Los cerca de 3.800 letrados de la Administración de Justicia (LAJ) prestan servicio en juzgados y tribunales de toda España han comenzado este martes una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales, entre otras cuestiones, que puede paralizar unos 10.000 juicios al día, según datos del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). 

"Este comité de huelga lamenta profundamente llegar a este punto, que se ha tratado evitar por todos los medios, recurriendo incluso a la mediación de terceros independientes a los que agradecemos su esfuerzo, sin que de momento haya respuesta alguna, y pide disculpas a todos los abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado, jueces, fiscales y, sobre todo, ciudadanos, por la adopción de la medida más extrema en el marco de un conflicto colectivo (la huelga indefinida) y por las consecuencias que ello tendrá", reza en el comunicado que han hecho llegar a los medios los convocantes: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y el propio CNLAJ.

Entre los "efectos devastadores" que prevén los convocantes está la "paralización diaria de más de 32 millones de euros en capital judicializado, la paralización de la recaudación de más de seis millones de euros en multas, paralización de los más de seis millones de procedimientos judiciales que se tramitan en los órganos judiciales y la suspensión de más de 10.000 juicios y vistas al día". 

Hay que tener en cuenta que estos funcionarios son los únicos facultados para la disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales.

Los LAJ demandan una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron a partir de 2009, cuando por ley se aumentaron sus funciones, sin que entonces se les compensara por ello. 

Esta huelga indefinida se enmarca en el conflicto laboral que mantienen los letrados y letradas de Justicia con el Ministerio desde hace un año, cuando realizaron una huelga puntual que provocó la suspensión de algunos juicios e interrogatorios como por ejemplo los relativos a la causa Púnica en la Audiencia Nacional. 

Los convocantes reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo". 

"Huelga política"

La huelga llega con una crispación máxima por parte de los LAJ, que reclaman la destitución del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por decir este lunes en una rueda de prensa que la huelga es "política", "sin finalidad profesional alguna" y "contra el pueblo". 

"Las palabras del secretario de Estado de Justicia sólo le retratan a él. Sus mentiras, sus difamaciones y su palabrería pretendidamente hiriente sólo lo inhabilitan para el desempeño de su cargo. Nadie con ese lenguaje, con tanta irresponsabilidad, puede seguir ocupando un cargo público", consta en un comunicado del comité de huelga. 

Tontxu Rodríguez indicó que "cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar" porque "cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles". 

"Esto no es cierto. Los funcionarios de los mismos niveles (A1) son forenses, jueces y fiscales y todos ellos cobran mucho más que nosotros --dicen fuentes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) a este diario--. De hecho, actualmente un LAJ cobra entorno al 65% de la nómina de un juez con la misma antigüedad y el mismo juzgado". 

"Ni siquiera pedimos equipararnos a los jueces, sino a los forenses, que están un 10% por encima de nosotros", añaden estas fuentes.