Enrique Vila fue un niño adoptado pero no lo supo hasta que tenía 23 años; su padre adoptivo murió y se encontró el acta de adopción entre sus papeles. Entonces ya estudiaba derecho y aquello condicionó su carrera, además de su vida.

Con el tiempo y mucha pelea, descubrió que sus padres adoptivos pagaron por él un millón de pesetas, en el año 65 a las Siervas de la Pasión de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. Allí le dijeron que sabían quién era su madre pero que no iban a decírselo. Consiguió sentarlas en el banquillo y simplemente negaron tener la información que él sabe que tienen. Sigue buscando a su madre biológica y, mientras, ha encontrado a más de trescientas de otros.

¿Qué le parece la proposición de ley que acaba de ser admitida a trámite en el Parlamento por unanimidad?

Me parece extraordinario que llegue una ley pero no recoge lo que Soledad Luque, Inés Madrigal y yo mismo pedimos en el Parlamento cuando comparecimos en el Congreso. Este texto tiene un tono muy memorialista e indemnizatorio pero no va a propiciar reencuentros. Sigue dejando todo en manos de los jueces y de la Iglesia. El quid de la cuestión es cómo va a conseguir la entrega efectiva de la documentación. Nosotros ya les hemos solicitado los datos muchas veces, eso ya podemos hacerlo, pero se burlan de nosotros. Lo que tienen que aprobar es la entrada y registro de las comisiones judiciales acompañadas de la policía en los conventos. Además, la ley sigue prohibiendo a una mujer buscar a un hijo que dio en adopción, aunque lo hiciera bajo coacciones y aunque no firmara los papeles. Nosotros propusimos que el Registro Civil comunique a los hijos que sus madres les están buscando, siempre y cuando ellas lo soliciten; así no nos saltaríamos la protección de datos. En algunos casos se cambiaron al registrarlos, pero en la mayoría no y bastaría con ir al registro y verificar quién nació aquel día, a aquella hora, en aquel sitio. También hay que hacer algo con el secreto profesional, porque muchos médicos y abogados se amparan en él para no contar lo que saben. En definitiva, la ley necesita matices para propiciar reencuentros y hacer realidad el artículo 39 de la Constitución, que nos da derecho a investigar la paternidad y la afiliación.

Vila, además, se muestra muy escéptico sobre la aprobación de esta ley en un momento político como el actual. “Depende de la mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen el poder. ¿Van a aprobar una ley memorialista, antifranquista, indemnizatoria que quizás vayan a tener que pagar ellos?”, se pregunta. “Sería mejor una ley de consenso, menos política e ideológica”, sentencia sin dudar, declarándose a renglón seguido “socialista”. “Mi abuelo estuvo en la cárcel y la represión franquista a las mujeres republicanas en los 50 fue asquerosa, pero después la continuó la Iglesia, a las madres solteras les quitaban a sus hijos como penitencia y hacían negocio con eso”, cuenta y revela un caso en el que se llegó a pagar tres millones de pesetas, en el año 70, por un bebé robado. Añade que ha habido casos en Suiza, Canadá, Polonia e Irlanda para demostrar que no fue solo cosa de Franco.

El futuro de la ley

Las fuentes parlamentarias consultadas por Público hablan de darse prisa en la tramitación parlamentaria. El imprevisible calendario electoral acecha y los que quieren ver esta proposición de ley convertida en realidad se muestran optimistas sobre la actuación de PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso. Creen que en este caso las prórrogas serían muy difíciles de justificar, después de haber apoyado la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por el PSOE en la cámara por una cuestión de cupo. El texto lleva la firma de Unidos Podemos, ERC, PSOE y el grupo Mixto. Unidos Podemos lleva trabajando en este proyecto más de año y medio. El PNV, Ciudadanos y el PP lo apoyaron. Si estas previsiones de consenso se cumplen, el texto podría entrar en ponencia antes de que acabe el año.

