"El Gobierno, ni lo sabe ni debe saberlo". Moncloa difundió este jueves ese mensaje para desvincularse del espionaje al president de Catalunya, Pere Aragonès. La confirmación de los pinchazos telefónicos, orden judicial mediante, llegó por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según trasladaron fuentes asistentes de la Comisión de Secretos celebrada en el Congreso. La tormenta política aumentaba y el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba atajarla aclarando el proceder en las relaciones entre el Ejecutivo y los servicios de inteligencia. ¿Podía o debía realmente conocer el presidente que se estaba investigando, y de esa forma, al dirigente catalán? Los afectados por el caso Pegasus quieren que se asuman responsabilidades políticas. 

La argumentación de Moncloa en resumidas cuentas, según las fuentes consultadas por Público, es que el CNI no reporta a la Presidencia del Gobierno cómo son los procesos llevados a cabo en sus investigaciones y que solo dan cuenta de los resultados cuando estas acaban si hay un riesgo de seguridad. Señalan que ni el CNI pide permiso al Gobierno, ni el Gobierno da órdenes al CNI. Sería el juez el que decide la autorización o no de esas escuchas. 

Fuentes que han formado parte de algún gabinete de Presidencia del Gobierno destacan a este medio que allí únicamente "llegaban informes con el resultado de algunas investigaciones llevadas a cabo". "No había ningún tipo de dato sobre los medios que se habían usado para obtener esos resultados. Entiendo que el procedimiento es interno del CNI", afirman. A Presidencia, por tanto, aseguran que llega el resultado final "si hay algo que contar". 

Juan Rando es un exagente del CNI y del antiguo CESID. Ahora es un reputado abogado penalista. "Efectivamente, el Gobierno no solo no tiene por qué saber, sino que no lo sabe nunca. El Gobierno recibe el resultado de un trabajo, nada más. Pero desde luego ningún Gobierno recibe el procedimiento por el que se ha llegado a una conclusión. No solo no le interesaría sino que ayudaría a confundirlo", explica en conversación con este medio.

"Que el Gobierno tuviera que conocer el procedimiento implicaría la posibilidad de que el Gobierno analizara si el procedimiento seguido para llegar a una conclusión es adecuado o inadecuado", añade Rando. "La misión que tiene encomendada el CNI es ofrecer resultados para que el Gobierno, en este caso la ministra, está de acuerdo con el organismo en la medida en la que tiene confianza en la dirección", destaca.

Otra fuente, con rango militar y conocedora de los servicios de inteligencia, corrobora también este modo de proceder. "Una cosa son los objetivos temáticos y los riesgos, y otra son los procedimientos internos y la petición o no de órdenes judiciales por parte del CNI", afirma. Es decir, el Gobierno sí podría saber que se estaba investigando al movimiento independentista, en concreto por el llamado Tsunami Democratic. 

Pero tampoco tiene por qué ser así obligatoriamente, añade este especialista. La propia ley ya recoge una serie de funciones. Concretamente son la de "facilitar al presidente del Gobierno y al Ejecutivo las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".

Esa mención a la integridad territorial podría servir para justificar judicialmente las escuchas. Los objetivos del Gobierno en materia de inteligencia se plasman en la llamada Directiva de Inteligencia, que tiene carácter secreto. 

Ministerio de Defensa, control político y parlamentario

El CNI siempre ha pertenecido orgánicamente al Ministerio de Defensa. Hubo una excepción entre los años 2011 y 2018, periodo en que pasó a depender directamente de Presidencia con Soraya Sáez de Santamaría. En su normativa destaca la mención a un órgano denominado Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Según los documentos, estaría encargado de "coordinar las acciones del CNI, de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos de la Administración civil y militar".

En esta comisión, según su regulación, estarían presentes al menos, además de la directora del CNI, las tres vicepresidentas, los ministros de Exteriores e Interior, la ministra de Defensa, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario general de la Presidencia del Gobierno. Pero esa comisión no se reúne desde hace más de un año, según ha confirmado este medio. 

El CNI está sometido a un control parlamentario y presupuestario. Es a través de la Comisión de gastos reservados, que ha estado bloqueada desde el principio de la legislatura por los vetos de partidos como el PP a EH Bildu. Tras la modificación de la norma por parte de la Presidencia del Congreso, se puso en marcha. En ese espacio compareció el jueves la directora del CNI, Paz Esteban. Según lo que trascendió, pese al carácter secreto de la comisión, Esteban mostró las autorizaciones judiciales de algunos espionajes. De otros que aparecen en diferentes informaciones nada se supo.

Mientras, Sánchez y Aragonès han pactado reunirse para hablar del caso Pegasus. El grado de conocimiento que tenía o no Moncloa sobre su espionaje será a buen seguro uno de los temas que tratarán entre ambos. Desde ERC otros grupos han pedido directamente que el presidente asuma alguna responsabilidad política dentro del Ejecutivo. Es decir, que salga la ministra de Defensa, Margarita Robles, responsable política de los servicios de inteligencia, y que se aclaren en qué circunstancias se solicitaron las autorizaciones judiciales.