MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado tras visitar durante tres horas el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche que es una institución que "no está preparada", motivo por el que el Ayuntamiento ofrece alternativas a este sistema, basadas en sistemas de semilibertad, como pisos tutelados donde haya un control sobre los inmigrantes.

"Se deberían cerrar", ha repetido la regidora, que ha reiterado la colaboración que ofrece el Ayuntamiento, en la línea de la que ya viene haciendo con el Samur y con el servicio de atención a la drogodependencia. Lo que propone el Consistorio es firmar posibles convenios "que mejoren la situación de los internos y buscar medidas alternativas en las que los jueces se puedan apoyar para no tener que hacer estos internamientos en tanto se tramitan los procedimientos" de expulsión.

Y es que de media, según datos aportados por los representantes policiales que han acompañado a la comitiva municipal, "solamente se consigue un 40 por ciento de deportaciones, lo que indica que en un 60 por ciento ha sido innecesaria la privación de libertad".

Pisos tutelados

Una de las posibilidades a los CIE existentes en otros países europeos son "situaciones de semilibertad, con unos controles por los servicios, de modo que cuando están listos los procesos de repatriación es cuando se toma la medida coactiva" pero no antes.

Para Carmena "el gran fracaso de esta institución es que aquí entran personas para ver si se consigue hacer la deportación y en muchos casos no se logra". La opción que plantea el Ayuntamiento pasa por pisos tutelados, con unos márgenes de libertad y con algunos controles, como se dan en procesos cautelares similares.

Carmena ha estado acompañada en la visita por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié; el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y la concejala-presidenta del distrito, Esther Gómez.

En el CIE ha podido hablar tanto con internos "que acaban de llegar en pateras, con su enorme dificultad para entender lo que está pasando" y con otros "que han cumplido condena pero que están aquí en trámite de expulsión". "Consideramos que en ambos casos es innecesario", ha indicado.

No han hablado con alguno de los internos que participaron en la protesta del pasado 18 de octubre pero sí con los que lo vieron, quienes les han transmitido cómo fue. "Los internos tienen una visión objetiva y dicen la verdad. Nos dicen que los médicos les tratan bien, que la comida es buena. Hablamos con un colectivo de ciudadanos privado de libertad pero eso no les resta objetividad porque si reconocen lo que hay de atención y positivo pues también tenemos que atenderlos cuando dicen lo que hay de negativo", ha razonado la alcaldesa.

Carmena ha destacado que le ha preocupado especialmente la situación de un matrimonio aunque la documentación "no coincide, está en árabe y no se entiende". La delegación municipal ha insistido en que la documentación no se puede comprobar a miles de kilómetros de distancia y que se les debe facilitar "lo que la ley exige, que haya posibilidad de mantener una convivencia familiar".

Cierre progresivo del CIE

La alcaldesa ha insistido en el acuerdo alcanzado en el Pleno de Cibeles gracias a los votos de Ahora Madrid y el PSOE para ir al cierre progresivo del CIE de Aluche, una resolución que contó con los votos en contra de PP y Ciudadanos. "No tiene sentido tener privados de libertad a personas que no han cometido delito y que están aquí exclusivamente esperando que se tramite el procedimiento de expulsión", ha añadido.

"Es una institución que no está preparada", ha declarado Carmena echando mano a su experiencia como jueza visitando centros penitenciarios. "En muchos casos las condiciones físicas, organizativas, de servicios de los CIE están por debajo de lo que sería un centro penitenciario, unido a muchas privaciones de la libertad que en un contexto insuficiente de medios resulta más preocupante", ha remachado.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha descrito una situación "en la que hay personas injustamente privadas de libertad porque los jueces deberían tener otros instrumentos, unas alternativas al internamiento de personas que no deberían estar ahí". Es por eso que la propuesta que se aprobó en el Pleno fue "razonable y razonada", sobre todo porque "es el momento de plantear alternativas a esta situación".