La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha anunciado este martes en rueda de prensa urgente que el equipo de Gobierno acatará la decisión judicial que ha suspendido cautelarmente la celebración del acto en Nave de Terneras este domingo pero que presentará alegaciones por no estar de acuerdo con la misma para, a renglón seguido, hacer una defensa de la libertad ideológica y de otros derechos fundamentales, como los de reunión y expresión.

Maestre ha hecho hincapié en que el permiso de la Junta de Arganzuela para la cesión del espacio municipal se dio antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley aprobada en el Parlament catalán. "El auto no tiene nada que ver con el decreto de la concejala de Arganzuela, Rommy Arce, en el que no se hacía ninguna referencia a la ley aprobada por el Parlamento catalán el 6 de septiembre" ni tampoco al decreto de la Generalitat por el que convocaba el referéndum. "Estas dos decisiones del Parlament son posteriores al decreto de aprobación para la realización del acto" en Naves de Ternera, ha subrayado.

El juzgado contencioso-administrativo 3 de Madrid ha suspendido cautelarmente este martes el acto previsto para el domingo en Naves de Ternera en Matadero sobre la consulta en Catalunya, organizado por la asociación La Comuna. El auto es firme y da tres días para la presentación de alegaciones. El recurso fue presentado por el Grupo Municipal Popular ayer lunes.

La portavoz ha comenzado su intervención ante la prensa asegurando que el auto judicial no ha sido comunicado oficialmente al Ayuntamiento a lo largo de la tarde y que sólo han tenido conocimiento y acceso a él a través de los medios de comunicación y Twitter. "Hasta ahora no hay constancia formal", ha reiterado.

A eso suma que no han tenido "oportunidad a ser escuchados por el juez", a pesar de la importancia de la decisión judicial. "Este Ayuntamiento acata cualquier decisión judicial pero no comparte esta decisión, por eso haremos uso del plazo de alegaciones y explicaciones, porque no estamos de acuerdo con la decisión del juez", ha explicado.

Maestre ha desgranado las razones por las que no están de acuerdo. Primero, porque "el auto no tiene nada que ver con el decreto de la concejala de Arganzuela, Rommy Arce, en el que no se hacía ninguna referencia a la ley aprobada por el Parlamento catalán el 6 de septiembre" ni tampoco al decreto de la Generalitat por el que convocaba el referéndum.

"Estas dos decisiones del Parlament son posteriores al decreto de aprobación para la realización del acto" en Naves de Ternera, ha subrayado. La portavoz Maestre ha insistido en que el permiso municipal se dio antes de que el Parlament y la Generalitat aprobaran acciones suspendidas posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Desde el Ejecutivo municipal han puesto sobre la mesa que el recurso presentado por el PP y el posterior auto judicial abordan cuestiones que afectan a los derechos fundamentales. En este sentido, la edil ha remarcado que "en ninguna providencia del Tribunal Constitucional advierte explícitimamente a los miembros del Parlament o de la Generalitat ni a todos aquellos que han sido destinatarios de sus advertencias de que tengan limitados sus derechos fundamentales.

"El Tribunal Constitucional les requiere abstenerse de iniciar trámites de información que lleven a la celebración del referéndum, no limita los derechos fundamentales de reunión o de expresión", ha subrayado Rita Maestre, que ha puesto el acento en que "la libertad ideológica está garantizada por la Constitución española", con las únicas limitaciones necesarias para mantener el orden público. "La Constitución ampara la libertad de expresión y desde esa premisa siempre ha actuado este equipo de Gobierno", ha terminado la concejala.