Isabel Díaz Ayuso guardaba silencio desde la semana pasada, pero este jueves debía responder a las preguntas de la oposición en la sesión de control de la Asamblea de Madrid y no ha tenido escapatoria. Ayuso ha avalado el bulo difundido por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, para desacreditar el trabajo de los medios de comunicación que están informando sobre los delitos de fraude fiscal y falsedad documental de su pareja detectados por la Agencia Tributaria.

"No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en una propiedad privada como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos ni a ciudadanos anónimos. Incluso a menores", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto elDiario.es como El País, los dos medios señalados por Rodríguez a través de un mensaje difundido a varios periodistas, han denunciado la campaña del equipo de Sol contra sus trabajadores por ejercer su profesión: hacer preguntas donde suceden las noticias.

Ayuso ha hecho suyo el bulo creado por su jefe de gabinete apenas unos minutos después de que el PP apoyase en la Asamblea una declaración "en defensa de la libertad de prensa y el respeto al trabajo periodístico" impulsada por Más Madrid a raíz de la espiral de beligerancia contra los medios de comunicación del entorno de la presidenta madrileña en la última semana.

A las amenazas a elDiario.es — "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar", le escribió a su directora adjunta— le siguió la difusión de un bulo, con fotos y nombres de dos periodistas de El País, y la acusación de que dos trabajadores de elDiario.es habían intentado asaltar la casa de Ayuso "encapuchados".

Mientras las asociaciones de prensa censuraban este comportamiento, Alberto Núñez Feijóo y su dirección elegían el silencio defendiendo que se dedican a la "política nacional" y subrayando en todo momento su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una posición que ha apuntalado este jueves Feijóo desde Bruselas. 

El presidente nacional del PP asegura que se trata de una "una conversación privada más o menos afortunada" y que puede "entender" las descalificaciones, evitando así censurar al jefe de gabinete de Ayuso.

Pero no iba a ser este el último capítulo de la cruzada del PP contra algunos medios de comunicación, ni lo iba a protagonizar solo el PP madrileño. Este miércoles, la diputada Ana Vázquez atacaba a la directora institucional de Público, Ana Pardo de Vera, por sus informaciones sobre contratos por más de 1,2 millones que la Xunta de Feijóo firmó con empresas de las que su hermana era apoderada. La diputada popular, que luego pidió perdón, deslizó que la hermana de Pardo de Vera, exdirectora de Adif, estaba implicada en la 'trama Koldo'. Simplemente declaró como testigo.

La dirección nacional del PP se pone de perfil para no salir salpicada y responden apuntando al Gobierno. "Nosotros no señalamos a periodistas", insisten. El pasado 12 de marzo, la cuenta oficial del PP en la red social X (antes Twitter) señalaba así a una periodista: "Esta mañana, el programa de Silvia Intxaurrondo pidió reacciones al PP acerca de una información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No nos las pidieron sobre las informaciones que afectan a la mujer de Pedro Sánchez, ni nos consta que se las pidieran al PSOE".

Ayuso ataca a los familiares de las residencias: "No soportan el veredicto de las urnas"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cargado e este jueves con dureza en la Asamblea de Madrid contra los familiares de los ancianos que murieron en las residencias públicas madrileñas durante la pandemia. "Los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas", dijo Ayuso con un enojo evidente.

La presidenta madrileña se expresó con esa contundencia después de que Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, hiciera referencia a la Comisión de la Verdad que concluyó que no medicalizar los geriátricos y la imposibilidad de derivar provocaron la "sobremortalidad" en Madrid, que cifraron en 4.000 personas.