Niños y adolescentes son sujetos prioritarios en la narrativa de Vox. El partido liderado por Santiago Abascal aborda la infancia y la juventud desde dos perspectivas. 

Por un lado, desde la protección de una inocencia que puede verse corrompida por su exposición al entorno y que, por tanto, precisa de censuras parentales para ser conservada.

Por otro, como una etapa especialmente vulnerable a la violencia y las adicciones, y en la que los jóvenes menores deben enfrentar las consecuencias de sus actos como adultos, tal y como se detrae de la propuesta que presentaron en Castilla y León para bajar la edad de imputabilidad o responsabilidad penal en determinados delitos.

Estas percepciones empapan las iniciativas relacionadas con los jóvenes que lanzan en los parlamentos autonómicos en los que tienen representación –todos a excepción de Galicia–, independientemente de si forman parte del Gobierno o no.

En cambio, esta doble estrategia –punitivismo e hiperprotección–, se recorta en el caso de que las propuestas políticas que tienen como destinatarios a los menores migrantes.

Retrato de un joven violento

Entre finales de junio y principios de julio, el diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, José Ignacio Arias, preguntó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, acerca de las medidas que estaba llevando a cabo para “erradicar la violencia juvenil” en la región. En las siguientes semanas insistió en esta cuestión, ejercicio al que se sumó la diputada Isabel Pérez Moñino, que amplió la pregunta al “aumento de violaciones y homicidios cometidos por menores de edad”.

Estos conceptos –violencia, juventud y drogas– aparecen asociados frecuentemente en las iniciativas parlamentarias de Vox en la última legislatura. Hasta en 32 ocasiones en el caso de la Comunidad de Madrid.

Esta vinculación alcanza su culmen bajo la fórmula de las “bandas juveniles”, explotada especialmente por el grupo parlamentario madrileño. Como en otras tantas cuestiones, la visión de Vox sobre este asunto comulga con la del PP, que incluyó en su programa electoral un plan de prevención de bandas juveniles.

Pérez Moñino interpeló hasta en tres ocasiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid para conocer el estado de desarrollo de dicho plan. También solicitan información sobre el porcentaje de reincidencia de menores atendidos en centros de internamiento de menores infractores de la comunidad e insisten a Ayuso sobre el estado de la construcción de nuevos centros para menores infractores.

A menudo, Vox añade a su receta de criminalización el término “migrante”. A mediados de septiembre, en mitad de la última oleada de llegadas a las costas canarias de personas migrantes, el grupo parlamentario de Vox en Canarias preguntó a Fernando Lavijo (Coalición Canaria), que preside la comunidad, a través de qué medidas planteaba hacer frente a “la invasión migratoria y la inseguridad en las calles”.

En Madrid, los de Abascal han utilizado su labor parlamentaria para preguntar  al Gobierno madrileño sobre el número de menores extranjeros tutelados que han cometido algún delito, así como el total de deportaciones de aquellos que han cumplido las medidas judiciales correspondientes.

En marzo de 2022, Vox presentó en Cataluña una propuesta de resolución (es decir, no de ley), para paralizar la construcción de un albergue para temporeros y personas sin hogar en La Paeria, un municipio frutícola de Lleida. Los ultraconservadores trataban de capitalizar así un conflicto cuyo origen era la falta de hospedaje para acoger en el pueblo a todos los temporeros de la fruta que llegan cada año a la región y que son esencialmente migrantes.

En su propuesta, solicitaban aumentar la presencia y dotación policial durante las campañas de recogida de fruta para “evitar un aumento de la delincuencia”. En la descripción del proyecto, aseguran que los vecinos “sufren de primera mano los problemas de seguridad, salubridad y convivencia que genera la inmigración ilegal y descontrolada”. Aprovechan el escrito para solicitar la expulsión de aquellos temporeros que se encuentren en situación irregular.

Repatriar a niños y adolescentes

La inquietud de Vox por la presencia de menores migrantes se dispara en las comunidades autónomas receptoras de migración, ya sean aquellas que funcionan como puerta de entrada a España, como las Islas Canarias y Andalucía, o por acumular un importante número de centros de acogida, como ocurre en Madrid.

