La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado este jueves a dos años su petición de pena de cárcel solicitada para los exaltos cargos de la Generalitat de Catalunya en la etapa de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, por su implicación en la trama Pretoria que juzga la Audiencia Nacional, después de que ambos reconocieran en las primeras sesiones de vista oral que habían cobrado comisiones del 4% por intermediar en dos operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona. Mientras, para el líder de la trama, Luis Andrés García, ha aumentado desde 8 a 13 años de prisión.

La fiscal Ana Cuenca ha expuesto en la sesión del juicio celebrada estejueves en la Audiencia Nacional sus conclusiones definitivas en las que ha rebajado la solicitud de pena para los considerados hombres de confianza del expresidente catalán Jordi Pujol en virtud del acuerdo de conformidad al que llegaron con la Fiscalía a comienzos del juicio.

Tras el pacto alcanzado con el Ministerio Público, la fiscal ha rebajado su petición inicial de seis años y diez meses de cárcel para cada uno y en este nuevo escrito pide un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias y otro año por blanqueo de capitales por lo que los dos acusados podrían evitar entrar en prisión.

Para el exdiputado del PSC Luis Andrés García "Luigi" ha solicitado 13 años en lugar de los 8 iniciales, al considerar que su actuación también es constitutiva de un delito continuado de cohecho y de falsedad documental, además del de tráfico de influencias y blanqueo que le imputaba en un principio.

También ha modificado la petición de pena para el exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartolomé Muñoz, para quien pide 8 años y 4 meses de prisión (antes pedía 6 años y 10 meses) y para el número 2 de "Luigi", Manuel Valera, para quien solicita ahora 4 años y 10 meses de cárcel (antes 2 años y 9 meses) al sumarles un delito continuado de cohecho.

Se les acusa de mediar en la operación Niesma en Sant Andreu de Llavaneres consistente en la compra venta de dos fincas cuyo valor se revalorizó tras ser recalificadas, y en la operación Badalona, desarrollada en el Puerto deportivo de dicha localidad. Ambas junto con la operación Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) integran la trama Pretoria que juzga la Audiencia Nacional desde el pasado mes de marzo.