"No se ha hecho justicia. Estos dos terroristas colaboraron, poniendo su grano de arena, en la preparación de los atentados del 17A. Son cómplices de todos los asesinatos y lesiones que causaron sus compañeros de célula", clama Yolanda Ortiz, víctima del atentado en la Rambla de Barcelona, el 17 de agosto de 2017. Esta mujer ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional, cuyo ponente fue el juez Alfonso Guevara, y que condena a Mohamed Houli y Driss Oukabir a 53 y 46 años respectivamente por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos, pero les absuelve de los 16 asesinatos y 320 heridos, tanto físicos como con secuelas psicológicas, al no haber participado personalmente en 

Junto con Yolanda, otras 73 víctimas personadas en la acusación popular que representan la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo  (UAVAT) y la Asociación 11 M Afectados del Terrorismo se suman al recurso redactado por el abogado Antonio García. "La participación de Houli y Oukabir resultó imprescindible para la consumación de los atentados y hay pruebas de ello. Pedimos que se devuelva a la Sala una parte de la sentencia para el enjuiciamiento de hechos que el fallo no recoge, como es la participación de los condenados en los sucesos de Las Ramblas y de Cambrils", explica García.

El letrado indica que los dos terroristas no han sido finalmente juzgados por los atropellos en Las Ramblas, que provocaron 15 muertos y 258 heridos;  ni por el atentado en Cambrils (Tarragona), en el que atropellaron a seis personas y apuñalaron a dos, uno de ellas falleció, un acto terrorista que dejó un total de 21 heridos. "El juez hace una pirueta jurídica y no entra a valorar, porque dice que como en el auto de procesamiento no se les acusó por esos delitos, la Sala no puede entrar a valorar esos hechos. Lo que pedimos es que enjuicie esos hechos, porque lo que ha hecho la Sala es una incongruencia omitiva, y que los sentencie como cómplices de los asesinatos", dice Antonio García. 

Roberto Manrique, asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), recuerda que en las sentencias contra miembros de ETA, "se condenaba a los colaboradores de los comandos con las mismas penas que a los autores materiales". 

En su recurso, recuerda que esta acusación popular admite el relato de hechos probados y "se felicita de que la Sala haya reconocido como víctimas del terrorismo a todas las víctimas de todos los escenarios de los atentados", pero  "esto es insuficiente porque deja imprejuzgados los delitos por los que se acusó a Houli y Oukabir". Esta acusación pide condena permanente revisable para ambos terroristas. 

Yolanda y su familia

Casualidad, fatalidad... Sea como fuere, aquel 17 de agosto Yolanda Ortiz, su madre, su hijo, de 10 años, y su hija, de 4, viajaron desde su pueblo, muy cerca de Ripoll (Girona), donde se planificaron los atentados, hasta Barcelona para pasar un día de asueto. Lo que no sabía esta familia era que vecinos suyos de Ripoll también habían decidido ir a Las Ramblas para provocar el máximo número de muertes. "Yo les conocía de vista, pero mi madre, que trabaja en una tienda de segunda mano, conocía al imán de Ripoll --Abdelbaki Es Satty, muerto en la explosión en el chalé de Alcanar--, iba mucho por la tienda", dice Yolanda. 

Yolanda, su madre y su hijo Iván están diagnosticados de estrés postraumático y han sido reconocidos como víctimas en la sentencia de la Audiencia Nacional por el 17A. La furgoneta blanca conducida por su vecino Younes Abouyaaqoub --días después murió al ser abatido por la Policía-- se quedó a un palmo de llevarse por delante a esta familia. "Salíamos del Mercado de la Boquería y vimos una avalancha de gente que venía hacia nosotros. No sé cómo pude reaccionar tan rápido, fueron segundos; cogí a mis hijos por las camisetas y los eché para atrás. Dos personas que había delante fueron arrolladas", relata Yolanda Ortiz.

