A las más de cien acciones de hostigamiento que se producen cada año contra las mujeres que acuden a clínicas para someterse a un aborto, según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), hay que sumar el frente judicial como parte de la campaña de la ultraderecha contra los derechos de las mujeres. 

La asociación ultracatólica Abogados Cristianos protagoniza en exclusiva la ofensiva judicial contra las clínicas que practican abortos. En los últimos años, la entidad presidida por la letrada Polonia Castellanos ha interpuesto un total de 24 denuncias contra diferentes centros, englobados en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). De esas 24 denuncias, sólo queda vivo un procedimiento en la actualidad. Se trata del recurso de ACAI en el Tribunal Supremo contra la condena de la Audiencia Provincial de Oviedo que daba la razón a Abogados Cristianos en su denuncia de que la asociación de clínicas exhibía "publicidad engañosa" en su web al asegurar que el aborto no deja secuelas. En primera instancia, la denuncia de Polonia Castellanos fue archivada en un juzgado de Gijón.

José Antonio Bosch, abogado de ACAI, confía en que el Supremo mantenga su doctrina en este asunto. El pasado mes de abril, el Alto Tribunal inadmitió a trámite el recurso de Abogados Cristianos y dio la razón a la Consejería de Salud del Principado de Asturias y a las clínicas Belladona y Buenavista, pertenecientes a ACAI, manifestando que la información de estos centros sobre la interrupción voluntaria del embarazo es correcta, ajustada a los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología. 

En su particular cruzada contra el aborto, además de esta batalla, Abogados Cristianos ha perdido otra en el Supremo. En diciembre de 2020 la Sala de lo Civil desestimó el recurso de la entidad ultra contra la sentencia de la Audiencia de Valladolid que absolvía a la activista Blanca Cañedo, vocal de ACAI, de un delito contra el derecho al honor por unas declaraciones en una entrevista en las que aportaba su opinión sobre los grupos anti aborto. La Audiencia había revocado la condena de un juzgado de Valladolid que estimaba que Cañedo había vulnerado el honor de Abogados Cristianos y la condenaba a una indemnización simbólica de un euro. El Supremo condena a costas a la asociación de Polonia Castellanos: 11.000 euros, que aún no ha hecho efectivos. 

Abogados Cristianos ha impugnado las costas. Plantea al Supremo pagar como honorarios del abogado de ACAI 0,03 euros en vez de los 11.000, en base a que la indemnización que se fijaba para Blanca Cañedo era un euro, según ha podido saber Público. Respecto a su otra condena en el Supremo, Castellanos también impugna las costas, alegando, entre otras cuestiones, que son "una asociación sin ánimo de lucro". 

Además de acudir a los juzgados desplegando un 'lawfare' o batalla judicial contra la ideología progresista, Abogados Cristianos también recurre a la Administración para arremeter contra los centros sanitarios que practican abortos. De las 17 denuncias ante diferentes Consejerías de Sanidad sólo fructificaron las interpuestas en la Comunidad de Madrid, que abrió expediente a seis clínicas, en 2018, por "publicidad engañosa". 

Las denuncias de las mujeres acosadas no prosperan

La proposición de ley orgánica presentada por el PSOE este miércoles en el Congreso para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir voluntariamente su embarazo es la respuesta a una histórica demanda de las clínicas, que deben soportar el constante hostigamiento de grupos provida a sus puertas. "No hemos conseguido jamás que nadie pague por los daños ocasionados en las fachadas de los centros, que son empapelados, pintados con grafitis contra el aborto, vandalizados, en una palabra", explica el abogado José Antonio Bosh, que indica que una clínica de Madrid ha interpuesto en el último año y medio 15 denuncias por destrozos y la presencia intimidatoria de individuos, pero todas se han archivado por falta de autor conocido de estos hechos. También es esta la razón por la que las escasas denuncias de mujeres acosadas cuando acudían a las clínicas caen en saco rato. 

"Que yo sepa ha habido denuncias, muy pocas, en Madrid, Albacete y Málaga, de mujeres que se han visto increpadas o coaccionadas cuando iban a las clínicas a interrumpir su embarazo --dice Bosch-- y siempre se archivan porque el autor o los autores son desconocidos". A veces la Policía acude a las puertas de las clínicas, alertada por los centros o las usuarias, ante la campaña de los grupos antiabortistas. "Depende de la sensibilidad del delegado del Gobierno. A veces manda a la Policía y les pide la documentación, nada más se puede hacer. Que vaya la Policía ayuda a que se disuelvan", dice el letrado de ACAI.