MADRID.- El exministro de Relaciones Sindicales y Gobernación Rodolfo Martín Villa  tendrá la oportunidad que pedía. El Ministerio de Justicia ya dispone del exhorto enviado por la Justicia de Argentina en el que la juez juez María Servini, que instruye la única causa que investiga los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil, solicita tomar declaración indagatoria al expresidente de Sogecable y a otros 18 altos cargos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español durante la dictadura franquista, como el también exministro José Utrera Molina y el torturador José González Pacheco, alias Billy el Niño.  

El exhorto, que según ha podido saber Público llegó al Ministerio de Justicia el pasado 9 de marzo, concreta que las declaraciones indagatorias se realizarían entre el 4 y el 22 de abril y formarían parte de la investigación que realiza la Justicia de Argentina para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil y averiguar si éstos se enmarcan en crímenes de "lesa humanidad". 

"Supone un avance muy importante en el proceso judicial que comenzamos en abril de 2010 y un paso muy importante para poner fin a la impunidad", dice un abogado

El exministro de Gobernación y Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, está imputado por los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria en los que fallecieron cinco obreros tras la intervención de la Policía Armada y, en una ampliación de la querella, por la represión que ejerció la Policía durante su etapa como ministro de Gobernación hasta la celebración de las primeras elecciones democráticas. En noviembre del año pasado, cuando la Justicia de Argentina ordenó su extradición, el exministro mostró su intención de prestar declaración ante la juez argentina aunque advertía de que no tenía pensado viajar al país sudamericano y que prefería hacerlo en España a través de fórmulas como la que ahora ha utilizado la magistrada. 

La juez solicita, además, que se cite en la Audiencia Nacional a los exministros José Utrera Molina (suegro de Gallardón), Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez-Ventura Pascual y Fernando Suárez; el abogado Carlos Rey González, que redactó la sentencia de Puig Antich; el exfiscal del Tribunal Supremo Antonio Troncoso; el exjuez Jesús Cejas Mohedano; el excomisario Ricardo Algar Barrón; los expolicias  Antonio González Pacheco, Félix Criado Sanz, Ricardo Algar Barrón Pascual, Benjamín Solsona Cortés, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres y Jesús Quintana Saracibar; el Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar; el médico Abelardo García Belaguer.

"Que la juez esté dispuesta a venir a España y pida poder interrogarlos en el marco de esta causa que investiga los crímenes del franquismo supone un avance muy importante en el proceso judicial que abrimos en abril de 2010 y un paso muy importante para poner fin a la política de impunidad mantenida por el Estado español", explica a Público el abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos Jacinto Lara. 

Se puede rechazar

La aprobación del exhorto por parte de las autoridades españoles implicaría la citación en la Audiencia Nacional de las personas mencionadas en este artículo, que prestarían declaración ante un juez del Estado español y ante la juez María Servini de Cubría, que tendría derecho a solicitar, a través del magistrado interviniente, "aclaración a respuestas confusas e incompletas, como además a repreguntar cuestiones que no hayan sido debidamente contestadas". 

El Estado español también puede negarse a permitir la declaración de los imputados por la Justicia de Argentina en el marco de la causa que investiga los crímenes de la dictadura

El Estado español también puede negarse a permitir la declaración de los imputados por la Justicia de Argentina en el marco de la causa que investiga los crímenes de la dictadura. En caso de negarse, el Estado español tendría que justificar por qué considera que el exhorto enviado por la Justicia de Argentina no entra dentro del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal que fue suscrito en 1987 entre ambos países. 

No obstante, no sería la primera vez que el Estado español desoye este Tratado en el marco de esta investigación. En abril de 2014, la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Billy el Niño y a Jesús Muñecas al entender que sus presuntos delitos de torturas ya habrían prescrito porque no pueden considerarse como un ataque sistematizado por lo que no entraría dentro del concepto de genocidio.

Asimismo, el Gobierno del Partido Popular también rechazó una nueva petición de extradición por parte de la Justicia de Argentina que esta vez reclamaba a exministros y altos cargos del Estado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, alegó que España es el país competente para juzgar a los imputados, que los actos de los que son acusados no eran delito en España cuando fueron cometidos y que, además, estarían prescritos.