MADRID.- Manuela Carmena, la candidata de Ahora Madrid, tiene prisa por buscar soluciones el mayor drama social de esta crisis económica: los desahucios, el desalojo por la fuerza de las familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda. Y tiene elaborado un plan para paliar el impacto social de esta medida extrema. Es más, sabe que funcionará, no en vano en su equipo está una de las personas que lo impulsó en el País Vasco en el año 2012 y que ha conseguido un 60% de éxito.

Magistrada de profesión, al día siguiente de las elecciones Manuela Carmena se armó con su móvil y llamó a su compañero de promoción Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para ir a verlo y contarle su plan. Acababa de finalizar la reunión de la sala de gobierno del tribunal y, ante sus excolegas, expuso de manera informal sus ideas. A todos les pareció viable, incluido a decano de Madrid, Antonio Viejo. A la salida, anunció por twitter la buena acogida de su proyecto entre sus antiguos compañeros jueces. Ahora falta que consiga la alcaldía para llevarlo a la práctica.

¿Qué esconde el plan de Carmena? Simplemente coordinación. Conocer a tiempo que se va a producir un desalojo y conseguir que las personas afectadas no se queden en la calle. Para ello se precisa que el juzgado comunique los casos de desahucio con el fin de que el ayuntamiento actúe con anticipación. Aunque el objetivo final del plan es más ambicioso: que los casos nunca lleguen a los tribunales porque se ha buscado una solución a las familias sobreendeudadas.

El plan que se baraja para Madrid pasa por crear una Oficina de Mediación Hipotecaria. Un equipo de economistas actuaría de mediadores entre las familias que van a ser desahuciadas y las entidades financieras. “No se trata de influir en la decisión del juez, que debe aplicar la legislación en sus resoluciones, sino que el juzgado avise con antelación para tener lista la red de apoyo a la familia afectada”, aseguran en fuentes de Ahora Madrid.

Economistas y censores jurados de cuentas actuarían de mediadores entre los afectados y los bancos para analizar cada caso y buscar salidas para los desahuciados

Para lograrlo, los especialistas actuarían como mediadores, para analizar cada caso con detalle y proponer soluciones a los afectados, a la entidad financiera y, si es necesario, al propio ayuntamiento de Madrid.

“Al principio se actúa sobre los casos más dramáticos, los desahucios que están en marcha, a los que hay que encontrar soluciones. Muchos pensarán que la oficina no funciona bien, porque hay muchos casos. Pero se irán dando soluciones a cada uno. Con el tiempo, lo ideal es que las familias afectadas acudan al servicio de mediación en cuanto vean que están sobreendeudadas, antes del primer impago de la hipoteca y, por supuesto, antes de que el banco presente la demanda”, resalta una de las personas conocedoras de la experiencia del País Vasco. Allí se ha llegado a conseguir la paralización del 60% de los desahucios con soluciones que llegan a proponer hasta los propios bancos.

Los pilares de la Oficina de Mediación Hipotecaria

El plan aplica la sensatez. Y tiene cuatro pilares, tres de ellos basados en la firma de convenios sencillos destinados a facilitar las soluciones particulares.

Por un lado, el Ayuntamiento propondría un convenio para que los jueces avisen de los casos que tienen en sus juzgados y donde el desahucio es inevitable. Esta propuesta de convenio sería propuesta por Carmena a la sala de gobierno del TSJ de Madrid, que preside Vieira, quien a su vez la elevaría al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. De esta manera se consigue un marco legal de actuación para que los juzgados alerten de estos casos de exclusión.

[Hasta ahora son los propios jueces –escasos- los que han buscado soluciones. Es el caso de una jueza de Madrid, que suspendió un desahucio hasta que los servicios sociales garantizaran una vivienda para los tres hijos menores y su escolarización].

El segundo pilar es la firma de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y cada entidad financiera con el fin de facilitar la búsqueda de soluciones. Para ello, se solicitaría de cada entidad el nombramiento de un interlocutor fijo para estudiar los casos de sus impagados.

Se propondría la mejor solución a cada caso

El tercer pilar es la creación de un convenio entre el ayuntamiento, el Colegio de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Estos especialistas serían los encargados de formar parte de la Oficina de Mediación Hipotecaria. Cada uno de los mediadores se encargaría de estudiar las condiciones y capacidad económica de las familias en riesgo de desahucio y de buscar la mejor solución para cada caso. También habría un mediador por cada entidad financiera.

Un cuarto pilar es el destino de pisos sociales para las familias que carezcan de recursos y cuyo desalojo sea inevitable.

Cuando se constituya el ayuntamiento, el equipo de gobierno estudiará la documentación real que existe en el ayuntamiento. La alcaldesa en funciones de Madrid, Ana Botella, no ha aportado una situación detallada de los pisos sociales, según fuentes de Ahora Madrid que estudia la documentación disponible para implementar este plan. También se desconoce el alcance real de la venta de este parque inmobiliario de pisos sociales a diversos fondos buitre.