En sus casi tres años de mandato, el Gobierno de Rajoy ha instaurado una ley de tasas que restringe el acceso a los tribunales, ha acabado con la Justicia Universal e impulsado un proyecto de ley del aborto que hoy coge polvo en un cajón, a la espera de que el presidente decida su destino. También ha propuesto una muy criticada reforma del código penal, hermanada con la ley de seguridad ciudadana -bautizada como la ‘ley mordaza'-, y se ha permitido hacer caso omiso a las exigencias de la ONU en lo que se refiere a la investigación de los crímenes del franquismo.

Este legado del Gobierno del PP y la restricción de derechos y libertades que ha recetado a los ciudadanos españoles han centrado las intervenciones de la cuarta sesión de la Escuela Abierta de IzAb. Durante dos horas, el centenar de personas reunidas en la sede de Izquierda Abierta en Madrid ha enmudecido, y sólo han salido de su silencio para plantear preguntas o aplaudir a los ponentes; un variopinto grupo de profesionales de reconocido prestigio, que han criticado sin pelos en la lengua el totalitarismo que caracteriza al Gobierno del Partido Popular.

'La puesta en marcha de nuevas políticas represivas puede ser un ‘boomerang' para el Ejecutivo', analiza Gaspar Llamazares, que ve en esta decisión 'un signo de debilidad'. 'El PP pasa del recurso a los mecanismos de dominio a los de represión', apunta. Por ello, el diputado de IU y coportavoz de IzAb llama a 'tejer una amplia convergencia' -la palabra más utilizada en estas jornadas- en relación a la ‘ley mordaza' o la normativa Gallardón, para enfrentar esta deriva totalitaria 'utilizando todos los mecanismos del Estado de derecho'.

Baltasar Garzón: 'Es muy fácil acabar con los paraísos fiscales'

'Cuando la justicia llega, como siempre, llega tarde, y se ponen todas las trabas posibles. Además, estas trabas se las ponen a los ciudadanos, no al sistema', denuncia el exjuez Baltasar Garzón, actual presidente de Convocatoria Cívica. A juicio del exmagistrado, 'hay una gran falsedad y doble moral, pero es muy fácil acabar con los paraísos fiscales. La prueba la está dando EEUU: cuando sus intereses se ven afectados, agarran al HSBC y a otros bancos; ahí tienes al HSBC, con una multa de 2.000 millones de dólares por favorecer el narcotráfico o el terrorismo. Aquí seguimos analizando el sexo de los ángeles', critica.

'Estamos viviendo una marea represiva, acompañada de reformas legislativas que se traducen en una merma de los derechos fundamentales de los que gozamos desde hace años', asegura Concha Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial. 'Todas las manifestaciones críticas con el poder no se consideran el ejercicio de un derecho, se consideran un exceso que muchas veces cae en el código penal', apunta, señalando como uno de los motivos que explican esta situación el que un porcentaje importante de los jueces sean de ideología conservadora.

'Tiene que haber una clara voluntad del poder judicial para luchar contra la corrupción, y no la hay', asegura Garzón. En esta línea, el exjuez carga también contra la pasividad del Gobierno ante las críticas y exigencias de la ONU, para que España investigue los crímenes del franquismo y exhume los restos de quienes yacen en las miles de fosas comunes localizadas en nuestro país.

'Tendrán que ser la sociedad civil y las víctimas los que impulsen los cambios; que lo haga un juez o un fiscal es difícil, porque tienen el miedo metido en el cuerpo, y les prestan menos atención que a un perro', asegura Garzón.

El poeta y escritor Luis García Montero, encargado de moderar el acto, se ha referido al exmagistrado como 'un ejemplo de la factura que paga un juez cuando quiere actuar con independencia', y se ha sumado a las críticas sobre las trabas que el Gobierno del PP pone a la investigación de los crímenes franquistas: 'Tenemos que soportar la humillación de que venga una comisión de la ONU a investigar la situación de las víctimas', recuerda.

Las exhumaciones no tienen que ver con la ideología sino con los derechos humanos

En relación a este tema, la escritora Almudena Grandes ha señalado 'una tarea' que a su juicio debería adjudicarse la Izquierda: 'Sería fundamental convencer a quienes se oponen a las exhumaciones con un argumento muy sencillo: que una familia de Calatrava que sepa dónde está enterrado su abuelo y no pueda enterrarlo con su abuela no tiene nada que ver con la ideología ni con la política, tiene que ver con los derechos humanos, es bochornoso'.

La escritora Almudena Grandes ha centrado su intervención en la 'disolución' del proyecto de ley de Gallardón. Una paralización por la que asegura no poder alegrarse, o 'vivirla como una victoria', porque cree que 'el Gobierno de Rajoy quiere salir victorioso de su propia derrota'. 'Se ahorra la merma de votos, el mal resultado electoral que prevé Arriola, sin incurrir en el desprestigio que supondría censurar a un ministro o cesarlo, y van a salir victoriosos de su derrota', lamenta.

A su juicio, la tentativa de Gallardón es 'un fracaso morrocotudo del Gobierno, pero no es una victoria suficiente para parar las movilizaciones'; una valoración que comparte con Gaspar Llamazares: 'Si la movilización ha hecho que la mayoría de votantes del PP considere que la ley actual del aborto es mejor, sigamos por ahí. Paremos esta barbaridad de ley antiaborto, que le da el carácter de sujeto al feto, en contra del criterio del Supremo, y prácticamente el de bien protegible a la mujer', reivindica el diputado de IU.

La lucha por lograr la igualdad real ha sido otro de los temas abordados por Grandes, que señala al feminismo como 'la única revolución social que triunfó en el siglo XX, porque logró sus objetivos teóricos: que se sentaran las bases de la igualdad. 'Deberíamos analizar por qué no hay igualdad real. Los problemas de las mujeres no son sólo de las mujeres, son de la sociedad, y es un aspecto, una oportunidad, que la izquierda debe aprovechar para crecer. En la crisis sistémica, las viejas recetas, por mucho que nos calienten el corazón, no valen', defiende.

El profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Syracuse Hernando Valencia ha cifrado en cinco el número de 'problemas fundamentales de derechos humanos' que afronta hoy la sociedad española.

Tres de ellos afectan a la mayoría de la población (las restricciones de derechos civiles y políticos, la destrucción del derecho al trabajo y la restricción de derechos sociales como la salud y la vivienda), y dos azotan directamente a las minorías: la violación de derechos de los inmigrantes, sobre todo los irregulares, y la vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo.