MADRID.- La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de reposición que el Partido Popular (PP) presentó contra la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez José de la Mata le impuso en su calidad de responsable civil subsidiario por financiarse presuntamente con una 'caja B', "desde 1990 hasta, al menos, el año 2008".

El letrado de la Administración de Justicia, término que sustituye al del secretario judicial, ha dictado un decreto en el que explica que las cuestiones que el PP trata de hacer valer a través de su recurso no se encuentran reflejadas en la diligencia de ordenación que impugnan y el error contable que alegan "a todas luces excede con mucho" el pronunciamiento que puede alcanzar el letrado.

En su decreto el secretario explica que esta parte impugnó la responsabilidad conjunta y solidaria de los responsables civiles directos y denunció un "error aritmético" en el cálculo de la caución, algo que "excede" de su competencia, sin perjuicio de que el PP "pueda hacer valer tal cuestión por la adecuada vía procesal ante el juez que dictó la resolución cuya aclaración o corrección se interesa".

El decreto rechaza también la pretensión de los 'populares' de hacer en este trámite una tasación definitiva de los bienes embargados en las piezas de responsabilidad civil directa. "Se han realizado en cada una de las piezas las actuaciones y trámites legales pertinentes, concluyendo con el dictado de respectivos autos de solvencia parcial firmes que determinan la citación del declarado responsable civil subsidiario para efectuar el requerimiento de afianzamiento", argumenta.

El decreto, contra el que no cabe recurso, pone también de manifiesto que el letrado de la Administración de Justicia no puede decidir sobre la suspensión del pago que solicitó el PP y que este "ha de circunscribirse a la ejecución de las resoluciones firmes, suponiendo, el pronunciamiento interesado por la parte recurrente, resolver por vía indirecta sobre una cuestión reservada y resuelta por el juez instructor".

El PP pagó la fianza la pasada semana, tras presentar dos avales bancarios suscritos por Leonardo Rafael Puchol y María Jesús Vega en nombre de la sucursal del Banco Popular, ubicada en la calle Cedaceros de Madrid, según figura en una diligencia del juzgado.

El partido denunció en su recurso la "patente indefensión" que ha sufrido, toda vez que se le ha requerido el "100%" del pago de la responsabilidad civil que el juez reclama sin conocer cuál es la solvencia de los demás responsables civiles.

"Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros, cuando este, como responsable civil subsidiario, debe responder únicamente de la cuantía que quede por cubrir una vez se haya procedido contra los bienes de los acusados, responsable directos y solidarios", añade.

El juez efectuó este requerimiento en una diligencia de ordenación, en la que informó de que las fianzas no han sido totalmente cubiertas por los acusados, los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez, así como por el despacho Unifica, que reformó las obras de la sede de 'Génova'.

El PP apunta que el juez impuso a Lapuerta y Bárcenas sendas cauciones de 8,9 millones, a Páez otra de 7,4, y a Unifica una de 4,5, aunque luego rebajó dichas cuantías en 577.249 euros por acusado. A su juicio, la fianza de 1,2 millones del partido debe asumirse "conjunta y solidariamente" por los acusados y, en el caso de que sus bienes no sean suficientes, recurrir de forma subsidiaria al PP.

"Un afianzamiento exorbitado"

En opinión del PP, los responsables civiles directos y Unifica han acreditado una "solvencia superior" a la cantidad que se le reclama y el afianzamiento por uno de los responsables de la cuantía presuntamente defraudada a la Hacienda eliminaría la responsabilidad del resto de depositarla. "Lo contrario, supondría un afianzamiento exorbitado que nunca podrá hacerse efectivo en fase de ejecución de sentencia puesto que supondría un enriquecimiento injusto de la Administración", resalta.

Los 'populares' ponen de relieve que Lapuerta ha dicho contar con 320.000 acciones de la inmobiliaria El Royuelo y de un inmueble con un valor catastral de 1,64 millones de euros a fecha de 2005. "En un principio y a salvo de una valoración pericial posterior, la cuantía asegurada por Lapuerta ascendía a 4,18 millones", remachan.

En el caso del otro antiguo responsable de las finanzas 'populares', Luis Bárcenas, advierten de que el juzgado se "contradice" cuando dice que sus bienes se encuentran embargados, pero en otra resolución posterior indica que "este señor ha asegurado una parte de las responsabilidades exigidas". Por ello, ve "útil" aclarar este aspecto.

Tras señalar que Páez ha ofrecido acciones en garantía por importe de 455.370 euros, el PP agrega que la empresa Unifica Servicios Integrales ha ofrecido bienes valorados en 10,9 millones para cubrir las cantidades exigidas al despacho y a sus trabajadores Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

Al haberse afianzado un total de 15,61 millones de euros, el Partido Popular dice no entender por qué no ha afectado a las cuantías requeridas que le han sido requeridas y que "no se vieron reducidas ni en un céntimo de euro".

"Los responsables civiles directos y el directo y subsidiario, Unifica, habrían acreditado una solvencia que asciende a 4,18 millones, 455.370 euros y 10,97 millones, las cuales necesariamente se deberían haber tenido en consideración en relación con las cuantías con carácter previo a llamar al Partido Popular como responsable civil subsidiario", alega el recurso.

Auto de apertura de juicio oral

Según el juez José de la Mata, la formación presidida por Mariano Rajoy "habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 euros", al "alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".

Además, entiende que la formación 'popular' era responsable civil subsidiaria del delito de fraude fiscal que se cometió en relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, en el que la empresa Unifica no declaró 1.024.987 euros que cobró en negro por las obras de remodelación de la sede central de los 'populares', en Génova, 13.

De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B', que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

Así lo reflejó en el auto en el que abrió hace un año juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede nacional del PP Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero.

Consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.