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La Audiencia de Barcelona ordena investigar a los guardias civiles denunciados por torturas a un CDR

En un auto, la sección tercera de la Audiencia considera se trata de hechos "graves" que pueden suponer vulneración de derechos.

Cargas policiales de los Mossos d'Esquadra en la ronda Sant Pere, a 19 de enero de 2023, en Barcelona.
Cargas policiales de los Mossos d'Esquadra en la ronda Sant Pere, a 19 de enero de 2023, en Barcelona. Lorena Sopêna / Europa Press

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar la querella por torturas que uno de los CDR procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional presentó contra los guardias civiles que lo detuvieron, al considerar que se trata de hechos "graves" que pueden suponer vulneración de derechos.

En un auto, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por Jordi Ros, uno de los CDR procesados, y ordena al juzgado número 2 de Sabadell que admita a trámite su querella, que se dirige contra 11 agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron y lo custodiaron en su traslado hasta la Audiencia Nacional.

En la querella, Jordi Ros mantiene que fue coaccionado y amenazado durante las entradas y registros practicadas durante su detención, el 23 de septiembre de 2019, sin que se le permitiera designar a un abogado.

También sostiene que en su traslado a Madrid, con paradas en dependencias de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y en la comandancia de Tres Cantos (Madrid), fue increpado, obligado a mantener una postura forzada y no se le permitió dormir, al tiempo que recibía amenazas de que iban a detener a su novia o a miembros de su familia.

Además, el procesado, que tras su detención confesó haber experimentado con explosivos pero luego se retractó aduciendo presiones de la Guardia Civil, denuncia que los agentes obligaron a su hermano a permanecer sentado en el rellano de su casa durante diez horas, sin poder hablar con nadie, pese a que sufre una patología mental.

El juez de Sabadell que recibió la querella ordenó una serie de diligencias para esclarecer los hechos denunciados, aunque se declaró incompetente para investigar los hechos sucedidos fuera de su partido judicial.

En su auto, la Audiencia reprocha al juez la "pésima instrucción llevada a cabo hasta la fecha y las dilaciones" que acumula la causa y le ordena admitir íntegramente la querella interpuesta por Ros, para que investigue los hechos "con la máxima eficiencia y de forma completa".

Para el tribunal, los hechos denunciados "tienen apariencia delictiva", sin que el "contexto de crispación" del momento en que se practicaron las detenciones –semanas ante de que se dictara la sentencia del procés– permita descartar los delitos que se apuntan en la querella.

La sala sostiene que los hechos "pueden constituir delitos de tortura y contra los derechos fundamentales cometidos por los agentes de la autoridad" y por ello deben ser investigados, "como reiteradamente señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y nuestro Tribunal Constitucional".

En un comunicado, el colectivo de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària lamenta que este caso pone de manifiesto que "la amnistía para algunos es diaria", al tiempo que critica la "lentitud y dejadez" de la justicia ante la querella presentada contra los guardias civiles.

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