Dos días después de las elecciones generales, el Ejecutivo andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, presentó el resultado de la auditoría que había encargado el presidente Juanma Moreno en su primer Consejo de Gobierno. Elías Bendodo (PP), el consejero de la presidencia, compareció después del Consejo de este martes ante la prensa con un rostro un poco más serio del habitual y a una hora más temprana debido al viaje del presidente Moreno a Madrid para hablar en el Comité Ejecutivo de su partido.

Los consejeros Bendodo y Juan Bravo, de Hacienda, dieron cuenta del resultado de las auditoría encargada a la Intervención General sobre doce agencias públicas empresariales. La conclusión principal es la siguiente, según consta en la nota enviada por el Gobierno a los medios: “La Intervención considera que los fines para los que se crearon estas agencias y el servicio público que deben prestar siguen vigentes, si bien manifiesta que las competencias que desarrollan estos entes y las consejerías de adscripción no están bien delimitadas, lo que favorece la existencia de duplicidades de funciones, y concluye que solo en dos casos de los doce analizados -la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)- está justificado que sean agencias públicas empresariales, lo que no significa que no haya detectado áreas de mejora en su gestión”.

Bendodo, un notable comunicador, tradujo al lenguaje llano el resultado de estas primeras auditorías. “Doce entes instrumentales emplean a 9.461 personas, de los que solo hay 498 funcionarios”. En ellos no se ha delimitado bien “el ámbito de actuación de las competencias” de modo que “se duplican esfuerzos y malgastan recursos”. Estas agencias gestionan 2.411 millones de euros, destinan 283 milones al pago de nóminas y aglutinan al 34% del total de la plantilla de la llamada, en términos despectivos administración paralela, y que emplea a 27.000 personas aproximadamente.

Bendodo indicó que, con estos informes en la mano, se ratifica en la idea de que “el Gobierno socialista ha gestionado el dinero público como si fuera dinero no de ellos, y sin mirar por el bolsillo de las familias andaluzas. La gestión consistía en intentar recaudar más para gastar más. En engordar más la administración autonómica y colocar a más gente”.

Bendodo defendió que su Gobierno tiene “la obligación y necesidad de tener el más profundo conocimiento de dónde estamos aterrizando”. “No se descarta que haya más informes, tanto del ámbito público como privado, sobre la actividad de estos entes durante estos 37 años” de gobiernos socialistas. Los informes encargados “nos van a ayudar para tomar decisiones más pronto que tarde”, remachó.

Los y las periodistas le preguntaron a Bendodo si esto implicaba que el Gobierno se planteaba el cierre de las diez agencias que, según la Intervención, no deben tener esa configuración jurídica y también el despido de 9.000 trabajadores públicos. Bendodo respondió que no habría despidos y que lo que estaban haciendo era recopilar información para tomar decisiones más adelante. El diario ABC publicó, sin embargo, que no habrá masivos despidos “ideológicos”, pero que el Gobierno sí iba a estudiar cada caso concreto.

“La respuesta es no. Lo que vamos a intentar es que la Junta funcione mejor y que rijan los principios de mérito y capacidad para entrar en la Junta. Hay entes que se pueden mejorar. Este Gobierno tiene que hacer que Andalucía funcione. Los andaluces han votado cambio para que mejoremos las cosas. A su pregunta [sobre los despidos], tranquilidad. No. Pero venimos a mejorar las cosas. Teníamos que ir viendo caso a caso. No vamos a mantener ningún ente que no sea necesario”, dijo el consejero de la presidencia.

Bendodo evitó pronunciar la palabra “enchufados”, pero el consejero Bravo no la esquivó ni tampoco descartó de manera tajante, como sí hizo Bendodo, despidos. Bravo dijo lo siguiente, cuando el periodista Dani Cela le preguntó por el asunto: “Le planteo lo siguiente. Imagine que llega a director de un medio y se encuentra gente que ha entrado por enchufe y gente que ha entrado por sus méritos. Cuál es su responsabilidad. Los andaluces nos han dado una responsabilidad. En esos que hayan podido entrar de manera incorrecta. No nos podemos permitir que haya personal que no pueda trabajar al 100%”.

Bendodo remachó: “Tomaremos todas las decisiones que haya que tomar. Estamos cargándonos de información. Este Gobierno tiene clara su hoja de ruta. Sin prisas, para tomar decisiones ente a ente. Extinguir, liquidar, fusionar, reducir. Todo eso puede pasar. En todos los casos, optimizar”.

¿Un ERE en la Junta?

El delegado de Universidades del PSOE de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, exconsejero de Hacienda, replicó al Gobierno que la “primera duplicidad” que se da es encargar una "auditoría" a entidades que "son auditadas y controladas permanentemente" por organismos como la Cámara o el Tribunal de Cuentas, Arellano retó. a la Junta a que aclare si pretende realizar “un ERE” sobre trabajadores de dichas agencias, recoge Europa Press.

En el informe de auditoría, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas, según indicó el Gobierno en una nota, “la Intervención General de la Junta lanza una serie de recomendaciones que están relacionadas con aspectos legales, de concepto y funcionamiento de las propias agencias y encaminadas a reforzar y mejorar el control y la eficacia de estos entes instrumentales. Así, la Intervención recomienda que se devuelvan competencias a la propia Administración o revisar la naturaleza jurídica de dichas agencias”.

Este informe provisional, dice la Junta, "que se ha realizado por primera vez con este alcance y además en un tiempo récord, será remitido por la Intervención General al Grupo de Trabajo de Evaluación de las Entidades Instrumentales, que lidera la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que será el encargado de analizar y evaluar este primer diagnóstico y del que saldrán los trabajos preparatorios para una regulación legal que delimite las funciones de los distintos tipos de entes instrumentales”.

“Esta actuación abre una línea de trabajo más amplia que debe ser liderada por cada Consejería, que será la que deba asumir el control de la actividad de sus entidades adscritas y el cum- plimiento de objetivos, así como la adecuada utilización de recursos públicos”, agrega la nota.

Las entidades que han sido objeto de la auditoría por parte de la Intervención General son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innova- ción y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conoci- miento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

Enric Millo

Por otro lado, al mismo tiempo que se pone en cuestión la labor de 9.000 empleados públicos, el Gobierno de Moreno fichó a Enric Millo, el que fuera delegado del Gobierno en Catalunya con Mariano Rajoy cuando los hechos del 1-O. Millo fue nombrado secretario de Acción Exterior. “Es un perfil que reúne las condiciones válidas para desempeñar esta labor”, se limitó a decir Bendodo al respecto.

El PSOE-A expresó su temor ante el riesgo de que el Gobierno de Moreno se convierta en el "refugio" y el "cementerio de elefantes" de todos los "caídos" del PP en las sucesivas elecciones que se celebren en España.