La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan José Escalonilla que reabra la investigación en torno al uso de los fondos de la llamada 'caja de solidaridad' de Podemos por presunta administración desleal. El magistrado había archivado esta parte, el pasado 20 de octubre, al no hallar indicios de delito. Sin embargo, Vox y la asociación de Juristas Europeos Pro Lege, personados en la causa, recurrieron el archivo y ahora la Audiencia madrileña les da la razón.

Los magistrados Carlos Martín Meizoso, Juan José Toscano y
Fernando de la Fuente Honrubia han acordado la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad de Podemos. El auto, al que ha tenido acceso Público, indica que el juez instructor "acordó el sobreseimiento parcial argumentando, resumidamente, que uno de los hechos objeto de investigación, en base a la denuncia interpuesta por José Manuel Calvente, origen del presente procedimiento, lo constituye la solicitud de 50.000 euros por la entidad
Comunicación Popular a la Caja de Solidaridad de Podemos.

En su auto de sobreseimiento, el juez Escalonilla destacó como uno de sus argumentos que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos a Podemos, e incluso que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad. Sin embargo, Vox y Prolegue aducieron que era prematuro el sobreseimiento.

La exsenadora Cánovas, personada

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ordena la reapertura de la investigación y además, en otro auto, admite a la exsenadora de Podemos Celia Cánovas Essard como personada en la causa, contradiciendo así al juez Escalonilla que no la había admitido. Cánovas fue senadora de Podemos por Tarragona entre 2016 y 2019. Alega ser víctima o perjudicada de los delitos de administración desleal y malversación que se investigan por el posible uso irregular de parte de los fondos del partido, entre los que se encontraban los que se "exigían" a los cargos públicos y, que según ella, no fueron utilizados para los fines para los que se constituyeron, "sino para un pago a un miembro del partido, de modo que se trata de un presunto desvío de dichos capitales, de forma que se dejan de ingresar en el patrimonio de la recurrente, como compensación a su trabajo, para destinarlos a otros presuntos pagos no establecidos ni regulados en los fines de constitución de dicho fondo", consta en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid.

Cánovas asegura que sus donaciones no fueron estrictamente voluntarias. Destacan los magistrados que aunque ella llegó llegó a un acuerdo con el partido por el que sus aportaciones sólo llegarían al importe de mil euros mensuales, "la organización a la que ahora reprocha haberle reclamado esas cantidades, pactó con ella hasta el punto de permitirle superar la cuantía de tres salarios mínimos interprofesionales a la que inicialmente se había comprometió" . Sin embargo, "a pesar de ello y por su condición de afiliada la constituye en presunta víctima o perjudicada de parte de los hechos investigados", dice la Audiencia.