La apuesta por los centros educativos privados aumenta cada año con las políticas de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inyección de 30,5 millones de euros en becas para la Formación Profesional (FP) privada para el próximo curso escolar 2023-24, mientras la mitad del alumnado (30.000) que ha solicitado estos estudios en la educación pública se queda sin plaza.

Como ya adelantó Público, la autonomía gobernada por Ayuso es la que más estudiantes tiene subvencionados en la educación privada. De hecho, el 47,34% de los alumnos con una beca autonómica estudia en centros privados, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Educación del curso 2020/21. Casi el doble que la media nacional, situada en el 24,71%.

Desde la Comunidad se justifica esta apuesta por los centros privados asegurando que "dará prioridad a los estudiantes con menos recursos económicos". Sin embargo, la mitad de estos jóvenes no optan de forma voluntaria por este modelo educativo y antes habían solicitado, sin éxito, acceder a institutos públicos. Una cifra que previsiblemente irá en aumento, pues la demanda de la FP está en constante aumento, especialmente desde la aprobación del nuevo plan para impulsar la FP promulgado por el Gobierno de central.

Críticas de la Marea Verde

La noticia ha sido muy mal valorada en el ámbito sindical, así como por la Marea Verde en defensa de la educación pública. Según han explicado fuentes de esta organización a este medio, se oponen "radicalmente a estas políticas". "Nos parece que con estas becas tratan de justificar los recortes y se promueve que no se construyan más edificios ni más plazas en la educación pública para FP, que tanto necesitamos", han expresado.

Desde este colectivo critican también que "más de la mitad de los chavales se queden fuera porque no haya plazas". A su juicio, "es una forma de desviar el dinero del contribuyente de la educación pública a la privada". Además, consideran que se trata de impulsar "negocios privados que no reúnen la calidad de enseñanza que se consigue a través de lo público, y que fomentan la segregación y la desigualdad".

Por su parte, CCOO explica que este año ha recurrido estas ayudas "por vulnerar el principio de igualdad dado que, mientras la Consejería de Educación reparte becas para el copago de estudios privados, cobra tasas a los estudiantes que se matriculan en centros públicos". La organización sindical afirma que "es un trato desigual, inhumano y antieconómico porque arrebata oportunidades a los jóvenes madrileños".

CCOO recuerda que en el fallido presupuesto de 2023 se incluían 15,3 millones de euros para estas becas, lo que ya era incrementar en más del 50% los 9,3 millones del presupuesto de 2022. "¿A qué se debe esta multiplicación de los fondos para ayudas copago?", se preguntan. "Lo que se hacen en Madrid con nuestros impuestos y con los fondos que llegan de Europa, a través del Gobierno de España, es dar más al que más tiene para arrebatárselo al que más lo necesita", asevera el sindicato.

En la misma línea, desde UGT advierten de que "los más desfavorecidos no tienen opción a estos cheques, pues quien no puede pagar 300, 400, 500 euros al mes, no pueden optar a un centro privado". "Asimismo, hay que considerar que en Madrid no existen centros privados, ya que todos obtienen financiación pública", expresa la organización.

La transformación de la FP que el Ministerio de Educación ha llevado a cabo durante esta legislatura, además de acabar con la histórica mirada despectiva hacia estos estudios, venía acompañada de un impulso a las plazas públicas para facilitar el acceso al alumnado. Las políticas de Madrid consiguen, como ya hicieron el pasado año, que este intento del Gobierno de España quede en agua de borrajas.

La Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional pretende una transformación global del sistema de la FP y convertirlo en un sistema único que sea puerta a un empleo de calidad para los jóvenes, que sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las demandas de los sectores productivos, según informó el Gobierno. El objetivo es convertir la formación profesional en una palanca de transformación económica y social para el país con grandes salidas laborales.