledo), que el expresidente de Banesto Mario Conde y su mano derecha en el banco Arturo Romaní habían adquirido  entre 1989 y 1994 con fondos desviados de la entidad. Tras ejecutar la opción de compra en agosto de 1994, se protege la finca de posibles embargos judiciales constituyendo sobre ella tres hipotecas en una operación que tiene lugar mes y medio después de que Conde sea condenado por el Caso Argentia Trust, y ocho días después de que la Fiscalía presente su querella por el Caso Banesto.

Es el comienzo de una estrategia para ocultar y proteger el activo de embargos judiciales, que proseguirá y se ampliará con un trasvase de capitales asociado cuando la finca se re-ubica en 1997 bajo la nueva sociedad Hacienda La Alamedilla SL: constitución sucesiva de hipotecas superpuestas en garantía de préstamos bancarios que nunca se cancelan, y cuyo importe termina en Mallorca, en una empresa llamada Marina de Son Veri SL y su filial Son Veri Nou SL, ambas vinculadas a Hacienda la Alamedilla. Un túnel de capitales que funcionó ininterrumpidamente hasta por lo menos 2015, y que estaba explicado en detalle en el informe de la Comisión Judicial del Caso Nicolás de julio de 2017 y que la nueva magistrada que colocaron al frente del caso despreció y guardó en un cajón.

La caja de la sociedad Hacienda La Alamedilla SL iba como un tiro gracias al dinero que recibía de sus accionistas y los bancos; pero la situación era bien distinta en cuanto a los fondos propios, porque la empresa, aunque desarrollaba una intensa actividad financiera de entrada y salida de fondos vía balance, carecía de actividad económica alguna y solo generaba gastos.

Es por ello que desde 2006 se encontraba en causa obligada de disolución, que se esquivaba año tras año escenificando un proceso de venta la finca, su único activo: así, año tras año se inserta una nota en la memoria anual que se deposita en el Registro Mercantil donde se afirmaba que la empresa está en un proceso de venta de la finca para reconducir la situación patrimonial y que se acompaña de anuncios comerciales esporádicos con precios surrealistas muy por encima de su valor de mercado, entre once y quince millones de euros (lo que ya debería hacer sospechar del relato de la venta). En este contexto, enseñar conversaciones con inversores del perfil de Francisco González o, incluso, una visita del mismo a la finca, venía bien para reforzar la realidad del proceso de venta y seguir evitando la disolución de la sociedad para así continuar con el eficaz túnel de capitales.

Aunque la red mediática del comisario insistió en que la finca estaba venta y que Francisco Nicolás Gómez Iglesias ayudaba a ello y a comisión, lo cierto es que no existe ningun acuerdo de intermediación entre el joven y Martínez de la Hidalga que corrobore tal cosa. Y es más, el Pequeño Nicolás no explicó su relación mercantil con éste como un trabajo de intermediación para la búsqueda de un comprador, una razón perfectamente inocente y legal; declara por el contrario que le ayuda a resolver un problema fiscal del que tuvo los detalles por  el economista y empresario Jose Luis Balbás, vinculado al tamayazo, y reconvertido en mentor de Nicolás, así como para gestionarle en Guinea Ecuatorial un nuevo y supuesto "crédito hipotecario" sobre la finca Hacienda La Alamedilla que bien pudiera haber servido de tapadera para unas cantidades que Martínez de la Hidalga esperaba recibir de varias entidades financieras off shore cuyos datos envió en esos días y a través de WhatsApp al Pequeño Nicolás.

Hacienda La Alamedilla SL es la boca de entrada del túnel de trasvase de capitales, y Marina de Son Veri SL, su filial Son Veri Nou SL y los proveedores de ambas, la de salida. En Hacienda Alamedilla SL se colocaron cuatro sociedades como accionistas, siendo una de ellas Servicios Empresariales Integrados SL (Seint) propiedad de Adrián de la Joya y su sempiterno socio Rafael Martin Sanz (cuñado de Mario Conde). Al otro lado del túnel, en Marina de Son Veri SL, se situó Antonio Eraso Campuzano, vinculado de antiguo a De la Joya y Martin Sanz en la red de empresas que dio origen al Caso Construcciones Atocha (y hermano de Eduardo Eraso Campuzano, imputado en Gurtel por su implicación en trasvases de capitales). Antonio Eraso Campuzano aflora como accionista de Marina de Son Veri SL, cuando De la Joya y Martin Sanz ponen distancia con Hacienda La Alamedilla SL tras el recurso que en el tiempo de descuento del periodo de instrucción del caso Banesto puso un nuevo fiscal (bajo también un nuevo juez) para que se investigase la operación de Telson que había quedado fuera del procedimiento, gracias a una serie de argucias procesales.