El juicio por el accidente ferroviario del Alvia en Santiago de Compostela, el  más grave de la democracia con 80 muertos y 145 heridos, arranca este miércoles en la Ciudad de la Cultura de dicha localidad compostelana.

Nueve años después de lo ocurrido se sentarán en el banquillo de los acusados el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif, a los que la Justicia imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave. Además, en este juicio que se prolongará durante al menos nueve meses, pasarán más de un centenar de abogados.

Solo hay un juicio en los últimos diez años que se asemeja en magnitud: el que se celebró tras la catástrofe medioambiental del Prestige, un proceso que se alargó nueve meses y que finalizó en 2013. La instrucción del juicio por el accidente de tren ha durado ocho años.

Cuatro años de prisión para los acusados

La complejidad del proceso del Alvia —44.460 folios y 669 testificales— hacen esperar que el juicio pueda alargarse. Hay 446 personas perjudicadas que reclaman, las cuales están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Hay también 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá el Ministerio Fiscal.

Fiscalía pide para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif cuatro años de prisión, al igual que la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente. El Ministerio Público demanda también que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el entonces jefe de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, sea inhabilitado durante el mismo periodo. 

El abogado que defiende a Garzón solicita la libre absolución, al entender que "la clave" para que se produjera el siniestro está en la "carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad" en la línea entre Ourense y Santiago. La defensa de Cortabitarte también rechaza responsabilidades.

La reclamación total por daños y perjuicios en el proceso civil asciende a unos 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.

La plataforma de víctimas se concentró este lunes ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento y actual vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, "por sus mentiras y maniobras de ocultación". Las protestas ocurrieron después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, en relación con un informe sobre el accidente ferroviario.

Un macrojuicio en la Ciudad de la Cultura

Ante la magnitud del proceso jurídico, la Xunta ha habilitado la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, un complejo dedicado habitualmente a la cultura, la innovación y la formación, que se convertirá en un gran Palacio de Justicia. Este espacio será el foco mediático de la Comunidad durante los meses que dure el proceso. 

En prensa hay 53 butacas y existe otro espacio reservado para el público, con capacidad para 100 personas. Casi medio centenar de medios se han acreditado y han podido acceder a las diferentes instalaciones este martes. La previsión es que el juicio arranque este miércoles a las 09.30 horas con las cuestiones previas.