Aunque dividida en partes, de un modo complejo, como es el fraude de los ERE, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, dio este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, datos de relevancia sobre el dinero público gastado. Por un lado, los trabajadores “de buena fe” –en palabras del vicepresidente de la Junta, Juan Marín– han cobrado de momento 402 millones de euros y aún quedan pendientes de abonar otros 62 millones de euros hasta el año 2025 a un total de 3.251 beneficiarios, según los datos que aportó el consejero de Presidencia, Elías Bendodo.

Por otro lado, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, pormenorizó el dinero que está aún en reclamación, el que se ha recaudado ya y el que se ha perdido definitivamente en los diversos procedimientos iniciados por este Gobierno y también por el anterior, el de Susana Díaz. Bravo manifestó que se han podido recuperar de manera efectiva 15 millones de euros y que otros 71 se han perdido ya debido a prescripciones, insolvencias y desaparición de empresas. Es decir, la Junta tiene ya reconocido de manera efectiva que se malgastaron al menos 86 millones de euros.

10,5 millones que han prescrito a pesar de que se reconocía la nulidad de las ayudas; otros 25 millones tampoco retornarán a las arcas públicas por insolvencias de personas o empresas; y otro paquete de hasta 35,5 millones no se podrá tampoco reintegrar debido a que el gabinete jurídico o el Consejo Consultivo han considerado que no procede reclamarlos.

El dinero reclamado

Bravo no fue capaz de decir una cifra total del dinero que se podrá recuperar porque no depende de él en realidad, sino de los diferentes procesos abiertos y de la situación en la que estén hoy las empresas implicadas. El consejero sí insistió en la voluntad de la Junta de poner todas las herramientas necesarias “para recuperar lo máximo posible”.

En total, según se extrae de los datos aportados por la Junta, siguen en reclamación otros 156,5 millones euros, que salen de estos conceptos: hay 20 expedientes a la espera de una sentencia, que suponen una cantidad global de 13,7 millones, a los que hay que sumar otros 96 expedientes por valor de 36,1 millones que la Consejería de Empleo reclama a sus perceptores tras declarar nulas las ayudas, otros seis expedientes que ascienden a 5,7 millones están en revisión de oficio. Y en el tribunal de cuentas siguen vivas reclamaciones por valor de 101 millones.

La suma de todas estas cifras, los 86 millones efectivamente malgastados, los 464 para los “prejubilados de buena fe”, y los 156,5 aún en reclamación da 706 millones de euros.

¿Por qué el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos puede pagar hasta 464 millones de euros entregados en base a un fondo considerado delictivo por la Audiencia de Sevilla? Porque el expresidente José Antonio Griñán en el año 2012 regularizó la situación de los prejubilados. A Bravo no le quedó más remedio que admitir, en la rueda de prensa, que desde ese año se pueden abonar las ayudas.

Además, Bendodo y Bravo manifestaron que trabajan para intentar no abonar ninguna cuantía a las defensas de los altos cargos penados, que la norma permite que las pague la Junta de Andalucía y agregaron que está en estudio la manera de pedir responsabilidades civiles a quienes resulten condenados en sentencia firme –la que hará el Tribunal Supremo– como vía para recuperar el dinero malversado.