Sobre las enmiendas que Vila propone, el grupo Mixto, Unidos Podemos y el PSOE se muestran receptivos a incluirlas, tras la consulta de Público, y afirman que, aunque el proyecto es “sanamente ambicioso” y eso puede implicar “tentaciones de recortarlo”, creen que quienes pretendan reducirlo tendrán “serias dificultades morales”. En el Grupo Mixto, ERC y Unidos Podemos señalan que la dificultad principal para ampliarlo, con las propuestas de las asociaciones de víctimas, será el PSOE y cuentan para probarlo que tanto PP como Ciudadanos se han reunido más veces con las víctimas que los socialistas. Los socialistas por su parte afirman que no han contado cuantas veces se ha reunido cada grupo ni con quién y que esta ley no es de ningún partido, sino de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CeAQUA) y de las otras 17 asociaciones de víctimas que han participado en su elaboración. En cualquier caso, los socialistas se muestran abiertos a las enmiendas que propongan otras asociaciones y se felicitan porque el PP finalmente apoyará el texto, cosa que no había adelantado a nadie.

Una fuente parlamentaria que lleva trabajando en el proyecto desde el principio nos confiesa que ahora el dilema es si conseguir “una ley perfecta o una que avance”; cree que si su tramitación se alarga más de lo conveniente podría quedar en nada.

La pelea en los tribunales

Vila confiesa que ya no confía en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo porque ha habido al menos cinco sentencias, tres de casos suyos y dos de otros colegas, que han dictado que, como España investiga, aquí no se incumplen los derechos.

Así que ha optado por llamar a otra puerta: al Comité de derechos del niño del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Allí ha presentado el primer caso concreto de bebé robado, “uno como cientos”, nos cuenta. Se trata del hijo de Fermín Navarro y Juanita Concepción Medina, que denunciaron su desaparición tras el parto en 1985 y nadie investigó (ni el juzgado de instrucción, ni la audiencia provincial, ni el Constitucional), incluso en contra de lo solicitado por la Fiscalía. La ONU pidió explicaciones al Gobierno por este caso y la respuesta de la Abogacía del Estado de España de agosto de este año “fue lamentable”, según Vila. “Se atrevieron a decir que en España se investiga mucho cuando se han presentado 3000 denuncias, sin actuar de oficio, y solo ha habido un juicio”. Además, presumieron de que el Estado español considera que las detenciones ilegales no prescriben mientras la detención se mantenga y eso “es simplemente mentira; Vela ha salido absuelto por prescripción del delito y ni siquiera le ha dicho a Inés Madrigal quién es su madre biológica”, se lamenta. No sabe lo que tardará en sentenciar este alto tribunal pero ahí tiene puestas sus oraciones laicas.

Con la Iglesia hemos topado

El muro principal para resolver estos casos es la Iglesia, según Enrique Vila Torres; y lo descubrió muy pronto. En 1988 se fue a ver a las monjas, que le vieron nacer, en busca de su madre biológica y ellas le dijeron que sabían quien era pero que no pensaban desvelárselo; y así lo hicieron hasta ante el juez.

Después se dio cuenta de que algunas congregaciones religiosas sí están dispuestas a desvelar lo que saben. En el 2000 llevó una demanda colectiva de 21 casos de la Casa Cuna Santa Isabel de Barcelona, regentada por las Siervas de la Pasión. Todavía recuerda que la madre superiora, Sor Milagros, le dijo que no quería darle los archivos pero que lo haría si se lo ordenaba un juez y cumplió. Los 21 encontraron a sus familias.

Sin embargo, las Siervas de la Pasión de la Casa Cuna de Valencia se niegan ante los jueces a hacer lo mismo y las Mercedarias de la Casa Cuna del Santo Celo de Granada tampoco colaboran ni ante las togas.

Vila recuerda que en sus investigaciones encontró un decreto del siglo XIX que decretaba que en los hospitales públicos y privados sólo la madre superiora de las hijas de la Caridad podía conocer la identidad de las madres biológicas de los niños “dados” en adopción y que nadie lo derogó. Y añade que los libros de registros de las maternidades públicas, hasta los 80, están en los arzobispados en muchos casos, como los de Valencia y Pamplona. Su hipótesis es que cuando, en esos años, las religiosas, fundamentalmente las Hijas de la Caridad, dejaron de ser las enfermeras encargadas de las maternidades, se los llevaron con ellas cumpliendo con lo decretado hace dos siglos.

Enrique tiene enmarcada en su despacho la carta que le envió el Papa Benedicto XVI, respondiendo a la suya pidiéndole amparo. Se trata de una fotocopia de un mensaje de ánimo que le recomienda encomendarse a la oración. A el Papa Francisco le ha mandado 16 pidiendo lo mismo y no le ha contestado, así que un editor italiano se las ha publicado en un libro, que se titula “Cartas de un bastardo al Papa”, para ver si así le llegan. Enrique planea ir en enero a Roma para entregárselo en mano.