La Audiencia Nacional ha fijado para marzo de 2026, siete años después de iniciar el proceso, el juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas por el caso Dina, relacionado con el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, en 2015, y el uso indebido de la información almacenada en el dispositivo para perjudicar a Podemos.

Entre el 16 y el 19 de marzo de 2026, la sección cuarta de lo Penal juzgará esta pieza separada del caso Villarejo, que se abrió el 19 de marzo de 2019 tras recibir el juez un informe de Asuntos Internos sobre unos archivos hallados en el domicilio del comisario jubilado. Así lo ha fijado el tribunal en un decreto dictado esta semana, al que ha tenido acceso Efe y contra el que cabe recurso.

Fuentes jurídicas han indicado a Efe que las distintas secciones ya tienen los juicios programados para 2025, y en este caso, al no haber detenidos preventivos en la causa, no se concede prioridad a otros procedimientos que permitan adelantar la celebración del juicio.

En este proceso, se sentarán en el banquillo Villarejo y dos periodistas de la desaparecida revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, quienes están acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el que enfrentan solicitudes de pena de prisión.

La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para Villarejo y tres años para los periodistas, mientras que el exvicepresidente del Gobierno, Iglesias, y Bousselham, quienes actúan como acusación particular, piden cuatro años de cárcel para Villarejo y entre tres y cuatro años para los periodistas.

La Fiscalía acusa a los periodistas de colaborar con Villarejo

El caso Dina se centra en la información que apareció en 2017 durante un registro policial en el domicilio de Villarejo, almacenada en las carpetas DINA 2 y DINA 3. Estas contenían archivos de la tarjeta de memoria que había sido robada a la exasesora de Iglesias, dos años antes.

Además de procesar a Villarejo, el juez del caso, Manuel García-Castellón, también acusó a los dos periodistas, al considerar que fueron ellos quienes le proporcionaron parte de la información contenida en la tarjeta de memoria, que era de carácter reservado y había llegado a sus manos en enero de 2016.

Los periodistas han defendido su inocencia en todo momento y han argumentado que entregaron la información porque se trataba de un requerimiento policial. La Fiscalía, por su parte, sostiene que ambos periodistas, entre enero y abril de 2016, entregaron una copia de la tarjeta a Villarejo, "conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo" y sabiendo que la tarjeta contenía "documentos internos" de Podemos, datos bancarios y "archivos de carácter íntimo y personal" de Bousselham, según se detalla en su escrito de conclusiones provisionales.

Según la Fiscalía, cuando Villarejo obtuvo la información y "con abuso de sus funciones" como Policía, entregó dichos archivos a periodistas de su confianza para que "publicaran las informaciones con el fin de desacreditar" a Podemos. Por su parte, Iglesias sostiene que el robo de la tarjeta y la "circulación" de su contenido tuvieron el "claro objetivo" de perjudicarlo a él y a su partido.