La Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentado sus respectivos recursos de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del pasado 21 de marzo que tumbaba la Zona de Bajas de Emisiones (ZBE) de la capital catalana. En paralelo, el Ayuntamiento actualizará la ordenanza que regula las restricciones de circulación para blindarla legalmente.

Al no ser firme, la decisión del TSJC -tomada después de varios recursos presentados por el lobby automovilístico- no se ha ejecutado, por lo que en la práctica la medida ha seguido aplicándose desde entonces. Según el tribunal, la ZBE era "desproporcionada", tanto por el volumen de vehículos afectados como por su ámbito de afectación geográfica.

La sentencia sorprendió a las administraciones e indignó a la comunidad científica y ecologista, con el argumento de que la reducción de la contaminación "salva vidas". La ZBE se ejecuta en cumplimiento de una ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019 e implica que desde el inicio del año siguiente ningún vehículo sin etiqueta ambiental puede entrar en el área restringida, que se sitúa fundamentalmente entre las dos rondas que cruzan la capital, si bien también llega a zonas de l'Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de Besòs. La restricción afecta a los vehículos más contaminantes, que básicamente son aquellos con más años.

Derecho a la salud frente a la contaminación

El argumentario de los recursos presentados por las tres administraciones públicas se centra en que la medida responde a la priorización del derecho a la salud por encima de la movilidad más contaminante, además de la obligatoriedad de disponer de una ZBE tanto para reducir la contaminación como para cumplir con las normativas europeas y estatales. Los recursos de las tres administraciones públicas ya han sido admitidos a trámite y los encargados de presentar sus detalles han sido el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia; el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Marc Sanglas; y el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda, en una rueda de prensa celebrada este lunes por la mañana.

Badia, para quien la sentencia del TSJC "deja muy mal parada la salud", ha recordado que antes de la aplicación de las ZBE "las muertes prematuras por contaminación del aire se elevaban a 1.300 anuales, mientras que el 48% de casos de asma infantil eran consecuencia de la mala calidad del aire", para añadir que la Zona de Bajas Emisiones "ha funcionado y ha permitido reducir en un 11% la contaminación, en más de 600.000 los desplazamientos de vehículos más contaminantes y alrededor de 125 las muertes anuales".

Sanglas, por su parte, ha subrayado que la limitación de la circulación "está plenamente justificada" y que el "derecho a la vida [de los ciudadanos] prevalece por encima de cualquier otro". El alto cargo de la Generalitat también ha adelantado que se opondrán a la hipotética ejecución de la sentencia del TSJC.

ZBE en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes

Los recursos también recalcan que no es desproporcionado aplicar las restricciones a partir de los datos de contaminación de dos estaciones de la ciudad, ya que "son representativas de la mayoría de calles que tienen la misma fisonomía y características" y añaden que la sentencia va dirección contraria de lo que se dice y se está haciendo en toda Europa. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya ha anunciado sanciones al Estado español por incumplir los límites de contaminación y la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuesta por reducir los umbrales permitidos de contaminación, de manera que Barcelona los superaría muy habitualmente.

Paralelamente, la Ley estatal del cambio climático establece que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que contar con una ZBE antes del 2023 y, además, la Generalitat ha decidido ampliar la medida a los municipios catalanes de más de 20.000 residentes en 2025.

Eloi Badia ha confirmado que el Ayuntamiento de Barcelona ya trabaja en la actualización de la ordenanza municipal de la ZBE, que se hace con la implicación de entidades, agentes sociales y ciudadanía con el objetivo "de asegurar su implantación y mejorarla si fuera necesario a través de un proceso de participación". La intención es que la nueva ordenanza sea una realidad antes de acabar el mandato, en mayo del próximo año.