En la inauguración, este lunes, del nuevo año judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha realizado un enérgico alegato de la independencia judicial, precisamente cuando la renovación del CGPJ --en funciones desde diciembre de 2018-- parece imposible por la oposición del PP. "Urge por el bien de todos que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación".

Lesmes no ha querido posicionarse sobre si la elección de los veinte vocales del CGPJ debe seguir en manos del Parlamento o si deben ser los jueces y juezas los que elijan a sus representantes, como ahora pide el PP.  El presidente del Supremo ha pedido, eso sí, que se proceda de inmediato a la renovación para cumplir el mandato constitucional. "La cuestión que tradicionalmente ha resultado más controvertida en el ámbito de nuestro Consejo es la del sistema de elección de los vocales, ante la ambigua redacción constitucional. Sin necesidad de entrar en la misma, quiero poner de manifiesto lo que es más relevante: el Consejo General del Poder Judicial, desde su inicial constitución en 1980, ha cumplido, a lo largo de las últimas cuatro décadas, su misión constitucional de garantizar la independencia judicial". 

En un aviso claro a Pablo Casado, presente en el acto, Carlos Lesmes ha insistido en que la renovación del CGPJ debe ser urgente: "El Congreso de los Diputados y el Senado, instituciones a las que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan a día de hoy el nombramiento de los Vocales, están obligados a respetar ese plazo. Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento". 

Lesmes ha calificado claramente de "incumplimiento de la legalidad" la no renovación del gobierno de los jueces, tras más de dos años y medio con su mandato caducado. "La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos". 

Once vacantes sin cubrir

También ha realizado el presidente del CGPJ alusiones al Gobierno, duras, por cierto. Se ha referido a la limitación de funciones del CGPJ cuando está en funciones. "Ha venido a agravar la situación la reciente Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se establece el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Durante los últimos seis meses, aunque el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, lo cierto es que no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal. No en vano, a estas alturas son once las vacantes sin cubrir, de una planta de 79 magistrados, por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo".

Era de esperar que el presidente del Supremo se refiriera a los indultos a los líderes del 'procés' en su discurso del nuevo año judicial y así ha sido. "La labor
de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho -especialmente desde algunas instancias políticas- cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado. Sirva de ejemplo lo ocurrido recientemente, con ocasión del ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado determinados dirigentes políticos condenados por este Tribunal Supremo, cuando se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas. 

"La justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el
instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la
convivencia pacífica entre los ciudadanos", ha matizado Lesmes.