El juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz ha archivado este martes la querella de Podemos para investigar al exministro Rodolfo Martín Villa, por su posible responsabilidad en la masacre de la ciudad el 3 de marzo de 1976, en la que la Policía mató a cinco personas, incluido un menor.

Los diputados vascos de Unidas Podemos han comunicado que recurrirán el sobreseimiento de la causa. Su archivo ha sido motivado por la prescripción de los delitos y porque los tribunales españoles no pueden aplicar el crimen de lesa humanidad, propio del derecho internacional, a casos anteriores a que se trasladara este delito al derecho español.

Debate sobre la doctrina judicial

Cabe destacar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, de ahí la polémica sobre si deberían juzgarse los crímenes cometidos durante el Franquismo y la Transición.

Sin embargo, el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos impide declarar culpable a alguien por delitos que no suponían una ofensa bajo el derecho nacional o internacional en el momento que se cometió. A ojos internacionales, la matanza de Gasteiz sí era considerada un crimen contra la humanidad, pero no en el Estado, lo que genera confusión a la hora de aplicar la ley. Por ahora, la doctrina española parece optar por no perseguir estos delitos.

Los diputados rechazan la decisión del juzgado

La coordinadora de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, ha comentado que "es muy mala noticia porque volvemos a constatar que quedan impunes crímenes muy graves del franquismo."

A Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, le parece incomprensible que "a día de hoy no haya habido nadie juzgado por los terribles hechos del 3 de marzo de 1976."

El diputado por Bizkaia, Roberto Uriarte, ha denunciado que "no hay democracia sin memoria, y no hay memoria sin conocer la verdad". También ha lamentado que el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PSOE y las derechas, rechazara la iniciativa de reformar el Código Penal para que los tribunales españoles pudieran juzgar los delitos de genocidio y lesa humanidad durante la dictadura franquista.

La masacre del 3 de marzo

El 3 de marzo de 1976 se convocó una huelga general, la tercera desde enero. Habían sido meses de grandes movilizaciones por la clase trabajadora alavesa. Además de los 4.500 trabajadores en huelga desde hacía 2 meses, se unieron a la protesta más de 13.000 personas de otras 72 factorías. En total, hubo 18.000 huelguistas de 80 empresas diferentes.

Las acciones para disolver la manifestación supusieron roturas de lunas y puertas de bares en las calles de Gasteiz y más de 12 heridos, algunos de bala.

Por la tarde, se convocó una asamblea abierta en la iglesia de San Francisco de Asís. El Ministro de Gobernación, Manuel Fraga, ordenó a la Policía Armada que disolviera la reunión por todos los medios.

Las fuerzas permitieron primero que la iglesia se asestara de gente. Después, el cuerpo armado rodeó el edificio y lo impregnó de gas lacrimógeno, causando el pánico entre los trabajadores y forzando su salida.

Los que salieron por la puerta principal, medio asfixiados, fueron apaleados. La Policía comenzó a disparar con pelotas de goma y de fuego real. El resultado: cinco obreros asesinados, incluido un menor, y más de cien heridos.

La posible responsabilidad de Martín Villa

La denuncia de Unidas Podemos se formalizó días después de que Martín Villa, entonces ministro de Relaciones Sindicales, comentara en un tono irónico que pudo ser "responsable político y penal de aquellas muertes".

En el desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Villa pronunció unas palabras que, aunque fuese de manera sarcástica, motivaron la querella: "Yo pude ser el responsable, políticamente por supuesto, y también incluso responsable penal de aquellas muertes incluso hubiera sido posible que yo en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos en la Transición que urdieron un plan sistemático deliberado, generalizado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de un gobierno democrático".

Además, la jueza argentina María Servini abrió un auto de procesamiento contra Martín Villa por la muerte de cuatro personas entre 1976 y 1978, entre ellas tres de los obreros muertos en Gasteiz, que recurrió el exministro. Posteriormente, la justicia argentina revocó la decisión de la magistrada y dictó el sobreseimiento de la causa.