La vida ya no volvió jamás a ser igual para esta familia. "Nos medicaron y hoy seguimos en tratamiento. Mi hijo se despertaba de madrugada con ataques de ansiedad, le faltaba el aire... Lo hemos pasado muy mal. Ante un ruido fuerte, el acelerón de un coche, una sirena de ambulancia nos ponemos en guardia. Mi hijo, que ahora tiene 14 años, siempre, cuando va a hacer planes, dice: "Si estoy vivo, en verano haré esto o aquello, por ejemplo". Siempre tenemos la idea de la muerte presente". 

Una lección de vida

Yolanda Ortiz pasa todos los días delante del locutorio de Ripoll donde algunos de los terroristas operaron antes de los atentados. Explica que el 17A es un tema tabú en esta localidad de Girona. "Las familias de los terroristas siguen allí. Y al principio hubo tensión porque los vecinos querían que se marchasen", dice esta mujer. Pero la esperanza parece que se impone y un ejemplo es su hijo Iván, que tiene como compañero en el instituto de Ripoll al hermano pequeño de Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta de Las Ramblas. "Coincidieron el año pasado, al entrar a primero de la ESO. Hablaron y quedaron en no tocar jamás el tema del atentado. Se han prohibido hablar del tema. Son amigos y juegan juntos", relata Yolanda emocionada. 

En la entrevista telefónica con Público, Yolanda Ortiz se queja de la falta de apoyo de las autoridades locales, autonómicas y centrales. "Aún estoy esperando la llamada de un político para preguntarme cómo está mi hijo. Es vergonzoso. Los políticos, todos, no han estado a la altura", clama esta catalana. Precisamente la sentencia de la Audiencia Nacional contiene una crítica por el abandono en el que han estado sumidas las víctimas de estos atentados yihadistas: "En el presente sumario las víctimas (...) han sido las grandes olvidadas durante la instrucción".

"A mí me ha gustado mucho que la sentencia reconozca esto --dice el letrado Antonio García--. Pero no tiene sólo la culpa el juez instructor, también la Fiscalía, que tuvo secretas las actuaciones un año y pico y no pidió que Mohamed Houli y Driss Oukabir fueron procesados por asesinato; y también ha tenido la culpa el Ministerio del Interior, por su actuación penosa hacia las víctimas". 

Se reconoce a las víctimas psicológicas

La Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) localizó a 217 personas afectadas por los atentados, de las que 74 se han podido personar en el juicio. Roberto Manrique, asesor de la UAVAT y víctima del atentado de Hipercor de ETA, en 1987, es muy crítico con la "insuficiente" labor de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. "Hemos tenido que localizar a los afectados como hice hace 30 años para localizar a las víctimas de Hipercor. Entonces fue con las páginas amarillas en la mano y ahora ha sido a través de Internet, de las redes sociales, etc.", cuenta. "Durante 14 meses, tras los atentados, Interior tuvo un listado de víctimas y no llamó a nadie. A esas personas hay que buscarlas e informarles de sus derechos, darles apoyo psicológico, ayudarles en los trámites ante la Administración...", explica Manrique.

Este experto en atención a personas damnificadas por el terrorismo subraya un aspecto de la sentencia recurrida: "Es la primera vez que se reconoce a las víctimas psicológicas de un atentado, aquellas personas que sin tener lesiones físicas las tienen psicológicas por lo que vivieron. Es un paso importantísimo que hay que reconocerle a la Sala que ha dictado sentencia", celebra Manrique. De hecho, el fallo de la Audiencia Nacional reconoce a 82 víctimas por estrés postraumático, como Yolanda Ortiz y su familia. "De la lista que incorpora la Audiencia Nacional nos falta por localizar a 68 personas. A 14 las localizamos y fueron excluidas como víctimas por el Ministerio del Interior, que ahora deberá proceder a su reconocimiento", explica el asesor de la UAVAT.