El 2 de octubre de 2023, el grupo parlamentario de Vox en Canarias preguntó a la Presidencia del Gobierno canario acerca de “la repatriación de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen para acabar con los problemas de inseguridad y convivencia que las actuales políticas de efecto llamada están provocando en nuestras calles”.

Una semana más tarde, solicitaban a María Candelaria Delgado Toledo, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, medidas públicas para garantizar la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen. En otra pregunta al Gobierno, pedían ser informados sobre las nacionalidades de los menores extranjeros no acompañados que alcanzaban las costas canarias.

La estrategia en Cataluña también pasa por reclamar la identidad de todas las personas que acceden a ayudas o hacen uso de recursos públicos, especialmente de aquellas dirigidas específicamente a migrantes. El diputado ultraderechista catalán, Sergio Macián, llegó a preguntar si existía un acuerdo entre el Departament d’Interior, los Mossos d’Esquadra y el Collegi de Periodistes de Catalunya según la cual los periodistas omiten la nacionalidad de delincuentes o detenidos por hechos policiales.

Cuestionar el funcionamiento de centros de acogida

Otra pata de la desacreditación que lleva a cabo Vox de las políticas sociales dirigidas a menores migrantes tiene que ver con el cuestionamiento de los recursos públicos que a ellos se destinan. La formación ultraconservadora busca cuantificar, a través de peticiones de información y preguntas a los Gobiernos autonómicos, la inversión que las autonomías hacen en estas personas.

En este sentido, los centros de acogida son el foco de la mayoría de las intervenciones parlamentarias de Vox. En la presente legislatura, los diputados madrileños solicitaron conocer en diez ocasiones el número de menores extranjeros tutelados por la Comunidad de Madrid, los menús de los centros de menores o el presupuesto y valoración que el Gobierno hace de los centros de menores.

De hecho, el pasado julio la diputada en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio propuso dos debates monográficos sobre la contratación de los centros de menores y la situación de los menores tutelados. A día de hoy dichas peticiones no han sido resueltas.

Por su parte, en el Parlament catalán los de Vox, comandados allí por Ignacio Garriga, preguntan acerca del fracaso escolar de alumnos extranjeros, la inversión pública que se realiza en los cursos de catalán para migrantes o la prestación que reciben los menores residentes en Catalunya bajo la tutela del Estado. También aquí, los parlamentarios han solicitado a la Generalitat en numerosas ocasiones que identifique a estos menores.

Ayudas humanitarias a Palestina

La reactivación del conflicto armado entre Israel y Hamás ha tenido un enorme eco en los parlamentos autonómicos españoles. Vox ha aprovechado la coyuntura para cuestionar las ayudas a Palestina en todas las comunidades autónomas en las que tiene representación. 

Cuatro días después de los atentados perpetrados por Hamás, el Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento Navarro presentó una declaración en la que “instaba a los poderes públicos a cortar de forma inmediata cualquier partida que pueda servir para dotar de recursos a quienes no dudarían en atentar en cualquier lugar de Occidente”. 

En Cantabria, el mismo grupo parlamentario presentó el 19 de octubre una Propuesta no de ley en la que, a la par que condenaba el crimen de Hamás, reclamaba detener toda la financiación pública que, bajo el pretexto de ayuda internacional, pueda ser destinada a cualquier entidad que justifique estos actos salvajes (...)” y exigían “la suspensión inmediata de cualquier pago destinado a la Autoridad Nacional Palestina o, en su caso, a cualquier ONG que opere en Palestina”

En la misma línea, el diputado balear Sergio Rodríguez i Farré solicitó información sobre las subvenciones destinadas “a los palestinos en la franja de Gaza”.

La tendencia de cuestionar las ayudas a Palestina fue inaugurada por el comisario de Ampliación y Vecindad de la UE, el ultranacionalista Olivér Várhelyi, perteneciente al Fidesz, el mismo partido que gobierna en Hungría bajo el mandato de Viktor Orban y que ha implementado algunas de las políticas más agresivas en materia migratoria de la UE. Vox ha sido el único partido del arco político español que ha cuestionado oficialmente las ayudas a los palestinos.