El caso español destaca en la Unión Europea por su poca tradición en las reformas constitucionales. Desde que se aprobó la Carta Magna actual en 1978, nuestro país solo ha llevado a cabo dos modificaciones. Ambas, además, en clave europea. En 1992 para poder firmar el Tratado de Maastricht y en 2011 para añadir, en plena crisis financiera, el principio de "estabilidad financiera". En otros países del bloque comunitario como Alemania o Austria superan la media centena.

El Gobierno comandado por José Luis Rodríguez Zapatero modificó el artículo 135 en 2011 a consecuencia del yugo y la presión máxima de Bruselas, que exigía blindar el pago de la deuda pública como prioridades y condiciones sine qua non de los presupuestos nacionales. Dos décadas atrás, la incompatibilidad del artículo 13.2 con los tratados europeos forzó la primera modificación de la Constitución española, consumándose por unanimidad. 

Cualquier reforma precisa de la aprobación de 3/5 del Congreso y el Senado. El hecho de que en 45 años solo se hayan producido dos se explica en parte por la dificultad para consumar esta mayoría parlamentaria y por la poca voluntad política. A todo ello se suma la escasa flexibilidad del proceso, que es muy rígido y complejo, especialmente para reformas de calado.

Aun con todo, la mayoría de partidos políticos llevan en sus programas su deseo de efectuar cambios. El PSOE, por ejemplo, con la intención de proteger el medioambiente. Mientras que en Unidas Podemos abogan por caminar hacia una Constitución feminista o cambiar el proceso de nombramiento de los letrados del Consejo General del Poder Judicial, que va camino de su sexto año de bloqueo por las diferencias de los dos principales partidos. 

Con las negociaciones sobre la investidura y la formación de Gobierno en marcha, se abre el debate del cambio constitucional para dar entrada a exigencias como las demandas por los independentistas.

Junts per Catalunya ha dejado claro, en palabras del propio Carles Puigdemont, que el objetivo final de un apoyo a un Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez pasa por el referéndum de autodeterminación. Algo prohibido por la Constitución española, ya que entraría en contradicción con el principio de indisolubilidad de la unidad de España.

Esto se ha convertido en una de las principales banderas de la campaña mediática y política de la derecha. Y en una de las patatas más calientes en las negociaciones vigentes para formar Gobierno. 

España dos, Alemania setenta

Las reformas constitucionales son un proceso mucho más normalizado y habitual en los países vecinos. España es uno de los países menos enmendados del continente. Escenario opuesto a Alemania, que ha consumado 50 enmiendas en su Ley Fundamental -se llama así porque tenía carácter provisional- en los últimos 20 años y 70 en su historia.

Por ejemplo, en 2017 Berlín modificó el reparto fiscal regional para aplacar las diferencias entre los landers más ricos y los más pobres. Caminó así hacia una mayor centralización en la que el Estado asumía más competencias políticas y más carga presupuestaria. Además, tras el estallido de la guerra en Ucrania, el país dio un giro de 180º en su histórica política de no beligerancia y modificó el texto para permitir su participación en misiones en el exterior y llevar a cabo su mayor estrategia e inversión de rearme desde la Segunda Guerra Mundial. 

Por proximidad geográfica y temporal, la Constitución portuguesa sería el caso más similar al español. Los lusos la pusieron en marcha en 1976. Pero, a diferencia de nuestro país, sí han acometido reformas de peso. Siete durante estos cerca de 50 años. Una de las más importantes fue la de 1982, que enterró el Consejo de militares de la Revolución.

Tras años sin tocar el texto, el debate de reformas ha regresado al centro de la política lusa impulsado en buena parte por la iniciativa de la ultraderecha de Chega, que lleva en su programa medidas como incluir la castración química para los violadores en la Constitución nacional. 

De entre los países grandes, el caso español es la excepción. Además del caso germano, desde 1958 Francia ha enmendado su texto en 24 con la intención de, por ejemplo, aumentar el poder y competencias del jefe de Estado, según recoge Newtral. Desde 1947, Italia ha consumado 14 cambios constitucionales. Bélgica, 33 o Países Bajos, 25. Solo Rumanía estaría peor que España, con una reforma a su carta en 1991. 

Suecia, cuya Carta Magna vio la luz en 1974, ha revisado sus leyes fundamentales hasta en 34 ocasiones. La última para poder endurecer las leyes antiterroristas en el marco de la presión creciente de Turquía, que desbloqueó la entrada del país a la OTAN cuando obtuvo concesiones con políticas más duras de los nórdicos hacia los kurdos.

El país, que también cuenta con un proceso muy garantista y complicado para aprobar cambios, se plantea en estos momentos una revisión constitucional por las quemas del Corán que llevan meses inflamando las calles.