La Audiencia Nacional autorizó espiar el móvil del exdiputado de la CUP David Fernández, en el marco de las investigaciones a Tsunami Democràtic, según el sumario del caso adelantado por Vilaweb y El País.

El Juzgado Central de Instrucción número 6, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón, aprobó la medida a mediados de enero de 2020, dentro de una amplia intervención de las comunicaciones que pidió la Guardia Civil por aquellas fechas. La autorización partió del magistrado Alejandro Abascal, que actuaba de refuerzo de García Castellón, e incluyó a otros exdirigentes políticos, como Albano Dante, antiguo líder de Podemos de Catalunya, y el también exdiputado de la CUP Quim Arrufat.

En el caso de Fernández y Arrufat, las investigaciones reflejadas en un informe llevado a cabo por la Guardia Civil concluyeron que ambos eran considerados sospechosos de ser ideólogos y coordinadores de Tsunami por su actividad e influencia en las redes sociales y en las convocatorias del movimiento. Mismos motivos por los que también pincharon las comunicaciones de Albano Dante, junto con Marta Sibina, como creadores e impulsores de la plataforma Octuvre.

El contenido que publicaba en redes sociales Fernández, donde había mencionado el término "tsunami democrático", y su alto número de seguidores, se sumaron a su vinculación con la iniciativa En Peu de Pau y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para que el tribunal los considerase "indicios sólidos" para pinchar dos teléfonos a su nombre, aunque uno resultó ser de una empleada de una empresa de seguros, según recoge el El País.

Poco después, tras concluir que el exdiputado de la CUP utilizaba aplicaciones de mensajería segura como Signal, que no permitían acceder a su contenido, la Guardia Civil pidió instalarle un software espía en el teléfono. La Fiscalía se mostró de acuerdo y el magistrado Abascal accedió.

Este software, del que no ha trascendido su nombre, permitía "acceder a la siguiente información: acceso a la agenda de contactos, acceso al registro de videollamadas o llamadas IP, cuenta de correo asociada al terminal, acceso a las comunicaciones mediante las cuentas mencionadas, historial de navegación web, comunicaciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería y chats, árbol de archivos […], posibilidad de activación del micrófono instalado en el dispositivo con el fin de captar y grabar las comunicaciones orales", recoge la investigación.

Los problemas técnicos detuvieron la operación

Tras varios meses de intentos y prórrogas la Guardia Civil no consiguió instalar el software en el teléfono de Fernández. Estos problemas técnicos, sumados al fin de las actividades de Tsunami y a la inminente llegada de la pandemia de la covid-19 provocaron que la Fiscalía diese marcha atrás. 

El fiscal Miguel Ángel Carballo decidió detener las intervenciones al considerar que no tenían "más que simples sospechas" sobre el delito de terrorismo que justificaba el espionaje y necesitaban "datos objetivos" para seguir adelante.

Finalmente, el nombre de David Fernández no figuró entre los imputados en la causa de Tsunami Democràtic, elevada al Tribunal Supremo por el magistrado García Castellón, donde están imputados Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo, y también la que afecta a los ex altos cargos de la Generalitat Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga.