ZARAGOZA .- El Gobierno de Aragón va a intentar hacerse con la gestión de las centrales hidroeléctricas de su territorio cuyas concesiones vayan caducando, tras décadas de explotación privada, con los objetivos de reducir la cuantía del recibo de la luz que pagan los consumidores y de destinar parte de la energía a usos sociales.

La Comisión de Economía de las Cortes ha aprobado este martes, a propuesta de Podemos, con enmiendas del PSOE y C’s y sin votos en contra, una resolución que insta al ejecutivo autonómico a “presentar, de acuerdo con los municipios afectados, un primer plan de recuperación y explotación directa” de los saltos hidroeléctricos cuya concesión haya caducado o vaya a hacerlo en los próximos meses, y, “a la mayor brevedad”, otro para el resto de centrales de la comunidad.

Las compañías eléctricas explotan en España alrededor de 800 centrales hidráulicas que cubren, aproximadamente y en función de las reservas de agua, la sexta parte del consumo total del país. Las gestionan mediante concesiones otorgadas por el Estado con plazos de entre 50 y 75 años, buena parte de ellas transferidas a manos privadas en el último cuarto de siglo mediante el proceso de privatización de las empresas públicas del extinto INI, lo que permitió aumentar el creciente negocio del sector.  

Las compañías eléctricas explotan en España alrededor de 800 centrales hidráulicas que cubren la sexta parte del consumo total del país.

Más de un centenar y medio de esas centrales se encuentran en Aragón –hay 456 en toda la cuenca del Ebro- y producen la décima parte de la hidroelectricidad del país con un sistema de tuberías y embalses desplegado a principios de siglo y en los años del desarrollismo para, básicamente, abastecer de energía a Barcelona, Bilbao y sus respectivos cinturones industriales a través de tendidos de hasta 280 kilómetros de longitud.

La experiencia social del único salto revertido

El grueso de esas autorizaciones caducan en los próximos veinte años –ocurre algo similar en el resto del Estado-, lo que pone sobre la mesa la expectativa del regreso de esas instalaciones a la gestión pública, algo que llevan años reclamando las zonas que sufren el peaje de embalses y centrales en su territorio.

Hasta ahora solo ha revertido al Estado una central hidroeléctrica, la de El Pueyo de Jaca, ubicada en los municipios pirenaicos de Panticosa y Hoz de Jaca, en la que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) produce el kilowatio.hora a menos de un céntimo cuando el precio medio de venta al consumidor en España supera los 16. Genera más de 90.000 megawatios al año, el grueso de ellos para sus propios usos y para el funcionamiento de regadíos sociales, mientras cede el 5% -unos 4.600- a la empresa pública Energías de Panticosa, propiedad del primero de esos consistorios, que le da un uso social.

Hasta ahora solo ha revertido al Estado una central hidroeléctrica, la de El Pueyo de Jaca, ubicada en los municipios pirenaicos de Panticosa y Hoz de Jaca

Por cuestiones técnicas, ahora transfiere es el valor de la electricidad. “Eso permite que el ayuntamiento pueda rebajar a la mitad la mitad del recibo de la luz de los jubilados y de las personas en riesgo de exclusión, y que podamos aplicar reducciones a los pequeños negocios y a los vecinos en general”, explica el alcalde, Ricardo Laguna, que matiza que “hacemos un descuento en el consumo, no en la tarifa”. El municipio, ubicado en pleno valle de Tena y cercano a varias estaciones de esquí, tiene 750 habitantes y alberga 4.000 segundas residencias. El acuerdo permite que el consistorio tenga también una importante rebaja en la factura energética de los servicios municipales.

“Energías de Panticosa es una empresa pública comercializadora y distribuidora que lleva 50 años operando, siempre con la vocación de favorecer a los vecinos”, explica, en una de las zonas del Pirineo más afectadas por el peaje eléctrico: “en el término hay veinte pantanos, tres centrales y diez líneas eléctricas”.

El municipio, sin embargo, aspira a gestionar el salto en solitario. Por ese motivo, mantiene ante la Audiencia Nacional un pleito con el Estado en el que sostiene que la reversión de las instalaciones debería haberse producido a favor de los dos municipios. “La concesión, de 1920, señala que al caducar el permiso la central debería haber revertido a los propietarios del suelo en el que se encuentra, que en este caso es una mancomunidad de Panticosa y Hoz”, anota.

El consumo de 38.000 hogares

Por otro lado, Panticosa es uno de los municipios oscenses que se han sumado a las alegaciones que la Diputación de Huesca presentó contra el acuerdo por el que el Consejo de Ministros aprobó hace unos meses el Plan Hidrológico del Ebro. Mantienen que su actual redacción deja toda la capacidad para decidir la gestión de los saltos revertidos en manos de la Confederación, mientras que el anterior documento especificaba que la energía que produzcan debía ser destinada de manera prioritaria a actuaciones de reequilibrio territorial en las zonas que soportan el peaje eléctrico de embalses y centrales.

En Aragón están en trámite, además de los de Urdiceto y Barrosa, los expedientes de extinción de una concesión en Lafortunada y otra en Campo –ambos de Endesa y en el Pirineo-, y las de Rivera II y Pitarque, en el Maestrazgo, explicaron fuentes de la CHE. La producción anual de todas ellas supera los 115 millones de kilovatios, equivalente al consumo de 38.000 hogares; es decir, suficiente para atender el consumo doméstico de una provincia como Soria.

La iniciativa de las Cortes, que también insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de recurrir la concesión de saltos hidroeléctricos de más de 25 años de duración, se produce ante la próxima caducidad –prevista para este mes y el siguiente- de las concesiones por las que Acciona explota los saltos de Barrosa y de Urdiceto, en el Pirineo oscense, cuya “explotación directa” proponen asumir “a través de una empresa pública aragonesa o a través del instrumento que se considere más interesante que garantice la titularidad pública y la mejor gestión”.

La iniciativa de las Cortes también insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de recurrir la concesión de saltos hidroeléctricos de más de 25 años de duración

La resolución mandata también al Gobierno de Aragón, en este caso con el apoyo de todos los grupos, para que solicite al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y CHE “toda la información relativa a las condiciones de concesión y posteriores modificaciones de explotación de los saltos de agua y de las centrales hidroeléctricas”. La diputada socialista Leticia Soria señaló que el ejecutivo ya ha reclamado esos datos.

La pasividad del Gobierno central con las eléctricas

El posicionamiento de la comunidad aragonesa, y la actividad de la propia CHE, ponen en entredicho la posición del Magrama, que hace unos meses, y tras haberlo tenido durante año y medio en un cajón, dejó caducar el expediente de reversión de la central de Lafortunada, una planta del río Cinqueta con una potencia instalada de 40 megawatios que produce 90 gigawatios al año y que entró en servicio en 1920.

El ejecutivo autonómico ofrece una alternativa para asumir la gestión mientras el organismo de cuenca ha abierto un nuevo trámite para la reversión, en la que también están interesados los ayuntamientos de Tella y de Plan.

En ese periodo, el Magrama optó también por no pronunciarse sobre el valor de la denominada “energía reservada”, un peaje social del 25% de su producción que deben pagar las eléctricas, lo que en la práctica supone eximir a Endesa de cumplirlo.

“Recuperar la gestión pública de las centrales es una cuestión estratégica”, señaló el diputado de Podemos Román Sierra, que defendió la iniciativa y que anotó que, como consecuencia de los procesos de privatización, las compañías se hicieron con una serie de instalaciones “construidas con inversiones públicas” y cuya producción es “casi todo beneficio” para ellas. “Tenemos que trabajar por la restitución económica y social de esos territorios”, apuntó Soria, mientras Patricia Luquin, de IU, señalaba que “el máximo de 75 años de duración para una concesión excede la legitimidad aunque entre en la legalidad”.