El expresidente valenciano Francisco Camps ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzgará por los contratos adjudicados por su Gobierno, supuestamente de forma irregular, a Orange Market -una de las empresas de la trama Gürtel- que no tenga en cuenta la cascada de confesiones realizadas por algunos acusados, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa, a la hora de juzgar su presunta implicación en los hechos. 

La defensa de Camps recordó a la Sala de lo Penal, en un escrito del pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan sin que puedan condicionar al resto de acusados.

En consecuencia, recalca que, en los acuerdos sellados entre la Fiscalía Anticorrupción y otros acusados, "todo aquello que resulten referencias a terceros que excedan del simple allanamiento (a la acusación formulada) deberá ser tenido por no depuesto".

Camps reacciona así a la serie de pactos alcanzados entre Anticorrupción y los arrepentidos, que comenzaron a cerrarse en junio y han seguido cristalizando hasta este mismo septiembre.

Las confesiones empezaron a llegar poco después de que la Audiencia Nacional pusiera fecha para la vista oral que entre el 17 de enero y el 23 de mayo del próximo año juzgará las presuntas irregularidades en la concesión a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Cabe recordar que Camps es el principal acusado en esta pieza separada número 5 de Gürtel. El Ministerio Público pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular del PSOE eleva su petición a 9 años al añadir tráfico de influencias.

Correa: "El máximo responsable soy yo"

Entre los conformados destaca Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel. En su caso, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

"El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo", escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio.

En él, se atribuye la idea de crear Orange Market para "obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias 'El Bigotes') inició con Paco Camps".

Correa cuenta que "presionaba constantemente a Álvaro" porque "el 90% de los contratos" de publicidad, comunicación y eventos se adjudicaban a Global, una empresa que "trabajaba desde la época de Eduardo Zaplana". "También recuerdo que Iñaki Urdangarín nos arrebató a través de su fundación varios eventos, no sin antes previa llamada del rey emérito", añade, matizando que toda esta información se la proporcionaba 'El Bigotes'.

Asegura que, tras su "continua exigencia" a Pérez, cambiaron las tornas y el Gobierno valenciano les confió "algunos eventos", como los que componen esta pieza separada, conocida también como de 'contratos menores'. Detalla que el 'número dos' de Gürtel, Pablo Crespo, se ocupaba de la facturación e Isabel Jordán, de producción y montaje.

Recalca que su "extensa declaración" sirvió para condenar al PP y que, como consecuencia de la tormenta desatada, Pedro Sánchez llegó a Moncloa, planteándose qué habría obtenido "de haberlo negociado 'a priori'".

Camps debe "sus mejores momentos a 'El Bigotes'

Por su parte, Crespo reconoce en su escrito que estaba a cargo de la "supervisión contable y financiera del grupo de empresas" de Gürtel, teniendo "información puntual y periódica de las actividades de Orange Market".

Crespo afirma que todos actuaban "siguiendo las instrucciones u órdenes" que él "transmitía" en materia de facturación. "Pues, salvo en las cuestiones administrativas internas del día a día, no daban un paso sin contar con mi aprobación previa", resume.

El 'número dos' expresa su "arrepentimiento sincero" por el "daño económico" de sus delitos, aseverando que destinará "hasta el último céntimo de sus bienes para reparar el daño causado a las entidades públicas lo antes posible".

Jordán, la considerada como administradora de las empresas de Gürtel, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le "exigía y daba las instrucciones" era Crespo, en ningún caso Correa. "Jamás me dio indicaciones", aclara. La acusada también da extensos detalles sobre Camps y 'El Bigotes', a quien el ex presidente valenciano debía "sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable".

Y es todavía más explícita sobre el papel de Pérez y su relación con Camps al manifestar que "durante los años 2004 a febrero de 2009, todos y cada uno de los eventos que el Partido Popular tenía que organizar" corrían de la mano de 'El Bigotes'.

Álvaro Pérez "conseguía los trabajos"

El gerente de Orange Market, Cándido Herrero, también ha llegado a un acuerdo de conformidad reconociendo su participación en la trama Gürtel. Según admite, "asistía a reuniones con diferentes funcionarios" para "concretar" los trabajos de cada uno de los eventos y "confeccionar los presupuestos".

Señala directamente a 'El Bigotes' como quien "conseguía los trabajos". También expone que "en Orange Market no se enviaba presupuestos o una factura si no había sido ordenado por Pablo Crespo", mientras que la contabilidad correría a cargo de Ramón Blanco Balín.

Herrero subraya que tras su ingreso en prisión empezó a estudiar Criminología y que ahora es "más consciente" de su culpa, por lo que incide en que está "arrepentido". Así, acepta 7 años y 11 meses de prisión por tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación, y multa por 582.500 euros.

Los contratos menores

Por último, la ex directora general del Libro Silvia Caballer reconoce que acordó con 'El Bigotes' contratar a Orange Market para el 'II Congreso Software Libre', celebrado en Castellón en mayo de 2005.

Admite que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que "pudieran ser tramitados como contratos menores".

Y para "minimizar" costes reconoce contactos con diez entidades para que patrocinaran el evento, así como con Proyecto Cultural Castellón para que lo "coorganizara", facturando unos 63.000 euros.