El buzón de Paco Contreras sigue vacío. El secretario general de Podemos Motril lleva varios días esperando que la Subdelegación del Gobierno en Granada y el ente público Puertos del Estado le informen sobre las razones de la escala del barco saudí Bahri Hofuf en el puerto de esa ciudad. Lo preguntó antes de la llegada del buque, registrada en torno a las seis de la mañana del martes. Las horas pasaron, el barco se marchó y Contreras se quedó sin ningún tipo de respuesta.

“No hemos recibido absolutamente nada”, confirma el responsable local de Podemos por teléfono. De nada han valido sus gestiones ante la Autoridad Portuaria de Motril para tratar de obtener algún dato sobre la visita del Bahri Hofuf, un barco que habitualmente participa en el traslado de armamento hacia Arabia Saudí.

En noviembre pasado, la cadena norteamericana CNN reveló que ese mismo buque había atracado en Yemen para descargar material bélico. Para entonces, los ataques saudíes contra la población civil de ese país acumulaban, según estimaciones de la ONU, más de 200.000 muertos. Unos 100.000 eran niños menores de cinco años.

Silencio administrativo. Opacidad oficial. Da igual cuándo llegue el buque o en qué puerto atraque: cada vez que un barco de la naviera pública saudí Bahri visita España, surgen interrogantes que el Gobierno de turno evita responder con claridad. Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace, advierte que ese hermetismo hunde sus bases en una norma de la dictadura: “Es una cuestión completamente opaca porque está protegida por la Ley de Secretos Oficiales del franquismo”, apunta la jurista.

El texto en cuestión data de 1968. Allí se establece, entre otras cosas, que es el Consejo de Ministros el que debe decidir qué materias son clasificadas. “El secreto de Estado está protegido frente a cualquier petición de información, incluso de la propia justicia”, señala Ruiz-Huerta.

El siguiente paso lo dio el Gobierno de Felipe González en 1987. El 12 de marzo de aquel año, el Consejo de Ministros del Ejecutivo socialista acordó clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), encargada precisamente de otorgar las licencias para la exportación de armamento. Lo hizo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura.

Pendientes del Congreso

“La venta de armas es una cuestión completamente opaca porque está protegida por una ley de secretos oficiales franquista que establece que el contenido de estas actas y los expedientes de licencia son objeto de materia reservada porque afectan a la seguridad del Estado y, por tanto, no se puede conocer su contenido por parte de ninguno de los contrapesos de control democrático”, subraya la abogada.

En 2016, el PNV presentó en el Congreso una Proposición de Ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales. Aquella iniciativa fue bloqueada durante meses por la Mesa del Congreso, algo que el portavoz nacionalista en Madrid, Aitor Esteban, llegó a denunciar ante Mariano Rajoy. Posteriormente se activó la fase de enmiendas, pero nunca llegó a votarse. “Con el comienzo de esa nueva legislatura volvimos a presentarla, por lo que está registrada y pendiente de debate”, afirmaron fuentes nacionalistas.

Armas de guerra

Mientras tanto, continúa el silencio y la opacidad en torno a la venta de armas. Sara del Río, responsable de la campaña de Desarme de Greenpeace –organización que forma parte de Armas Bajo Control junto a Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y FundiPau– relata precisamente las dificultades mayúsculas que enfrentan a la hora de intentar reunir algún tipo de información sobre la carga de los buques de la dictadura árabe.

En el caso de Motril, Greenpeace realizó un seguimiento del material enviado en visitas anteriores. “Conseguimos localizar a través de Aduanas que eran unos envíos de armas de guerra, accesorios para armas de guerra y munición de artillería”, describe. Según consta en un documento de Greenpeace, “en total, se han enviado a Arabia Saudí armas de guerra, partes y accesorios por un valor superior a los 22,8 millones de euros y munición para estas armas por un valor de casi 12 millones de euros”.

Preguntas de Adelante Granada

En ese contexto, Alejandra Durán, diputada provincial de Adelante Granada, anunció que pedirá una reunión con la Autoridad Portuaria y la Subdelegación de Gobierno para “saber realmente qué tipo de material y de carga está llegando a nuestros puertos”. En cualquier caso, existen altas probabilidades de que vuelva a chocar con el muro de silencio. Un muro sostenido por una ley de la dictadura.