El contexto político surgido de las elecciones generales del 23 de julio, con un PSOE que necesita del voto favorable tanto de ERC como de Junts para conseguir la reelección de Pedro Sánchez como presidente, ha abierto el escenario para la posible aprobación de una ley de amnistía.

La normativa, que podría servir para poner a cero el contador de la represión contra el procés -en función del alcance que tuviera-, tiene como precedente más destacado y reciente en el Estado la Ley de amnistía del 15 de octubre de 1977.

Aprobada en plena Transición y pensada como uno de los elementos para consolidar la nueva democracia, la normativa sirvió para dejar sin efecto las múltiples causas abiertas durante la dictadura franquista por delitos políticos y para que recuperaran la libertad centenares de presos políticos.

También fue una ley de punto final, que impediría investigar y juzgar las múltiples vulneraciones de derechos humanos cometidas por el régimen dictatorial, si bien esta segunda cuestión se empezaría a denunciar de manera más o menos amplia años después de su aprobación.

La amnistía no surgió de la nada, sino que era una demanda de hacía años del antifranquismo y fue reclamada por miles y miles de personas en movilizaciones en las calles. Protestas que arrancaron en Barcelona en febrero del 1976, cuando apenas hacía unos dos meses y medio de la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975.

Impulsada por la Assemblea de Catalunya, pero convocada formalmente por la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), la primera manifestación se produjo el domingo 1 de febrero, mientras que la siguiente se haría una semana después, el día 8. En ambos casos, fueron prohibidas por el gobernador civil de la época, Salvador Sánchez Terán, pero se celebraron igualmente, en una constatación que las cosas empezaban a cambiar.

La del día 1 tenía que arrancar en el actual paseo Lluís Companys, para acabar en la plaza Catalunya, pero la realidad es que las cargas policiales empezaron antes de que la movilización se pusiera en marcha y no se pudo hacer el recorrido previsto. Con todo, el grueso de los manifestantes se mantuvo en las calles y las escenas de violencia policial continuaron en el Eixample durante varias horas, hasta que la protesta se disolvió.

El historiador David Ballester, experto en la Transición y junto con Manel Risques autor de Temps d'amnistia. Les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer de 1976 a Barcelona (Ediciones 62), subraya que el éxito de la convocatoria -que reunió a entre 40.000 y 50.000 personas- "sorprendió tantos a los propios convocados como a la Policía, que se vio desbordada. Aquel 1 de febrero los manifestantes consiguieron lo que se denominaba espacios de libertad y ocupar espacios como la calle Aragó para movilizarse con cierta normalidad".

Una semana después, hubo un enorme despliegue policial -las fuentes hablan de unos 8.000 agentes- en la capital catalana, pero la movilización se repitió. La convocatoria tenía como punto de inicio el parque de la Ciutadella, pero la Policía lo impidió y la protesta se trasladó a varios puntos de la ciudad, como por ejemplo el mercado de Sant Antoni, la plaza de la Sagrada Familia o la de los Cinc d'Oros -el cruce de la avenida Diagonal con el paseo de Gràcia- donde se forzaría su disolución.

La violencia y la represión policial fueron mucho más elevadas y se pasó de dos detenidos el día 1 -posteriormente torturados en la jefatura de vía Laietana- a una cuarentena, que mayoritariamente acabarían en la comisaría de la calle Enric Granados, donde sufrieron maltratos de todo tipo.

La capital del antifranquismo

En conversación con Público, Ballester subraya que se pueden considerar las "primeras" movilizaciones masivas de todo el Estado para reclamar la amnistía y que significaron un "antes y un después". De hecho, el historiador apunta directamente que eran las mayores movilizaciones contra la dictadura desde la huelga de los tranvías de 1951, que un cuarto de siglo atrás se había desarrollado también en la capital catalana.

"40.000 o 50.000 personas no era una broma, teniendo en cuenta que si te detenían podías tener consecuencias graves, como la pérdida del trabajo, del curso académico o, evidentemente, los maltratos que podías sufrir en comisaría". A pesar de todo esto, "se movilizó gente de todas las edades y hubo una situación nueva. El mismo Sánchez Terán reconoció en sus memorias que les sorprendió la capacidad de movilización".

No es casualidad que las protestas arrancaran en Barcelona, que Ballester define como la "capital del antifranquismo". Desde 1971, existía la Assemblea de Catalunya, plataforma unitaria de los opositores al régimen que no tendría equivalente en el Estado hasta marzo del 1976 -ya con el dictador muerto-, que actuaba "como gran eje vertebrador y palanca de movilización".

En este contexto, la muerte del dictador "marca un punto de inflexión" y el historiador pone énfasis en que "había un anhelo de libertad que se podía palpar muy transversalmente en toda la sociedad", a través, por ejemplo, de la huelga general que en 1974 se había hecho en el Baix Llobregat.

En este sentido, Ballester subraya que "la calle era un elemento fundamental para presionar para conseguir cambios" y, a diferencia de la "versión edulcorada de la Transición", recalca que "muchos pensamos que sin la presión de la calle no se habría llegado a la democracia", alejándose del relato de que simplemente fue "una cosa pactada entre las élites".

Las protestas del 1 y el 8 de febrero de 1976 en Barcelona se convirtieron en "el punto de inflexión, para que de una manera ya irreversible los antifranquistas ocupen la calle y la hagan suya, a pesar de la represión".

Rechazo de la extrema derecha

A partir de aquel momento, la movilización por la amnistía cogerá fuerza, junto con otras demandas que en el caso catalán pueden sintetizarse en el grito de "llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia", que resume las principales demandas de la oposición antifranquista.

A principios de julio, desde varios puntos de Catalunya y también del País Valencià arrancaron las seis columnas de las Marxes per la Libertat, que a pesar de la represión -acumularon más de 100 detenidos- también servirían para difundir y presionar en favor de estas reclamaciones.

Y, de hecho, el 30 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó una amnistía parcial para algunas de las personas encarceladas por motivos políticos, una medida considerada insuficiente para el grueso del antifranquismo.

Las Diades del 11 de septiembre de 1976 -con una masiva movilización en Sant Boi de Llobregat- y de 1977 -ya con Barcelona como epicentro- servirían para impulsar las demandas y contribuirían a la aprobación de una amnistía ya mucho más amplia que llegaría el 15 de octubre del 1977 -y del Estatuto de Catalunya de 1979-.

Ballester recalca que en aquel momento "no se tuvo presente" que la normativa incorporaba artículos que "exoneraban a franquistas" y a los cuerpos policiales de la dictadura, en parte "por la euforia de haber conseguido un hito como la amnistía". "No podemos analizar situaciones del pasado con ojos del presente, se tienen que poner en su contexto", opina.

Con todo, sí que hubo entonces opiniones contrarias a la amnistía, que básicamente provenían "de la extrema derecha", fundamentalmente articuladas a través de Fuerza Nueva. De hecho, la revista de la formación llegó a publicar un texto bajo el título "La amnistía de la vergüenza", que no sería nada extraño que, como expresión, la volvamos a escuchar o leer las próximas semanas en boca de los sectores, como PP y Vox, que se oponen a una posible amnistía a los encausados del procés.