La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la declaración institucional de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, acordada en una reunión extraordinaria, sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts respecto a la ley de amnistía. 

ALA, con cerca de 300 abogados asociados, se queja de que la declaración institucional del colegio, que representa a todos los colegiados de Madrid, supone "un grave quebranto al deber de neutralidad del colegio sobre hechos de naturaleza política y vulnera la pluralidad  exigible a los colegios profesionales y su funcionamiento democrático". 

La asociación recuerda en su queja la doctrina del Tribunal Supremo que fue establecida en junio de 2019, que ya advertía  que no es ajustada a derecho que un colegio  profesional tome oficialmente una postura sobre cuestiones políticas que dividen a la sociedad y son ajenas a la función de defensa de los intereses profesionales. 

ALA ha solicitado al Defensor del Pueblo que, en cumplimiento de la normativa vigente, recuerde a los miembros de la junta del gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid "su deber de abstenerse de emitir acuerdos y comunicados con posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas de los intereses profesionales a los que debe servir". 

Hay que recordar que el pasado 9 de noviembre la junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, presidida por el decano, Eugenio Ribón, suscribió una declaración institucional ante el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts que permitió la investidura de Pedro Sánchez y que contemplaba la proposición de ley de amnistía. 

En ese sentido, el comunicado indicaba que "la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional. La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional". 

También rechazaba el uso de "lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los juzgados y tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional", concluía el texto.