El Gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia que retira la Orden 1718/2021 que flexibilizaba la contratación de personal en residencias de mayores, centros de día o centros de atención a personas con discapacidad personas.

La norma aprobada el 28 de diciembre de 2021 permitía la contratación de personal sin titulación para cuidar a personas dependientes en aquellos centros sociosanitarios que tuviera dificultad para encontrar trabajadores disponibles.

Tras conocerse el contenido de la orden, Juani Peñafiel, responsable de Dependencia de Comisiones Obreras en Madrid, advirtió del riesgo que suponía desprofesionalizar un sector que había costado tanto profesionalizar. Así como de la constante amenaza de precarización y privatización que sufre el sector sanitario en Madrid bajo los sucesivos gobiernos del Partido Popular.

Al considerar que la orden vulneraba la Constitución y distintos artículos de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) interpuso una demanda el pasado 24 de febrero ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Una pequeña victoria de lo público

En la Comunidad de Madrid se viene observando un abandono progresivo por parte del personal sociosanitario de las instituciones y departamentos de los servicios públicos debido a las pésimas condiciones laborales.

Los profesionales prefieren irse a trabajar a otras comunidades donde la inversión económica y material les permite ofrecer servicios y atención de mejor calidad a los ciudadanos y pacientes. Una falta de personal que con el coronavirus se hizo más evidente.

La orden promulgada por Ayuso tenía el objetivo de cubrir los puestos vacantes sin mejorar el marco de relaciones laborales existente y suponía un paso más hacia la precarización de los servicios públicos.

Además, quebraba la ley que rige la organización del área sanitaria que exige que los profesionales de todas las categorías ostenten la titulación académica necesaria así como las correspondientes habilitaciones legales para el ejercicio de su profesión.

Desde CCOO celebran la "marcha atrás" de la Consejería de Sanidad y piensan que se ha tomado "la decisión más sensata ante una iniciativa errónea que ponía en riesgo la atención a los más vulnerables".