Aragón acaba de añadir, de nuevo con calma y sin alharacas, otra pieza a la sosegada revolución social que la comunidad lleva cinco años desarrollando con leyes sobre pobreza energética, desahucios, vivienda, servicios sociales, personas LGTBIQ o igualdad de género: solo las empresas y entidades que cumplan con la legislación estatal y autonómica en esta última materia podrán acceder a ayudas y subvenciones autonómicas, en una medida pionera en España.

La iniciativa, propuesta por IU a través de una enmienda al articulado, ha sido incluida en los primeros presupuestos autonómicos del cuatripartito de Javier Lambán, cuya segunda disposición adicional, la que regula las “normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones”, establece que “para otorgar cualquier ayuda o subvención”, el órgano competente de la comunidad autónoma, normalmente la Consejería de Hacienda, “verificará que la entidad solicitante cumpla con los requisitos exigidos en la legislación en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

Este nuevo requisito para acceder al dinero público, que afecta tanto a las empresas como a las entidades sociales, culturales, deportivas o de cualquier otro tipo, y que al carecer de adjetivación abarca las ayudas para cualquier campo, desde la eficiencia energética hasta los conciertos educativos pasando por el apoyo a la cooperación, se une a los que ya se aplican en materia de residuos, impuestos, cotizaciones, normas laborales y, cuando su fin sea el mantenimiento del empleo, de transparencia con la plantilla.

La enmienda obliga al Gobierno de Aragón a comenzar a incluir como requisito en las bases reguladoras de las ayudas la obligación de que los solicitantes le informen sobre el cumplimiento de esas normativas, ya sea mediante una declaración responsable o con una auditoría externa.

“Herramientas para empujar hacia la igualdad”

“Antes de dar una subvención, la comunidad ha de tener un instrumento que permita verificar el cumplimiento de la normativa sobre igualdad del solicitante”, explica Álvaro Sanz, coordinador y diputado autonómico de IU y autor de la enmienda, cuyo objetivo es “trasladar a la legislación el objetivo de la ley y disponer de herramientas para empujar en el desarrollo de esas normas”.

Esas normas son, básicamente, tres: la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y el decreto 6/19 de marzo del año pasado en el ámbito estatal y, en el autonómico, la Ley de Igualdad de Oportunidades aprobada hace ahora año y medio por unanimidad en las Cortes de Aragón.

La primera establece la obligatoriedad de disponer de planes o protocolos sobre esa materia en las empresas de más de 250 trabajadores, mientras que el segundo la amplió a las de 50 con “la obligación de inscribir los mismos en el registro que se desarrollará reglamentariamente” en una fecha por determinar y con unos plazos escalonados de hasta tres años en función del tamaño de la plantilla (las de 150 a 250 tienen mes y medio).

La tercera por su parte, incluye un catálogo de medidas en enseñanza, empleo, sanidad, menores, participación social y conciliación y obliga a la comunidad a incluir cláusulas sociales igualitarias en sus licitaciones, caso de la reserva de plazas para víctimas de la violencia machista en las últimas oposiciones de maestros.

También cataloga como un “derecho y deber de corresponsabilidad” que hombres y mujeres compartan “adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia, con el objetivo de posibilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la distribución equitativa de su tiempo.

“Quedan muchos flecos por atar”

Otra cosa es que esas leyes, especialmente las estatales, se estén cumpliendo. Instituciones como el Congreso tardaron una década en poner en marcha su plan de igualdad, mientras el propio Gobierno admitía hace un par de años que desconocía cuántas empresas disponían de él.

“Quedan muchos flecos por atar para que esa normativa sea eficiente: la ley estatal no tiene un reglamento que la desarrolle y el decreto del año pasado, que no soluciona esas carencias, deja fuera un gran número de empresas”, explica Elena Blasco, secretaria confederal de Mujer e Igualdad de CCOO.

Efectivamente, 1,45 de los 1,48 millones de sociedades con trabajadores activas en el país, casi el 98%, tienen menos de medio centenar de empleados, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Y de las menos de 10.000 que superan los 250, solo 590 han registrado sus protocolos en el RegCon (Registro de Convenios Colectivos) del Ministerio de Trabajo, que no permite acceder a su contenido.

“El registro por separado del plan de igualdad solo es obligatorio cuando el convenio de la empresa así lo contempla”, anota Blasco, que destaca que "si no tenemos capacidad de ver el contenido, de comprobar si el diagnóstico y las medidas que contempla son realistas, de comprobar si se trata de algo negociado o impuesto y de intervenir es complicado medir la efectividad que puede tener ese protocolo”.

En cualquier caso, la sindicalista considera “positivo” el requisito de cumplir esa legislación para acceder al dinero público que imponen los presupuestos aragoneses. “La intención es buena, pero debería articularse de forma que se asegure su materialización”, señala. “Cumplir la ley es una obligación, y el objetivo de esa medida es incentivar a las empresas para aplicar los planes de igualdad”, añade.