MADRID.- La investigación judicial sobre el entramado societario del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se centra en una "red de movimientos económicos con repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países", ha concretado la Audiencia Provincial en un auto hecho público este jueves.

En el escrito en el que el órgano judicial confirma la prisión provisional comunicada y sin fianza que se impuso al presunto testaferro Alberto Portuondo, los magistrados se refieren en varias ocasiones a la "solidez" de las pruebas que obran en la causa y que afectan no sólo a éste imputado, si no también "a otras personas" vinculadas con la trama.

Aseguran que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no pueden calificarse como "pobres ni incompletos" y "mucho menos de incoherentes". Apuntan al cobro de comisiones irregulares a cambio de la concesión de contratos de publicidad de Bankia, parte de las cuales habrían terminado en manos de Rato.

El auto describe operaciones contractuales que, desde Bankia, recorren Publicis Comunicación España, Zenith Media, Albisa Inversiones y Asesoramiento y Kradonara 2001 y "dan curso al dinero". La cantidad --agrega-- "no es baladí en absoluto; todo indica que ha sido sustancial".

Las investigaciones iniciales apuntan a que Portuondo primero intermedió y después participó "decisivamente" en la concesión de contratos de publicidad de la entidad a las empresas Publicis y Zenith.

Utilizando la empresa Albisa y, a través de sucesivas contrataciones, el testaferro acabó embolsándose "importantes cantidades de dinero (dos millones de euros) parte de las cuales terminan en la sociedad Kradonara 2001, perteneciente a Rodrigo Rato", especifica el auto.

"NO SON MERAS ELUCUBRACIONES"

La Audiencia de Madrid asegura que esta teoría no se construye sobre "meras elucubraciones". Por el contrario, se ampara en declaraciones de testigos que intervinieron directamente en las distintas operaciones y en abundante documentación que confirma "la dinámica seguida".

El auto también desvela los argumentos empleados por Portuondo para defender que debe ser puesto en libertad. El imputado dice ser "una especie de asesor genérico de varias personas de Bankia" y añade que "pese a los más que cuantiosos emolumentos que percibía, no emitía casi nunca informes ni estudios", sino que daba su opinión en reuniones y charlas.

También niega una relación próxima a Rato y se distancia enormemente de las operaciones con las que se le vincula. Llega a asegurar, además, que su situación económica no es buena a consecuencia de la crisis.

Declaran más testigos

Por su parte, el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha imputado a uno de los ocho testigos a los que ha tomado declaración, lo que eleva a 11 el número de imputados en la causa en la que se investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha interrogado a lo largo de la mañana a dos directivos y dos cargos intermedios de Bankia. Fuentes jurídicas han informado de que a ninguno de ellos se le ha atribuido la comisión de delitos.

También han testificado trabajadores de las agencias de publicidad Publicis Comunicación España y Zenith Media, empresas concesionarias de contratos con Bankia en la época en la que Rato era su presidente. Ambas pagaron comisiones por importe de más 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron la empresa Kradonara.

Esta comisión irregular acabó en las arcas de Kradonara, de la que el exministro 'popular' es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway, y, según los indicios que obran en la causa, fue ingresada por Albisa SL, compañía de otro de los imputados, el presunto testaferro Alberto Portuondo.

Albisa SL, fue, según el juez "artífice de la obtención de Bankia como cliente" para las empresas publicitarias mencionadas que se ocuparon de las campañas de publicidad destinadas a dar a conocer la nueva marca y su salida a Bolsa.

La causa afectaba, por el momento, a 10 imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a Portuondo, --el único que ha sido enviado a prisión-- y el abogado Domingo Plazas. Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades. Este miércoles imputó, además, a otra de las personas que declararon como testigos.