No han pasado ni dos meses desde que Jaume Collboni fue investido alcalde de la capital catalana gracias a los votos del PSC -su partido-, Barcelona en Comú y PP, pero algunas de las primeras medidas que ha aprobado su gobierno ya han servido para marcar perfil propio y alejarse de su antecesora, Ada Colau.

Un hecho lógico si se tiene en cuenta que el programa electoral del PSC de cara a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo era notablemente diferente al de los Comuns, con una clara apuesta por reducir las regulaciones turísticas, impulsar los grandes acontecimientos, defender la ampliación de grandes infraestructuras y limitar la expansión de las superilles. A la vez, también suponen enmendar parcialmente la actuación de un gobierno -el de Colau- del cual el propio Collboni era el primer teniente de alcaldía.

También ha habido medidas continuistas, como por ejemplo mantener las obras ya en marcha, la limitación de grupos turísticos en Ciutat Vella o tirar adelante la reforma de la Ronda Sant Antoni tal como se había acordado. Gestos que se pueden interpretar como muestras en complicidad con BComú, que a través de la misma Colau ha instado a Collboni a que en septiembre les concrete una propuesta para integrarse en un gobierno de coalición, que con su entrada pasaría de 10 a 19 concejales, a sólo dos de una mayoría absoluta de 21. Una cifra que podría lograrse con el ingreso de ERC, una posibilidad que su líder barcelonés, Ernest Maragall, no descarta. Repasamos los principales cambios y continuidades de las primeras semanas de la alcaldía de Collboni.

Supresión del urbanismo táctico

Esta misma semana se ha anunciado el que, hasta ahora, es el último cambio con relación al anterior mandato: el final del urbanismo táctico en la calle Pelai. El gobierno ha decidido añadir aparcamientos de bicicletas, motos y nuevos espacios para la carga y la descarga de los comercios en las áreas hasta ahora reservadas para peatones. Según la primera teniente de alcaldía y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, la razón de la modificación es que los peatones no hacían mucho uso de estos espacios y que han decidido dar respuesta a la demanda de más plazas de estacionamiento en el centro de la ciudad.

El cambio ha estado muy criticado por BComú, que a través de la concejal Janet Sanz, titular de Urbanismo el anterior mandato, ha manifestado que esta intervención es un "retroceso" en el modelo de ciudad y no le ve sentido más allá de las "gesticulaciones" del gobierno de Jaume Collboni: "No tiene rumbo ni modelo de ciudad".

No es el único cambio en materia urbanística. Hace tres semanas, el gobierno anunció que no tiraría adelante el proyecto para hacer cuatro "ecochaflanes" en la calle Aragó, a través de actuaciones de urbanismo táctico en las esquinas. El proyecto estaba incluido en los presupuestos participativos y pretendía hacer ganar espacio a los peatones con actuaciones provisionales en los chaflanes de Aragó con las calles Viladomat, Comte d'Urgell, Nàpols y Entença.

Para el distrito del Eixample, la intervención implicaba pérdida de espacio ocupado por servicios, como contenedores y plazas de carga y descarga, que son difíciles de resituar. También en este caso los Comuns han lamentado la decisión, una crítica que ha compartido la entidad el Eixample Respira, para quien supone "despreciar" la participación ciudadana.

En cambio, sí que se mantienen las diversas obras municipales que había en marcha, si bien el gobierno no descarta hacer "ajustes" si lo considera pertinente. En este sentido, siguen adelante los trabajos para hacer un carril bici en la Via Augusta, firmemente defendido por los colectivos en defensa de la movilidad sostenible y, por el contrario, atacado por el RACC, principal exponente del lobby automovilístico en la ciudad, con el argumento que genera retenciones.

La reforma de la ronda Sant Antoni, encaminada a su pacificación reduciendo la presencia del tráfico privado, también tirará adelante como se había aprobado. En este caso se trata de la principal rectificación en materia urbanística del gobierno de Collboni, puesto que el PSC había votado en su contra en el anterior mandato, a pesar de formar parte del gobierno de coalición, y había prometido que la revertiría en los primeros 100 días de mandato. Hace un mes rectificó, cosa que celebraron los Comuns, para quienes el proyecto garantiza "más espacios para las personas, más espacios para hacer vida".

A medio camino, en cambio, se ha quedado la modificación de la limitación de 30 km/ en los entornos escolares. Collboni no la ha eliminado completamente, sino que seguirá aplicándose cuando los centros estén abiertos y, en cambio, la limitación llegará a los 50 km/h cuando estén cerrados. Durante agosto, con las escuelas cerradas, la velocidad máxima de circulación, por lo tanto, se sitúa en 50 km/h, mientras que a partir de septiembre se situará en 30 de lunes a sábado desde las 7h hasta las 22h, y por las noches, domingos y festivos se elevará en 20 km/h.

"Flexibilizar" la reserva del 30% de vivienda social

El primer pleno municipal del mandato, celebrado el 28 de julio, sirvió porque se aprobara un incremento del 4% del sueldo del alcalde, de todos los concejales y de los consejeros de distrito, además de una mejora del 5% de la retribución de los gerentes municipales. La subida supone que Collboni pasará a ganar 104.000 euros anuales. El alza se aprobó con los votos de PSC, Junts y PP, mientras que BComú votó en contra. Para los Comuns es un "incremento innecesario" y la ciudad "tiene otras prioridades".

En el ámbito turístico, de momento el nuevo ejecutivo local ha decidido prorrogar durante un año el decreto que limita los grupos turísticos en Ciutat Vella a un máximo de 20 personas, así como restringe el número máximo de grupos en espacios saturados y prohíbe el uso de altavoces.

En cuanto al Plan de regulación de los hoteles, el Peuat, Collboni ha asegurado que descarta revisarlo para permitir la apertura de nuevos establecimientos en el centro de la ciudad, a pesar de que se ha mostrado dispuesto a "hablar de alguna excepción". Así mismo, ha recordado que las zonas 3 y 4 de la ciudad que establece el Peuat -las más alejadas del centro- sí que permiten el crecimiento de establecimientos hoteleros y, según él, pueden asumir 4.000 nuevas plazas. De hecho, pese a las restricciones, entre la llegada de Colau a la alcaldía -el 2015- y el 2021 -último año con datos disponibles-, en conjunto Barcelona ganó 7.600 camas hoteleras, pasando de 67.600 a más de 75.200.

Donde sí que se divisa un cambio notable es en materia de vivienda, donde el alcalde ya ha apuntado que en otoño quiere llevar al pleno la propuesta de "flexibilizar" la reserva del 30% de promociones inmobiliarias para vivienda social. Collboni defiende que la reserva física de los pisos se pueda sustituir por un pago, lo que según él permitiría incentivar la inversión privada y, a la vez, que con los recursos obtenidos el Ayuntamiento compre solares o edificios para hacer vivienda asequible.

Los Comuns se oponen al cambio -que podría tirar adelante con los votos de Junts-. Según Lucía Martín, la anterior concejal de Vivienda, la de Collboni "es una apuesta por la segregación social y por el blindaje de los beneficios millonarios del sector inmobiliario".

Finalmente, el dirigente socialista quiere modificar a corto plazo la ordenanza del civismo, con un incremento de las sanciones y una mayor presencia policial en las calles. Si bien los Comuns están abiertos a hablar sobre conductivas incívicas vinculadas a la masificación turística, se oponen a endurecer la persecución de colectivos vulnerables, como los manteros -o vendedores ambulantes-, que ya se ha empezado a producir las últimas semanas.