El ayuntamiento de Manchones, una pequeña localidad de un centenar de vecinos de la comarca zaragozana de Daroca, tiene una inusual relación con la delincuencia: dos de sus tres últimos alcaldes han sido condenados en firme por delitos cometidos en el ejercicio del cargo mientras el tercero, en un consistorio en el que el grupo mayoritario está formado exclusivamente por convictos, acaba de ser imputado por la presunta manipulación del censo para favorecer a su facción vecinal en las últimas elecciones.

Si resultan probados esos hechos, denunciados por cinco vecinos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca, Manchones se convertiría en uno de los pocos municipios del país, si no el único, que habría elegido su ayuntamiento con un censo alterado en dos convocatorias electorales seguidas.

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca a citado a declarar como investigado al exalcalde Jesús Ángel Bernal Julián para el próximo 9 de septiembre junto con el secretario, J. A. A. A.; el alguacil, C. B. A., y los vecinos en entredicho L. P. C, Pablo Pardillos Julián y su esposa y sus dos hijos.

Pardillos Julián, antiguo empresario de clubes de alterne que ahora regenta un restaurante en Torrevieja (Alicante) y actual concejal del PP en el pueblo que hace unos años fue condenado a cuatro años de prisión en Andalucía como autor de un delito de prostitución coactiva; es decir, por obligar a mujeres a vender su cuerpo.

"Tenían la única finalidad de participar en las elecciones"

Las denuncias presentadas por varios vecinos, que apuntan la posible existencia de un delito electoral y otro de falsedad en documento público, hacen referencia a tres presuntas irregularidades cometidas en la gestión del padrón municipal de Manchones.

Por una parte, los candidatos de PSOE, IU y Ciudadanos en las municipales sostienen que varias de las personas empadronadas en los últimos meses de 2018 "no residían en Manchones a fecha de la solicitud" y carecían de "causa aparente que justificara la necesidad de empadronarse por cambio de residencia" por motivos personales ni laborales. "Se deduce, por tanto, que las solicitudes (…) tenían la única finalidad de (..) participar en las elecciones" a las que volvía a presentarse Francisco Pardillos.

Otra vecina mantiene que el alguacil "llamó a la firma a personas que no residen en el pueblo, solo temporalmente algún fin de semana y algunas fechas en vacaciones" para, a finales de febrero, firmar en su casa siete boletines de control de residencia, seis de diciembre y uno de esa fecha, sábado. "Se cita a las personas una vez, y se les hace firmar documentos con fechas diferentes, que son firmados el mismo día", señaló.

El secretario, por su parte, afirma en una certificación expedida a petición de esta vecina que los controles se realizaron, también a ella, en las fechas en que figuran en los boletines.

Por último, otro vecino que actuó como apoderado en las elecciones de abril sostiene que en él figuraban seis personas que habían fallecido, una de ellas a finales de 2010. "Desconoce la razón, si es por dejadez del señor secretario o por qué", declaró.

Bernal, que ya ha declarado en una ocasión ante el juzgado, niega haber cometido ninguna irregularidad. En este sentido, sostiene que durante su breve mandato impulsó una ordenanza "para endurecer un poco los requisitos a la hora de empadronarse en el municipio, para buscar que el padrón se ajustase a la realidad".

Dos antecesores condenados por delito electoral y prevaricación

Varios de esos vecinos en entredicho ya aparecían entre los once familiares, empleados y amigos que el actual alcalde, Francisco Pardillos Marín, había empadronado irregularmente antes de las elecciones de 2015 "con el fin de que constasen como electores" para asegurarse la reelección y "a sabiendas de que no residían" en el pueblo.

Pardillos Marín, que confesó los hechos y cerró un pacto con la Fiscalía en el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza, fue condenado en enero del año pasado a seis meses de cárcel (sustituidos por una sanción de 1.080 euros), una multa de 540 y seis meses de inhabilitación que no le impidieron presentarse de nuevo el 26-M en una lista del PP.

Fuentes de esa formación explicaron que decidió confesar para lograr una rebaja de la condena conmutable por una multa, ya que, de lo lograr ese beneficio, la existencia de un antecedente por alcoholemia en su hoja de penales habría podido conllevar su ingreso en prisión.

Cuatro años antes se había presentado por el Par, en una lista en la que también iba Bernal, que le sucedió tras verse obligado a dimitir por la condena.

Francisco Pardillos, a su vez, había relevado a su primo Jesús Pardillos, que a mediados de la legislatura 2011-2015 fue inhabilitado durante nueve años por la Audiencia de Zaragoza por "lo que en lenguaje coloquial se conoce como una alcaldada" (así lo definía la sentencia) por las trabas que, con "intención de perjudicar en todo momento", puso a una familia para ampliar una granja de pollos.