MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo lunes el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de un juez de Madrid de remitir a la Audiencia Nacional la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
Fuentes jurídicas han informado de que los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia deliberarán a puerta cerrada sobre el tribunal que debe asumir esta investigación, y harán público su fallo en días sucesivos.
Hasta ese momento, la Fiscalía Anticorrupción, que está ahora analizando el material incautado durante el registro al domicilio y el despacho de Rato el pasado 16 de abril, no tiene previsto pedir nuevas diligencias, han apuntado las fuentes consultadas.
Mientras, el expresidente de Bankia ha contratado los servicios del despacho Baker&McKenzie para representarle en esta causa, que permanece secreta.
El pasado 20 de abril, el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, decidió inhibirse en favor del magistrado Fernando Andreu, al considerar que los hechos relatados en la denuncia que le presentó la Fiscalía de Madrid contra el exministro de Economía tenían conexión con el "caso Bankia".
Sin embargo, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, que asumió tras reclamarla la competencia del caso dos días después, rechazó estos vínculos y recurrió ante la Audiencia de Madrid la inhibición planteada por Serrano-Artal.
En su escrito, la representante del Ministerio Público consideraba que es preciso "aquilatar mínimamente" que el que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP blanqueó dinero en el extranjero para atribuir esta investigación, aún muy "incipiente", a la Audiencia Nacional.
Para la fiscal, nada tiene que ver este caso con el de las irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Bankia, causa que podría "devenir inmanejable" e ineficaz si se introducen "los eventuales delitos fiscales u otros" cometidos por los imputados.
Además de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, recordaba que es competencia de la Audiencia Nacional investigar defraudaciones que "puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
En este caso, proseguía, "no cabe decir que nos hallemos ante defraudaciones susceptibles de ocasionar grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional, ni a una generalidad de personas".
No obstante, no descartaba que del avance de la instrucción "pueda determinarse la existencia de un delito que sea competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción".
El recurso de Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Madrid no es suspensivo, con lo que el juez Serrano-Artal continúa con el procedimiento, que mantiene secreto, hasta que la Audiencia Provincial decida sobre la competencia.
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