El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha solicitado al juez Velasco, instructor de la trama Púnica, que llame a declarar a la expresidenta de la región Esperanza Aguirre, según informan varios medios. El motivo de la solicitud es que la lideresa explique el "papel" que Granados desempeñaba en su Gobierno y la "influencia que pudo ejercer" sobre otros consejeros de la Comunidad.

La ex mano derecha de Aguirre también ha pedido que se llame a declarar, entre otras personas, a Jaime González Taboada, actual director general de Administración Local y y presidente del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio SA., una de las firmas clave de la trama.

La solicitud de Granados llega días después de que el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez negara ante el juez del caso Púnica la existencia de una financiación ilegal del partido en Madrid mediante el cobro de comisiones a empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Era la segunda vez que Gutiérrez comparecía ante Velasco y que negaba la financiación ilegal del PP madrileño, posibilidad que el juez investiga en la única pieza secreta del caso Púnica, la número 14. El exgerente ya lo hizo ante la Guardia Civil cuando fue detenido hace un año. El análisis de apuntes contables hallados en el registro de su domicilio en aquella ocasión reactivaron hace unos días estas pesquisas en forma de requerimientos de documentación en Consejerías y organismos dependientes de la Comunidad Madrid para investigar si el PP se financió a través de la adjudicación de contratos de publicidad por el 1% del total de las obras.

Bajo la lupa contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre de presidenta desde las consejerías de Sanidad, de Transportes e Infraestructuras o de la empresa pública Nuevo Arpegio, a la que Velasco investiga aparte en otra pieza separada. En esta nueva fase de la investigación, comparecieron hace unos días como investigados cuatro empresarios que se negaron a declarar, así como José Ignacio Echevarría -exconsejero de Transportes, expresidente de la Asamblea y extesorero del PP madrileño- y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

El pasado junio, Velasco ya alertó en un auto de la existencia de "potentes indicios" de que el exconsejero madrileño Francisco Granados, único de los imputados en Púnica en prisión preventiva desde hace dos años, recaudaba dinero "para posible financiación del Partido Popular", motivo en el que se basó para oponerse de nuevo a su puesta en libertad. Se cree que Granados recaudaba esas comisiones para entregárselas a Beltrán Gutiérrez, con el que coincidió cuando el exconsejero madrileño ocupó el cargo de Secretario General del Partido Popular en Madrid entre 2004 y 2011.

Además de esa labor de recaudación, de la investigación a la trama Púnica se desprende también que Granados abusó "del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos" a favor de empresarios que le abonaban "importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones".