"Se rumorea, se rumorea en el partido", "es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto" y "son comentarios y rumorología a nivel de militancia sobre todo militancia", son algunas de las confesiones que el exabogado de Podemos José Manuel Calvente realiza en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, cuándo este le pregunta por su nivel de conocimiento de las presuntas irregularidades en la gestión de la formación morada que incluye en su denuncia.

El inicio de la instrucción, en la que Podemos está formalmente imputado al haber optado el juez por esa figura para que se personara en la causa con el fin de que sus abogados pudieran asistir a la declaración de Calvente, ha dado lugar a una tormenta mediática y política en la que el PSOE ha cerrado filas con su socio de Gobierno mientras PP y Vox lanzaban sus tradicionales proclamas sobre el populismo y contra el ejecutivo.

La investigación, en la que de entrada el juez descarta la existencia de delitos como la financiación ilegal y el blanqueo de capitales, incluye tres líneas: las obras de la sede del partido, el manejo de la Caja de Solidaridad, el posible pago de kilometrajes y dietas excesivos a algunos dirigentes y empleados y, por último, los contratos con las empresas de comunicación y consultoría La Neurona y ABD Europa para las últimas elecciones y la vinculación con la primera de esas empresas de Juan Carlos Monedero.

Rumores y fuentes sin identificar

La tormenta mediático-política se mantiene a pesar de que tras la criba inicial el magistrado ha centrado las pesquisas en la eventual comisión de, únicamente, dos delitos como los de administración desleal y de malversación que, en caso de existir, solo podrían tener a Podemos como víctima y en ningún caso como autor.

En la causa, abierta tras la denuncia de Calvente, despedido en diciembre de la formación morada, para la que llevaba cinco años trabajando como asesor jurídico, hay seis personas imputadas. Se trata de Juanma Olmo, responsable de Comunicación de Podemos; Daniel Frutos y Ricio Val, tesorero y gerente, respectivamente; la administrativa del departamento de Compras Andrea Deodato y E. C. H. y E. L. H., responsables de la empresa Neurona.

Las alusiones a los rumores y la atribución de comentarios de miembros de la organización sin identificar como fuente de algunos de los episodios que incluye en su denuncia son frecuentes en las respuestas de Calvente a las preguntas del juez.

“Eso me dicen, yo no lo he visto”

Las utiliza, entre otros aspectos, para aclarar su grado de conocimiento acerca del supuesto cobro de comisiones por Juan Carlos Monedero por la contratación de empresas y, también, sobre el presunto desvío de dinero de la Caja de Solidaridad que recoge el 15% de las aportaciones de los cargos públicos de la organización.

"Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto", señala cuando el juez le plantea que "usted afirma que la persona que intermedió y se llevó una comisión fue Monedero". En este caso, señala como fuente al anterior gerente del partido, aunque con el matiz de que el origen de esa información está en qu "se rumorea, se rumorea en el partido".

Ocurre algo similar cuando el magistrado se interesa por una salida de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad. "Volvemos a lo de siempre: hay gente que viene a decir que se están manejando fondos de esta caja de forma opaca. Son comentarios y rumorología a nivel de militancia", indica Calvente.

Sin embargo, el denunciante pasa de la ambigüedad al desconocimiento cuando el juez trata de profundizar en este asunto. "No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo lo que digo es que no sé si llegaron a pagarse. A lo mejor se bloquearon y no llegaron a pagarse", responde cuando el magistrado le lanza esta pregunta: "¿Usted plantea que esos 50.000 euros no fueron a una organización algunos de los fines que prevé la Caja de Solidaridad, sino que terminó en dirigentes o empleados de Podemos, no?".

Un testimonio recuperado tras su extravío parcial

La declaración de Calvente, parcialmente extraviada por el juzgado y hallada este miércoles tras solicitar su entrega Vox, que ejerce la acusación popular, y después de que Podemos solicitara la nulidad de la causa por la indefensión que le provocaba esa situación, incluye una amplia variedad de afirmaciones de ese carácter.

Una de las más llamativas se produce cuando, tras preguntarle el juez por los supuestos "contratos simulados de la campaña electoral" del 28-A a los que se refiere en su denuncia, Calvente matiza su posición: "Podrían ser simulados, tampoco es que lo afirme categóricamente, porque no dejan de ser una serie de indicios", declara.

Las explicaciones del exletrado de Podemos incluyen alusiones a datos que el anterior gerente habría obtenido de militantes mediante relaciones de confidencialidad y también a "personas que anónimamente" se dirigieron a otra integrante de la asesoría jurídica del partido que fue despedida junto con él.

Por último, Calvente se incluye, entre "las personas, entre comillas, decentes del partido" que hace unos meses "empiezan a ser purgadas por esta camarilla de gente que quiere aprovecharse de sus cargos para abusar". "Se han quedado cuatro y están protegiéndose a sí mismos, es que es así de sencillo", añade. La lista incluye a Gloria Elizo, que en esta legislatura es vicepresidenta tercera del Congreso.