Después de acelerarse las últimas semanas las negociaciones para tirar adelante, los presupuestos de la Generalitat de 2024 podrían encarar la recta final. De hecho, fuentes del Govern confirman a Público la voluntad de llevarlos al Consell Executiu de la semana próxima o, a lo sumo, de la siguiente. Una acción que se tomará al haber ligado previamente un acuerdo para validarlos en el Parlament a continuación o, como mínimo, por la confianza que el entendimiento será inminente.

Si no hay una sorpresa, las cuentas se podrían materializar gracias al apoyo de PSC y Comuns, los mismos socios que el Govern de ERC tuvo el año pasado. La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha proclamado que confía que el acuerdo presupuestario será una realidad "en días o semanas".

Los últimos días se han movido varias fichas que auguran un final exitoso a la negociación presupuestaria. De entrada, este mismo martes han podido tramitarse las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona, que se votarán definitivamente en marzo. El paso se ha dado el día siguiente que ERC y el PSC del alcalde Jaume Collboni sellaran un acuerdo de presupuestos, que probablemente será la antesala de una futura entrada de los republicanos en el gobierno de la ciudad.

A pesar de que las diversas partes insisten en que no habrá "intercambio de cromos" en las negociaciones de las diferentes administraciones, a nadie se le escapa que el gesto de los republicanos allana el camino de un "sí" del PSC a los presupuestos del Govern, más teniendo en cuenta que, paralelamente, el PSOE necesita también el apoyo de los republicanos si quiere aprobar las cuentas estatales.

De hecho, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha elogiado a ERC por "hacer una cosa inteligente, que es política útil". En una entrevista de este mismo martes en La 2, Illa ha reconocido que le "costaría mucho" no votar los presupuestos de la Generalitat y ha admitido que las conversaciones se han intensificado los últimos días.

Más allá de los avances con el PSC, ERC también ha conseguido acercar posiciones con los Comuns, con quienes ya trabajan a fondo sobre las cuentas de este año después de que la semana pasada cerraran un calendario para ejecutar los compromisos pendientes de los presupuestos de 2023. Y es que entre Esquerra y PSC suman 66 diputados en el Parlament, por debajo de la mayoría absoluta de 68, de manera que el "sí" o la abstención de En Comú Podem es necesario para que se puedan aprobar.

El partido de Jéssica Albiach mantiene como línea roja que no se dedique ni un euro público a materializar el macrocomplejo de ocio y del juego Hard Rock, justamente una cuestión que el PSC quiere que se desencalle para dar su "sí". Encontrar algún tipo de salida a este choque de intereses es el reto más inminente que tiene el ejecutivo de Pere Aragonès.

Los contactos con PSC y Comuns han sido constantes las últimas semanas, pero el Govern también ha mantenido algunos encuentros sobre los presupuestos con Junts y la CUP, a pesar de que prácticamente se puede descartar que puedan salir adelante con su apoyo. En el caso de Junts, las principales diferencias con ERC se centran en la fiscalidad, puesto que los junteros pretenden una bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones a los familiares de primer y segundo grado, propuesta que los republicanos rehúsan. Hasta noviembre, este tributo aportó unos ingresos de casi 900 millones a la Generalitat durante 2023, según los últimos datos disponibles.

La eterna tramitación del Hard Rock

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, la portavoz, Patrícia Plaja, ha manifestado que el Govern no contempla que el proyecto del Hard Rock sea ningún "escollo" para aprobar las cuentas y, de hecho, ha añadido que "no habría ningún motivo" para que no se pudiera "repetir la operación" del año pasado de pactar y tirar adelante los presupuestos.

El acuerdo de 2023 entre PSC y el Govern estuvo marcado por tres grandes temas: la modernización del aeropuerto del Prat para ampliar su capacidad, la aprobación definitiva del plan urbanístico para desarrollar el Hard Rock y la firma del convenio con el Gobierno para ejecutar las obras de la autopista B-40 o Ronda Nord para conectar Sabadell y Terrassa, las obras de la cual tendría que hacer la Generalitat con fondos estatales.

Justamente la semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció el inicio de la tramitación del convenio para construir la B-40 entre Terrassa y Sabadell, mientras que en enero los gobiernos catalán y estatal pusieron en marcha la comisión de estudio sobre el futuro del aeropuerto. Por lo tanto, de los tres grandes compromisos solo restaría por cumplir el del Hard Rock.

En este caso, la tramitación del plan urbanístico se mantiene en stand by, después de varios reveses judiciales  y de informes contrarios sobre su impacto del mismo Departamento de Acción Climática. Por lo tanto, se está a la espera que se modifique como paso imprescindible para la aprobación del plan urbanístico, que tiene que validar el Departament de Territori.

El presidente Aragonès insistió recientemente que el Hard Rock no sería una realidad en los "próximos meses" y que, en cualquier caso, el proyecto se tendría que adaptar a la nueva realidad climática, marcada por la sequía extrema que sufre Catalunya . De hecho, ha pasado más de una década desde que se presentó el proyecto y sigue sin materializarse. Palabras que buscan esquivar el veto de En Comú Podem a los presupuestos y que resta por ver si, a la vez, también convencerán al PSC. Las demandas socialistas para este 2024 tienen menor magnitud y, según ha avanzado Illa, se centran en vivienda, seguridad y educación y no tendría que ser complicado que haya un entendimiento rápido.

¿Qué sabemos de las cuentas?

A la espera que pase por el Consell Executiu, del proyecto de presupuestos solo han transcendido algunas cuestiones, como por ejemplo que tendrá un techo de gasto de 36.700 millones, lo que supone casi un 10% más que el del año pasado, y será "expansivo", en palabras de la consellera Mas.

Además, a través de la Ley de acompañamiento se contemplan algunos retoques fiscales, como por ejemplo una rebaja del tramo autonómico del IRPF para buena parte de los contribuyentes o un incremento de las deducciones al alquiler de la vivienda habitual.

En concreto, la reducción del IRPF afecta al primer tramo de tributación, que pasará del 10,5% al 9,5% a nivel autonómico y beneficiará las personas que tengan una base liquidable de unos 33.000 euros, el 73% del total -unos 2,5 millones de contribuyentes-, según datos del Govern. En cuanto al alquiler, se lo podrán deducir los ciudadanos con rentas de hasta 30.000 euros, en vez de los 20.000 actuales, mientras que el importe de la bonificación fiscal pasará de los 300 a los 500 euros anuales.

Si se aprueban, también saldrá adelante un incremento del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) , que llegaría a los 640 euros mensuales, un 4% más. El indicador es el baremo que da acceso a las prestaciones sociales -marca si una persona puede tener acceso o no a ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía u otras relacionadas con vivienda, alimentación o suministros-.