La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado entre los documentos intervenidos en registros relacionados con el caso Lezo (luego separado en el caso Púnica) cinco facturas que han servido a los investigadores para trazar las líneas maestras de una supuesta contabilidad B en el PP madrileño liderado por Esperanza Aguirre.

Según informan este sábado El Confidencial y El País, los documentos fueron localizados en abril de 2017 en la sede de Indra, la multinacional tecnológica que parece haber jugado un papel clave en esta trama. Según la investigación de la UCO, el PP madrileño usó fondos públicos para sus campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, campañas en las que se superaba de manera “dolosa y sistemática” los límites de gastos fijados legalmente, según los informes a los que ha accedido El País.

Los papeles intervenidos han servido a los investigadores para identificar las cuentas bancarias por las que supuestamente habrían pasado casi 700.000 euros que acabaron en la presunta caja B del partido en Madrid, después de saltar por hasta siete "sociedades orbitales" que pertenecían a empresarios afines a al partido conservador. La UCO apunta nuevamente al expresidente Ignacio González, el delfín de Aguirre, como piedra angular de este entramado, no sólo por que era el número dos del partido sino también el responsable de campaña de PP madrileño.

En las facturas mencionadas, los investigadores han localizado números de cuenta escritos a mano, números desconocidos hasta ahora de los que la UCO sospecha que fueron utilizadas para mover el dinero de las supuestas mordidas y dificultar el seguimiento de su rastro, según El País.

En el informe de las UCO citado por ambos periódicos, los investigadores habrían encontrado pruebas que refuerza las sospechas sobre el entramado utilizado para “enmascarar gastos electorales” por parte del PP mediante un sistema de pagos a través de empresas pantalla.

Según El País, "los investigadores se centraron en analizar de manera pormenorizada las relaciones entre Indra Sistemas y un grupo de empresas que a lo largo de la investigación habían salido relacionadas con el supuesto pago irregular de actos electorales de los populares en Madrid. En concreto, mercantiles en las que figuraban como socios o administradores los empresarios Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echevarría, este último publicista y proveedor habitual del PP en periodos electorales".

Este hallazgo ha llevado al instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, a ordenar a diferentes entidades bancarias que faciliten los movimientos de un total de ocho depósitos.