Los fondos captados por Nueva Rumasa de forma ilícita se destinaron en parte a la compra de bienes de la familia Ruiz Mateos, entre ellos vehículos e inmuebles. Los hijos varones del empresario fallecido dispusieron en su beneficio 82,4 millones de euros y destinaron un millón a financiar estos gastos, a los que se añaden 300.000 euros que se transfirieron a sociedades de la familia, detalla la Fiscalía Anticorrupción en su escrito provisional de acusación.

Entre los destinatarios de fondos captados por los inversores se encuentra, además, la sociedad Psicoclinic, dedicada al tratamiento psicológico de problemas como la adicción, describe el fiscal, que agrega que la empresa solía captar fondos en dos oficinas situadas en Madrid y una en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Esta última era identificada por los usuarios como "el banquito de Jerez" y durante los años 2009 a 2011 "se dedicó a captar fondos bajo la forma de préstamos retribuidos con un interés del 9 o 10%", explica el fiscal.

Todo el entramado se sustentaba en una falsa idea de solvencia de las sociedades del grupo, más de un centenar, que la familia Ruiz Mateos publicitaba junto a fotografías de decenas de naves, bodegas, establecimientos hoteleros...logrando captar, a través de la venta de pagarés, 337,3 millones de euros.

Los fondos se destinaban a una caja común desde la que luego se redistribuían, situada en una sucursal del Banco Etcheverría y a nombre de una sociedad. Nueva Rumasa disponía en la entidad de otros 130 depósitos en los que se han detectado miles de operaciones consecutivas y prácticamente diarias de retiradas y depósitos de efectivo.

En cuanto a los inmuebles adquiridos o sufragados, el escrito detalla que se destinaron más de 30.000 euros a gastos de la denominada Casa del Patriciado y otros 190.000 a amotizar préstamos. Algo similar sucedió con la finca de Resada, los inmuebles Gentílicos y una vivienda llamada Interestelar. Los acusados adquirieron también una vivienda y un punto de atraque en Sotogrande.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos imputados en el caso Nueva Rumasa. Acusa a los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Según su escrito de acusación, hecho público este martes, durante el período comprendido entre 2009 y 2011 los acusados, junto con el patriarca José María Ruiz-Mateos, ya fallecido, idearon un sistema de financiación del Grupo Nueva Rumasa de naturaleza piramidal consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del Grupo.

4.100 afectados

Se estima que mediante 13 sucesivas emisiones los acusados captaron más de 337 millones de euros a más de 4.100 personas, de los cuales dejaron sin devolver 289 millones, habiendo sido declaradas en concurso de acreedores tanto las sociedades emisoras de pagarés como las avalistas. Se desconoce el destino último de, al menos, 82 millones de euros que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.

El Ministerio Público acusa, además, en esta causa a los también miembros de la familia, Zoilo Pazos -para el que reclama 15 años y seis meses por los mismos tres delitos- y Alfonso Barón, que se enfrenta a 15 años de solicitud de penas. Las siete hijas del empresario fallecido, Patricia, Nuria, Almudena, Begoña, Paloma, Rocío y Socorro están acusadas como partícipes a título lucrativo.

Incluye a otros trabajadores y colaboradores del Grupo Nueva Rumasa entre los que se encuentran Manuel Sánchez, con despacho profesional en Madrid (12 años de prisión) y José Ramón Romero (12 años) , Rufino Romero (7 años por estafa) y Ricardo Álvarez (7 años por estafa), afincados en Jerez de la Frontera.

Anticorrupción reclama, por otra parte, tres años de prisión en esta causa por un delito de alzamiento de bienes para los empresarios Ángel de Cabo, Iván Manuel Losada y Fernando Juan Lavernia, implicado en otro conocido caso de vaciamiento patrimonial ficticio, el denominado caso Marsans.