MADRID.- La familia Carceller, accionistas de cervezas Damm, Rodilla y Cacaolat, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción con el que pagarán 93 millones de euros de multa por fraude fiscal y eludirán ingresar en prisión.
El acuerdo con la Fiscalía, alcanzado este lunes, será materializado el próximo jueves en una sentencia de conformidad que condena al patriarca -Demetrio Carceller Coll- y a su hijo -Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm-, a unas penas de prisión inferiores a dos años por lo que ninguno ingresará en la cárcel.
A cambio, los Carceller aceptan pagar 93 millones de euros a Hacienda para satisfacer su deuda con el fisco y las multas correspondientes, y admiten en la sentencia de conformidad que tejieron una red para eludir el pago de impuestos a Hacienda y fingir que vivían fuera de España.
El acuerdo será firmado el jueves, 8 de septiembre, en la sede de la Audiencia Nacional a las puertas del juicio convocado a las 9:30 horas. Ambos evitarán así la vista pública y su ingreso en prisión a cambio del pago de la millonaria multa y la sentencia de condena que aceptan.
Más de 48 años de cárcel
La Fiscalía pedía para el patriarca de la familia un total de 48 años y medio de prisión por trece delitos fiscales y un delito de blanqueo de capitales, mientras que la condena para su hijo hubiera ascendido a 14 años de cárcel como cooperador necesario de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.
En el mismo caso figuraban José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen, abogado del despacho Petrus de Barcelona.
El juez Pablo Ruz reabrió el caso en 2013 y les procesó por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales. En concreto, el juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio, cantidad que con los intereses de demora ascendía a 102,8 millones de euros.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Carceller Coll habría ocultado "cuando menos desde 1990" sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública, simulando residir en Portugal y Reino Unido para que fuese considerado como no residente.
Debido a esta presunta evasión fiscal, el juez instructor impuso unas fianzas a los Carceller de 764,6 millones de euros como caución para atender a las multas y al pago de los impuestos eludidos: 511 millones para Demetrio Carceller padre, y en 253,6 millones para su hijo. El patriarca vio bloqueados sus bienes por valor de 400 millones de euros en 2010.
La Audiencia Nacional ya había retrasado el juicio en dos ocasiones -junio de 2015 y abril de 2016-, la última debido al estado de salud de Carceller Coll.
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